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28 Abr 2012

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, Cataluña y la delegada del gobierno español

Escrito por  Jaume Saura
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El pasado 17 de abril de 2012, el director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, a instancias de la Delegada del Gobierno en Cataluña, impidió al Síndic de Greuges (ombudsman) de Catalunya la entrada en esta instalación.

El pasado 17 de abril de 2012, el director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, a instancias de la Delegada del Gobierno en Cataluña, impidió al Síndic de Greuges (ombudsman) de Catalunya la entrada en esta instalación. Los argumentos legalistas y competenciales utilizados esconden una clara vocación de mantener la opacidad en una institución, la de los CIEs, que se ha revelado como una de las más atentatorias contra los derechos humanos fundamentales del Reino de España. Vamos a poner en contexto este incidente y lo que representa en un país que presume de modélico en el respeto de los derechos humanos.

El Reino de España cuenta con nueve Centros de Internamientos de Extranjeros, que acogen en un momento dado a cerca de 3.000 personas. Entre 15 y 20.000 personas pueden pasar por esos Centros a lo largo de un año. Se trata de instalaciones en las que se priva de libertad a ciudadanos extranjeros que han entrado en el país de manera irregular, a la espera de poder ejecutar una orden de expulsión contra ellos. A pesar de que la infracción cometida por estas personas es meramente administrativa, se les priva de un derecho fundamental, cual es la libertad individual, por un período máximo de 60 días. Ciertamente, un período muy inferior al máximo que permite la infame Directiva de la Vergüenza europea (de hasta 18 meses), pero en cualquier caso una medida no solo desproporcionada y abusiva, sino a menudo ineficaz, pues la órdenes de expulsión son con frecuencia irrealizables. Pues bien, más allá de lo inicuo de una medida de privación de libertad frente a una falta administrativa, resulta que las condiciones de detención y privación de libertad en que se encuentran estas personas son, según informan los propios internos y aquellos pocos que han podido entrar en los Centros, deplorables y rayanas en los malos tratos y la tortura. Instalaciones decrépitas, acceso muy restringido a servicios médicos, ausencia de asistencia letrada o de entidades sociales, privación de todo tipo de derechos y no únicamente de la libertad ambulatoria, falta de competencia de la autoridad judicial al modo de los jueces de vigilancia penitenciaria, personal poco formado, nula consideración al hecho de que muchos internos no conocen la lengua española, etc. Sin duda, condiciones de vida y restricción de derechos notablemente más rigurosas que la de los centros penitenciarios al uso en el Reino de España.

Es en este contexto que juega la labor del Síndic de Greuges de Catalunya como Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura. El Reino de España es parte en el Protocolo para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y, como tal, tiene la obligación de crear o designar uno o más "mecanismos nacionales de prevención de la tortura", que estarán vinculados al Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU. La designación del Defensor del Pueblo como mecanismo a escala española, sin tener mínimamente en consideración las recomendaciones de la ONU en términos de colegialidad, diversidad de perfiles, participación de la sociedad civil, etc. no fue óbice para que el Parlamento de Cataluña, a través de la Ley del Síndic de Greuges, creara su propia Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura que, si bien pivota en el propio Síndic, es bastante más plural pues cuenta con un Consejo Asesor de 12 miembros independientes y con un Equipo de Trabajo que en la actualidad está compuesto por dos miembros provenientes de la institución del Síndic y tres elegidos por el Consejo Asesor. Este Equipo de Trabajo de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura viene realizando visitas a centros penitenciarios, comisarías de policía autonómica y local y otros lugares donde se hallan personas privadas de libertad desde hace un año y medio. Y aunque ha sido crítico con las autoridades responsables de estos centros, siempre ha encontrado las puertas abiertas para realizar sus inspecciones, que por cierto se producen sistemáticamente sin previo aviso.

Esta actitud colaborativa de las autoridades públicas se ha roto en el caso del Centro de Internamiento de Extranjeros, no en vano se trata de una instalación dependiente del Gobierno Central, no del autonómico. El anterior Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recurrió al Tribunal Constitucional los apartados de la Ley del Síndic que le otorgan la calidad de Autoridad de Prevención de la Tortura y le da competencia para inspeccionar cualquier centro público establecido en Cataluña. Mientras el Constitucional no falle, y aún no lo ha hecho, la Ley está plenamente vigente y debe ser acatada. Pero ni el Gobierno anterior ni el actual, ni el Defensor del Pueblo anterior ni la actual, están por la labor. Según fuentes bien informadas del tenor del breve encuentro entre el Equipo de Trabajo de la Autoridad para la Prevención de la Tortura y la dirección del CIE de Barcelona, la Defensora del Pueblo en persona, la Sra. Maria Luisa Cava de Llano, habría indicado a esa dirección y a cuanta autoridad pública con competencia para decidir se le haya puesto al teléfono (la Delegada del Gobierno en Cataluña, el Ministro del Interior), que prohibiera la entrada al Síndic y a su Equipo. Pobre actitud para la más Alta Autoridad española encargada de la promoción de los derechos humanos, que en cambio no tuvo ningún inconveniente en permitir la entrada al CIE, pocas horas después, al Cardenal Arzobispo de Barcelona, Luís Martínez Sistach. Ignoro si tan alta dignidad eclesiástica se preocupó de las condiciones materiales de vida de los internos o solo de su salvación espiritual, pero parece impropio de un estado democrático y de derecho, declaradamente no confesional, que la vigilancia de los centros de detención se confíe antes a la Iglesia que a autoridades expertas e independientes elegidas por un Parlamento democrático.

Jaume Saura Estapà es presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya y profesor de Derecho Internacional Público (Universidad de Barcelona).

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4894

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