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Crónica Popular
“Una banca pública es la mejor manera de acabar con el estrangulamiento del crédito, que no fluye, y que éste llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias”. La creación de una banca pública constituye uno de los tres ejes fundamentales en los que se basa la iniciativa parlamentaria que IU presentará en los próximos días en el Congreso de los Diputados como una proposición no de ley para abordar la reestructuración del sistema financiero, aún no encarada por el Gobierno del PP, según ha informado el lunes 30 de enero el coordinador federal de la coalición, Cayo Lara, y el secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio.
IU reafirma su posición planteada ya en la pasada legislatura de crear una banca pública a partir de la nacionalización de las cajas de ahorros, algo de muy distinta naturaleza a la clonación de las cajas en banca privada, tal como puso en marcha el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con el apoyo entusiasta del PP. Tal propuesta había sido diseñado por la organización ATTAC y en su día fue hecha suya por IU y presentada en el Congreso de los Diputados por el entonces único diputado de esta formación, Gaspar Llamazares.
Junto a este punto, forman parte también de la iniciativa legislativa que presentará IU otros dos ejes básicos: la reconversión de las diferentes subvenciones y exenciones públicas a las empresas a través de la Seguridad Social en una partida para financiar los intereses de préstamos destinados a la creación de empleo y la transformación tecnológica para la mejora medioambiental y la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras, igual que ya han reclamado otros países.
Según García Rubio, hasta ahora, el Estado ha destinado un total de 141.000 millones de euros en ayudas a la banca privada, a través de ayudas directas o avales. Por eso señaló que, aunque esa cantidad debe ser devuelta al Tesoro Público: “Si este dinero se hubiera dedicado a estimular la economía real habría dado unos resultados espectaculares en cuanto a creación de empleo”.
En la proposición no de ley de IU se establece que el proceso de nacionalización de las cajas de ahorros y su conversión en banca pública deberá cumplir, a su juicio, los siguientes requisitos:
- “Ser una entidad mutualizada, es decir, que con los recursos de cada caja se financiarían los posibles dificultades que pudieran tener otras”.
- “Tener un carácter territorial, es decir, deberá mantener su vinculación a los objetivos autonómicos de desarrollo”.
- “Estar bajo control democrático”.
- “Tener un control eficiente desde el punto de vista técnico por parte del ICO y del Banco de España”.
En definitiva, para IU “será un sistema del que se excluyan las operaciones especulativas, entre ellas y ni desde ni hacia los paraísos fiscales. Tampoco se utilizarán productos derivados más allá de los más elementales que puedan ayudar a su actividad normal. Será una banca desvinculada de la banca de inversión, es decir, una banca comercial centrada en los negocios de proximidad, en el apoyo a las PYME y a las familias”.
En relación al “control democrático”, Cayo Lara y García Rubio resaltaron que “el problema que ha habido con las cajas de ahorros no fue tanto de falta de control por los representantes políticos de las comunidades, sino que ese control ha sido esencialmente bipartidista y ha permitido generar la serie de problemas de corrupción y de mala utilización de los fondos que hemos visto”.
El segundo eje de la proposición no de ley supone “eliminar las subvenciones que se hacen a las cotizaciones patronales a la Seguridad Social para la creación de empleo”, pues tal como señaló García Rubio “no ha dado ningún resultado”. Como alternativa, IU propone que, con ese dinero, se subvencionen los intereses de los créditos que las instituciones bancarias concedan a las empresas, siempre y cuando se destinen a la creación de empleo o a la transformación tecnológica que permita un mejor uso de los recursos medioambientales; es decir, un desarrollo basado en la sostenibilidad medioambiental”.
Según recordaron ambos dirigentes: “Las ayudas dadas hasta ahora, y que han fracasado, tienen un volumen, según los datos que tenemos, de unos 5.000 millones de euros. Esos 5.000 millones en subvenciones darían la posibilidad de llegar a 30.000 o 40.000 millones de euros en créditos y eso puede generar muchos puestos de trabajo. Esto abre una puerta, tanto en el crédito como en la inversión productiva”.
Por último, la propuesta incluye el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras que solamente dejaría de imponerse a algunas operaciones como el pago de las nóminas a los trabajadores o el pago de servicios fundamentales como el agua ola luz. “Es un impuesto muy pequeño para quien hace una transacción en un cajero, pero muy importante para las operaciones especulativas”, concluyó José Antonio García Rubio.