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Diversos miembros del colectivo que trabajó altruistamente en el proyecto de Valcárcel Recuperado no solo han sufrido agresiones físicas injustificadas por parte de la policía nacional, sino que ahora son perseguidos y denunciados por la citada policía que, claramente, se sobrepasó en su carga en la universidad.

Días después del desalojo del edificio Valcarcel, algunas personas acudieron ante un evento cultural, organizado por el Consorcio del Bicentenario de la Constitución de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz, y celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad. Los activistas interrumpieron el acto, leyeron un manifiesto y se retiraron. Ante esto, los conferenciantes no se inmutaron y, desde luego, no mostraron alarma o señal de peligro alguno. Hasta aquí nada nuevo, son hechos que vemos continuamente en nuestra convivencia democrática y llevados a la práctica por colectivos sociales, de parados, de huelguistas,. Nuestra libertad de expresión y el derecho de manifestación han convertido estos actos en cotidianos.

Lo inaudito es que cuando los activistas se retiraban, apareció la policía nacional con actitudes violentas y actuando en un recinto al que no se le había llamado. Violaron el derecho a la autonomía universitaria que atribuye en la universidad la máxima autoridad al Rector. La policía, en un acto ignorante e ilegal, entró en la universidad con una carga contra personas que no cometían ilegalidad alguna. No se puede confundir a un activista con un violento y en aquel acto los únicos violentos fueron los policías.

Si esta acción se hubiese producido en la universidad Complutense de Madrid o en la Autónoma de Barcelona, habría aparecido en las primeras páginas de los medios de comunicación. Pero en Cádiz no pasó nada. Solo que los responsables policiales, sabedores de su imperdonable error, han decidido seguir atacando antes de ser denostados, por lo que siguen acosando y denunciando a personas relacionadas con Valcárcel Recuperado. La justificación de que se puso en peligro a un juez de la Audiencia Nacional que era uno de los conferenciantes, es claramente un invento y una chapuza indefendible cogida al vuelo. 

Ecologistas en Acción quiere manifestar su total oposición a las distintas actuaciones policiales arbitrarias(agresión injustificada, allanamiento de morada universitaria, ignorancia de la autonomía universitaria, acoso a ciudadanos activistas no violentos…), pide que se deje de perseguir a ciudadanos injustificadamente y que se penalice su actuación contraria al estatus universitario y a la libertad de expresión y, en definitiva, pide la dimisión de su responsable que no es otro que el subdelegado del gobierno central en Cádiz.