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14 Mar 2012

Gallardón indulta a un cargo corrupto de CiU y a un empresario mientras endurece el código penal

Escrito por  Kaos. Estado español
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El 'número dos' del Departamento de Trabajo con Jordi Pujol fue condenado a cuatro años y medio. La Generalitat pagó 46.158 euros a una empresa por informes inútiles y copiados. Uno de los beneficiarios fue condenado por hechos similares en el Consorcio de Turismo.

Alberto Mendoza/Prensa

El compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir la mala gestión de los recursos públicos, así como la determinación de Alberto Ruiz-Gallardón para endurecer el código penal, chocaron ayer con los indultos concedidos a un exalto cargo de CiU, condenado por corrupción, y a su cómplice, también vinculado a la coalición. Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de UDC, fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos, pero el Ejecutivo decidió el pasado viernes conmutar las penas de prisión por una multa.   Los indultos aparecieron ayer en el BOE con la correspondiente firma del ministro de Justicia, desatando críticas por lo poco ejemplar de la decisión e, incluso, relacionándola con el reciente apoyo de CiU a la reforma laboral. Y es que, como recuerda la disposición del Gobierno, Servitje fue “autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta”. Por los mismos delitos, Lorenzo Acuña fue castigado con años y tres meses de prisión, y cuatro años de inhabilitación.   Los hechos se remontan a 1994, cuando, según la Audiencia de Barcelona, el exsecretario general de Trabajo desvió 46.157 euros de fondos públicos para subvencionar ocho informes sin interés elaborados con plagios y copias de otros documentos. Las beneficiarias de ese dinero fueron dos empresas de Lorenzo Acuña, quien entonces era concuñado del portavoz adjunto de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Ahora, sus penas han sido conmutadas por sendas multas de 3.650 euros.   Los partidos políticos catalanes, salvo PP y CiU, han rechazado el indulto y han cargado contra los últimos acuerdos entre estas dos formaciones. Desde el PSC se tachó de mala noticia, mientras que los portavoces de ICV y ERV fueron más allá, preguntándose “qué ha habido a cambio” de esta decisión, y apuntando a la “oscuridad” del pacto popular-convergente. “Parece que la letra pequeña del pacto llevaba indultar a los políticos corruptos de CiU, es un escándalo”, remachó Albert Rivera, líder de Ciudadanos.   Pero, al margen de estas interpretaciones políticas, lo cierto es que el indulto contradice el cambio en el código penal que prepara el Gobierno para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión pública. “La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quién paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta”, advirtió en enero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que encabeza las reformas de transparencia y regeneración prometidas por el Ejecutivo.   Además, la generosidad de Gallardón al indultar a dos condenados por corrupción contrasta con su mano dura a la hora de endurecer el código penal. Entre los planes del ministro de Justicia está la introducción de la “cadena permanente revisable” para ciertos delitos, la modificación de la ley del menor o la prioridad para los casos de reincidencia. Es decir, que los robos inferiores a 400 euros puedan ser considerados delitos, en lugar de faltas como hasta ahora. Mano dura de la que se han librado Servitje y Lorenzo Acuña, al igual que Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, obtuvo un controvertido indulto del Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero.   Más información:   Peré Ríos/Prensa

El Gobierno del PP ha indultado a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario, ambos militantes de Unió Democràtica, que habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. En 2009 la Audiencia de Barcelona impuso cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, y dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

El Gobierno ha reducido ahora esas penas a sendas multas de 3.650 euros, una decisión sin precedentes por lo elevado de las penas impuestas. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la medida de gracia.

El caso también sentó en el banquillo al consejero de Trabajo de la Generalitat entre 1988 y 1999, el democristiano Ignasi Farreras, aunque fue absuelto. Lorenzo Acuña, familiar del diputado en el Congreso y dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre, ya había sido condenado años atrás a 13 meses de cárcel por un caso similar en el Consorcio de Turismo de Cataluña, dependiente de la Generalitat

El fiscal y el tribunal sentenciador informaron en contra del indulto

Los hechos se remontan a 1994 y 1995, cuando Trabajo encargó ocho estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad ni interés. Eran burdas copias de publicaciones de hacía años y, según la sentencia, ni tenían autor ni bibliografía. Por ellos la Generalitat pagó 7,6 millones de pesetas (46.158 euros). Las empresas beneficiarias fueron Gestumer, SL, y Socesca, SL, administradas por Lorenzo Acuña. El tribunal declaró probado que fue el número dos de Trabajo el que se puso de acuerdo con Acuña para encargarle los trabajos y para que “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada".

Según la sospecha más extendida, el dinero malversado por los trabajos sirvió para financiar a Unió, lo mismo que ocurrió con el desvío de fondos del Consorcio de Turismo de Cataluña por el que también fue condenado Acuña. El propio tribunal sentenciador señala que la relación personal de Servitje con Acuña “tiene su explicación por la común militancia” en Unió. Servitje fue miembro del comité de gobierno y consejero nacional de ese partido, y Acuña fue también secretario general, tesorero y apoderado de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de elevadas subvenciones de dinero público, según recuerdan los jueces.

En el fallo se exponía que fue el propio consejero Ignasi Farreras el que dictó las cinco “resoluciones prevaricadoras” por las que se encargaron los estudios y añade que “puede parecer extraño” que no se le condene. Si fue absuelto, dice el tribunal, es porque no encontraron prueba directa ni indiciaria de que “tuviera perfecto conocimiento de la injusticia y la arbitrariedad de las resoluciones”.

Unió considera legal la medida e ICV dice que es un escándalo

El expediente de tramitación del indulto incluye la petición de un informe al tribunal sentenciador y a la fiscalía. Tanto la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que entonces presidía el magistrado Josep Maria Pijoan, como el fiscal Fernando Rodríguez Rey informaron en contra, pero el Gobierno no lo ha tenido en cuenta.

El indulto causó un enorme enojo en todos los partidos catalanes salvo CiU y el PP, ambos actores, directa o indirectamente, del caso. La socialista Laia Bonet fue la más moderada, al señalar que determinadas decisiones no acercan precisamente la ciudadanía a los políticos en un momento de desafección. La reacción de los otros grupos de izquierda fue mucho más enérgica. Dolors Camats, la portavoz ecosocialista, tachó de “escandaloso” que la lacra de la corrupción quede impune y calificó de “indigna” la constatación que la justicia no es igual para todos. “El indulto demuestra la profundidad y la oscuridad del pacto entre CiU y el PP. No se puede entender de otra forma”, señaló Camats. Anna Simó, de Esquerra, calificó de “indignante” y “lamentable” indultar a unos “delincuentes” que han malversado recursos de “forma reiterada”. “¿Qué ha habido a cambio de esto¿, ¿qué es lo que ha tenido que dar este partido al Gobierno?”, se preguntó en el Parlament. Albert Rivera, de Ciutadans, añadió a lo dicho que el perdón es un “ejemplo” de la letra pequeña de los acuerdos entre CiU y el PP. “Es una vergüenza”, concluyó.

Frente a estas tesis, Jordi Turull, portavoz de CiU en la Cámara, argumentó que el indulto no se tramita en “dos días” y opinó que debe de estar “perfectamente motivado y argumentado”. “Respetémoslo”, agregó. El popular Enric Millo defendió que los indultos no se valoran al alegar que los toma el Gobierno en aplicación de la legalidad vigente. “Hace 15 días días también indultaron a cinco mossos”, recordó.

Políticos y policías

El mismo BOE que publicó ayer el indulto de Josep Maria Servitje y Lorenzo Acuña recoge también el indulto para agentes de los Mossos d’Esquadracondenados por torturas. El pasado mes de septiembre, el Gobierno del PSOE también indultó a otros tres mossos condenados por apalear a un ciudadano. En casi todos los casos se trataba de penas llamadas de cumplimiento. Es decir, superiores a los dos años de cárcel y que, por tanto, tendrían que haber concluido con el ingreso en la cárcel de los afectados, de no haber sido por el indulto.

Por eso, diversas fuentes judiciales coincidieron ayer en mostrar su sorpresa y estupor, no solo por el indulto a Servitje y Acuña, sino porque las penas de cárcel que tenían (cuatro años y medio en un caso y dos años y tres meses en otro) hayan acabado reducidas a una simple multa. En lo que respecta a Acuña, debería haber entrado en prisión al tener antecedentes penales por el caso Turismo.

“El indulto parece estar reservado a policías y políticos, pero lo más preocupante es que la ley que lo regula no la cuestiona ni el PP ni el PSOE”, se lamentaba ayer un magistrado de la Audiencia de Barcelona que formó parte de uno de los tribunales que impusieron esas condenas que ahora han quedado diluidas. En el caso de los mossos, por lo menos, el indulto rebajó la pena a dos años de cárcel en la mayoría de los casos, lo que les llevaría a la cárcel si vuelven a delinquir. Pero en el caso de Servitje ni Acuña, ni siquiera eso.

Comments  

+5 #1 Rojo Negro 2012-03-15 11:46
Y se supone que, pensemos que el apoyo de CiU A EL PP son una adorable coincidencia. Mientras esto sucede, al pueblo le aprietan las bisagras para que las condiciones de vida sean paupérrimas. Y después dirán que, esto no es violencia.

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