Las instituciones dominicanas y sus gobiernos han sido tomadas por la delincuencia. El crimen, el robo, el narcotráfico, la corrupción de todos los colores…han carcomido los poderes permanentes y renovables del Estado hasta lo inimaginable.
Recuerdo cuando en 1999 escribí el capítulo del libro “Rearmando La Utopía” titulado “Estado Delincuente e Impunidad: El Caso Dominicano”. 
Entonces esbocé en los siguientes términos el proceso de gansterización del poder estatal, empresarial y político del país:
“La tríada Estado delincuente / empresarios delincuentes / políticos delincuentes se apoya recíprocamente para garantizar en común la impunidad que los protege y recicla. La corrupción se chorrea hacia sectores intermedios y de base de esas instituciones, pero ciertamente no logra contaminar muchas partes subordinadas que actúa con pasividad dentro de un creciente disgusto.” 
“Así crece la velocidad de acumulación de los viejos ricos, se forman los nuevos ricos, se multiplican las fortunas de unos y otros, cooptan las cúpulas y las estructuras de los partidos del sistema, se distribuyen áreas de poder y fuentes estatales de generación de recursos, se asocian a los consorcios transnacionales y comparten con ellos los métodos delincuenciales de acumulación y enriquecimiento, mercantilizan la política, esquilman al Estado, se roban partes del patrimonio social de la nación y se reparten el botín público a través de las privatizaciones encubiertas y abiertas. Este último aspecto ahora entra en fase totalitaria con la aplicación de la llamada Ley de Reforma a la Propiedad Pública, reñida incluso con la Constitución actual.” 
“Y todo esto se ve potenciado por la irrupción del tráfico de drogas y la conformación de narco-poderes en la esfera pública y privada, vía cobro de peajes, ventas ilegales en el país y en el exterior, reparto de bienes confiscados, sobornos, chantaje,tumbes , protección estatal y represión discriminada para acaparar parte de esas fortunas malhabidas.” 
“Por ese camino, la Policía Nacional ha devenido en la institución más corrompida y más asociada a la delincuencia, y hasta la propia Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha resultado un formidable mecanismo de enriquecimiento de su personal y de clanes políticos hegemónicos, como también en garantía de impunidad pagada y en fuente permanente de crímenes y abusos con fines de extorsión.”( págs. 116 y 117, primera edición, Editora Tropical, Santo Domingo)
Recuerdo también los contenido de los libros “Confesiones Amordazadas” y “Más Confesiones Amordazadas”, donde fueron develados altos niveles de asociación narco-delincuencial entre carteles, dirigentes políticos, empresarios, jefes policiales, jefes de la DNCD; conformación escuadrones de la muerte, e incluso asesinatos de oficiales del ejército que se atrevieron a desafiar a los jefes corrompidos…
Aquello vientos impunes trajeron estas tempestades protegidas, alimentadas por los vínculos de colaboración del gobierno con el régimen narco-paramilitar y terrorista de Álvaro Uribe Vélez y con la oligarquía colombiana; con exportadores de dinero sucio a este país, sicarios de la droga, empresas asociadas al crimen organizado, falsos programas de “seguridad democrática” y agentes de la CIA y la MOSSAD conectados con las mafias.
Todo esto explica el gran brote pus en Baní, exhibiendo a la vez jefes policiales, agentes antinarcóticos, ministro de interior y policía, procurador de la república, fiscales, jueces, políticos…incorporados a las asociaciones de malhechores o “inhibidos”, indiferentes y tolerantes frente a los pocos atrevidos que denunciaron en múltiples ocasiones las fechorías que concluyeron en las seis muertes producto del choque feroz entre bandasque incluyen colombianos, nicaragüenses, dominicanos y funcionarios civiles y militares.
Pero no se trata solo de Baní.
Es también San Cristóbal, Azua, Barahona, Bonao, Nagua, San Francisco de Macorís, Santiago, Navarrete, La Romana, Higuey, Bávaro, Las Terrenas…y paro de mencionar.
Es el país, son sus instituciones todas.
Es su clase gobernante-dominante con las consabidas excepciones y áreas moderadas.
Pregúntese hasta donde penetró el capo Quirino (extraditado a EEUU), hasta donde están metidos los capos del cartel del Valle del Norte de Colombia y de otros carteles en este país y en sus instituciones encargadas de combatir la delincuencia cuyos jefes se enriquecen asociándose a ella.
No se salvan las sedes palaciegas del gobierno ysus partidos, los cuerpos encargados de combatir el crimen, la corte presidencial, los órganos de inteligencia, las cúpulas moradas, coloradas y blancas. El cáncer se expandió a todo el cuerpo institucional y a todas las ramas del poder.
Este Estado dominicano se pudrió de mala manera.
Y lo que se pudre debe ser eliminado y reemplazado.
Desde él, desde la clase y la partidocracia que lo regentean no hay remedios a estos males mayores. Todas las comisiones que surgen de su seno habrán de ocultar lo peor y proteger a sus grandes beneficiarios. Así acaba de pasar con la que nombró Leonel para investigar la masacre en Baní.
Al pueblo pobre, a los sectores, a la parte del empresariado no corrompida, a los políticos honestos, a los intelectuales serios, a los(as) revolucionarios(as) les toca ponerle fin a esta era de poder gansterizado, arrasar con él y crear nuevas instituciones, otro estado: democrático, participativo, controlado por la sociedad y gestionado con honestidad.
Las mafias políticas, policiales, militares y empresariales, como las clases explotadoras, no se suicidan: se autoprotegen. El necesario saneamiento pasa por su derrota política y su reemplazo