En la década de los 70 los estados en vías de desarrollo decidieron aplicar los principios que las Naciones Unidas habían ido construyendo y, a través de una serie de resoluciones de la Asamblea General, modificar las reglas del juego del comercio internacional para construir un Nuevo Orden Económico Internacional que hiciera realidad el desarrollo de todos los países, que hiciera vigentes los derechos de todos los humanos.
En esos momentos los estados desarrollados, sin dejar de firmar las Declaraciones internacionales ni renunciar a la retórica de Naciones Unidas, decidieron que el Tercer Mundo había ido demasiado lejos: se habían tomado en serio la Declaración Universal de Derechos Humanos, las resoluciones de la Asamblea General que los decantaban, los Pactos de Derechos y la posibilidad de un orden global vinculante basado en la solidaridad, la cooperación y los derechos humanos.
Las resoluciones de la Asamblea relativas al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (1974), la Carta sobre los Derechos y los Deberes de los Estados (1974) , la resolución sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacional (1975) y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), apoyados de manera entusiasta por los Estados del Tercer Mundo, produjeron una reacción contraria en los Estados industrializados: de la ironía escéptica al cinismo, y de aquí a la falta de apoyo declarada en el 86.
A partir de entonces, todos los esfuerzos de los Estados desarrollados se dirigieron a violar los Tratados y Declaraciones que habían suscrito y seguían firmando, lo cual lograron a través de los instrumentos jurídicos y políticos que constituyen lo que hemos dado en llamar la Globalización o Mundialización económicas (FMI, BM y posteriormente el Tratado de la Organización Mundial del Comercio), que violan la letra y el espíritu del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del desarrollo, y las esperanzas que la Humanidad puso en ellos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Porque una cosa es proclamar la universalidad de los derechos humanos, la democracia y el bienestar para todas las personas en todo tiempo y lugar, y otra bien distinta que nos jodan el negocio.
Algo similar está ocurriendo en la actualidad con los derechos de los pueblos indígenas. Desde la década de los 80, un movimiento internacional cobra impulso para el reconocimiento de sus derechos en distintos instrumentos jurídicos, desde las constituciones nacionales hasta los tratados internacionales, que culmina con la reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Todos los países latinoamericanos han participado con entusiasmo en este ejercicio retórico pero jurídico, declarativo de intenciones pero vinculante con la fuerza del derecho.
Mas cuando los pueblos indígenas ejercen sus derechos, toman decisiones, manifiestan su soberana voluntad, exigen ser consultados en las decisiones que les afectan, adoptan posiciones propias respecto de los recursos que hay en sus territorios, deciden sus propios modelos de desarrollo, a través de sus organizaciones representativas y de sus autoridades tradicionales, en ejercicio de la autonomía que las leyes nacionales e internacionales les reconocen, entonces la cosa cambia. Si de la retórica pasamos a lo jurídico, si de las declaraciones que los Estados interpretan como fotogénicos brindis al sol, pasamos al ejercicio de derechos, entonces algo se quiebra.
Ya ocurrió en Colombia a finales de los años 90. Con un entusiasmo que a muchos se les antojaba sospechoso, la clase política dirigente colombiana apoyó una Constitución, la de 1991, que reconocía muy progresivamente los derechos indígenas, y hacía ley del Estado el Convenio 169 de la OIT.Y durante los gobiernos de Gaviria y Samper, con las limitaciones que se suponían y gracias a las luchas indígenas, hubo cierta coherencia en la aplicación de esos derechos, en ciertos desarrollos legislativos, en un incipiente esfuerzo institucional por adaptarse a una nueva situación en que las comunidades indígenas eran sujetos de derecho.
Pero a partir del gobierno de Pastrana, algo cambió. ¿Qué ocurrió? El pueblo Uwa había ejercido su derecho a decidir y había dicho no a la explotación petrolífera de su territorio por ECOPETROL y la compañía norteamericana OXY. El pueblo Uwa había ejercido sus derechos ante los Tribunales y había vencido, siguiendo los procedimientos establecidos, creyendo en el Estado de Derecho y en las normas que regulaban sus derechos colectivos. Esto era demasiado para la clase detentadora del poder político en Colombia: una cosa es obtener la simpatía de la comunidad internacional por tratar bien a “sus indiecitos”, y otra que, en el ejercicio de sus derechos, los indios, esos ciudadanos de segunda clase a quienes los amos habían tenido la deferencia de reconocer sujetos de derechos, les tumbaran sus planes, sus compromisos internacionales, sus negocios.
El caso Uwa fue un punto de inflexión a partir del cual se produjo un reflujo legislativo en Colombia,movimiento de retroceso que va en contra de la propia Constitución y los Tratados internacionales, y que alcanza su máxima expresión durante los sucesivos mandatos de Álvaro Uribe, que llegó a dictar un paquete legislativo abiertamente violatorio de los derechos indígenas, y que de momento ha sucumbido ante la Corte Constitucional.
Es lo que está ocurriendo ahora en Perú. Los planes del gobierno peruano han sido hechos al margen de los pueblos indígenas, de sus derechos y de su efectiva participación. Y, sobre todo, de su voluntad. Es en este sentido que los nativos peruanos son ciudadanos de segunda categoría. Si están callados y quietos, son titulares de derechos. Si los ejercen, algunas posaderas comienzan a removerse en sus asientos. Si no están de acuerdo con los planes del gobierno, son un obstáculo para el desarrollo.
La identificación de determinados planes, proyectos y programas de desarrollo extractivo y orientado a la exportación con el interés nacional es de antigua data, y es perversa, porque de manera antidemocrática equipara intereses muy determinados con los de todos los ciudadanos de un Estado. Y parece indicar que los derechos e intereses indígenas no son los de la Nación, cuando las constituciones de los Estados latinoamericanos, que son los contratos sociales las que definen los bienes supremos de esas naciones, los colocan en primer plano.
La gravedad de los hechos recientes en Perú y de las decisiones tomadas por el Gobierno se suman a la tibieza con que está respondiendo la comunidad internacional, tanto el conjunto del Sistema de Naciones Unidas como los países firmantes de la Declaración, entre ellos España. Es un mal precedente, porque si recién aprobada ésta no se condena con firmeza su primera flagrante, documentada y descarada violación masiva por parte de un Estado signatario de la misma, ¿qué ocurrirá cuando haya pasado más tiempo y otros gobiernos decidan que es más importante cumplir con los apremios de las compañías transnacionales que con los derechos reconocidos en la Declaración?
Pero no solamente son las clases dirigentes de los estados latinoamericanos quienes están hartas de los derechos indígenas. Al fin y al cabo, ellas están jugando según unas normas que han sido impuestas por los países industrializados: La venta abaratada de los recursos naturales es la única baza de comercio internacional que les queda a los países del Sur en un orden económico internacional que no tiene nada de nuevo, que está diseñadopara que todas las ventajas sean de los países ricos, que impiden el desarrollo industrial de los países en vías de desarrollo, y la exportación de alimentos, y la sustitución de importaciones, y los medicamentos genéricos, y la transformación de las materias primas en origen, y todo cuanto permita ese desarrollo integral de todos los países con que Naciones Unidas llena sus discursos.
Los Estados ricos miran hacia otra parte ante los sucesos de Perú porque son beneficiarios de las políticas del gobierno que viola los derechos indígenas, y de esa vieja práctica de la desigualdad en el comercio internacional. Una vieja práctica que antes se lograba por la fuerza bruta de las relaciones comerciales y militares y hoy se consigue a través de la de la OMC y los Tratados de Libre Comercio.
Esa práctica es también responsable, al igual que el gobierno de Alan García, de que los pueblos indígenas peruanos no puedan ejercer los derechos que han sido reconocidos. Responsable también de las personas muertas y los territorios invadidos y las leyes quebradas como si fueran paja seca.
Porque una cosa es aprobar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y otra bien distinta que nos jodan el negocio.
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