No por anunciado resulta menos indignante. El presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, más preocupado por atender a las sagradas escrituras y la jerarquía eclesiástica, pero desoyendo el clamor del 60% de la sociedad uruguaya que apoya la despenalización del aborto, ejerció autoritariamente la atribución del veto con el cual amenazó desde el principio.
El “médico socialista” de esta manera no tuvo en cuenta los legítimos derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni las cifras objetivas de mortalidad por abortos clandestinos que ostenta su país.
Haciendo suya la postura del Vaticano, prefirió atender sus demandas fascistas a responder desde su perspectiva “socialista y humanista” a la grave situación que atraviesa el derecho a la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres uruguayas.
El aborto ilegal no tiene la misma significación para todas las mujeres, varía contundentemente de acuerdo a nuestra situación socioeconómica, a la clase social, al acceso a la información: abortar puede significar seguir vivas para unas y morir o quedar con graves secuelas para otras.
El veto de Tabaré nos condena a todas las mujeres, pero en especial condena a las más pobres. La hipocresía de sostener la ilegalidad del aborto, se basa en la histórica negación de las condiciones materiales en que viven los seres humanos e implica no reconocer la realidad de América latina, estructuralmente injusta, exponencialmente azotada por décadas de neoliberalismo que la ha sumido en la pobreza y la desigualdad.
Y son justamente esas mujeres, las más pobres, quienes mueren por los abortos clandestinos practicados en condiciones de riesgo, sin posibilidad de acceder a una atención médica digna, sin discriminación y a cargo del Estado.
Como resultado de la opresión económica, social y cultural que padecemos las mujeres, tenemos menor acceso a casi todo, incluidos los alimentos, los recursos, la atención de la salud y la información.
Los graves problemas filosóficos a los cuales se refirió Tabaré para ejercer su veto, entre los cuales se encuentra la defensa de la vida desde la concepción, son los mismos que aduce la iglesia para oponerse, esa jerarquía religiosa que colaboró con las dictaduras latinoamericanas, dándole su apoyo, recibiendo a los militares genocidas en sus iglesias y en sus misas, haciendo vida social con los torturadores.
Ya no hay más espacio para que aquellos que gobiernan se opongan al pueblo y se alíen al fascismo oscurantista de la iglesia.
Ya no hay más tiempo para que sigan muriendo miles de mujeres por las injustas leyes que restringen o conculcan sus derechos, como si fuéramos objetos de su propiedad y paridoras sin opciones.
Debemos ir más lejos, luchar por que el Estado garantice el aborto legal y gratuito. No nos alcanza con la despenalización. Es necesario lograr el acceso irrestricto a la salud pública de todas las mujeres con la decisión de abortar.
Esto no es el fin, ayer empezó otra etapa, con las mujeres movilizadas y una gran parte de la población que apoya la despenalización y que sin duda repudiará en forma manifiesta la decisión tomada por Tabaré.
Será necesaria una clara organización, con los movimientos de mujeres a la cabeza, para entablar una lucha más persistente y articulada.
La sesión de las Cámaras aprobando el proyecto es una muestra de que se puede y que ahora debemos ir por más.
Carta de Guanabara, Río de Janeiro ( 2001): “El Derecho al Aborto es parte de los derechos humanos y su penalización constituye un acto de violencia y discriminación contra las mujeres. Para que se consolide una vida social democrática es preciso que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con distintas religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado laico.”
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