Ponemos en conocimiento del pueblo panameño informaciones que hemos recibido en estos días acerca del interés de sectores del Gobierno de Martín Torrijos de perpetrar atentados contra la integridad física de miembros de la Junta Directiva del SUNTRACS, particularmente contra el compañero Saúl Méndez.

Estas informaciones dan cuenta de sicarios contratados por elementos de la mafia -ligados al narcotráfico, lavado y tumbe de dinero y drogas- con   estrechos vínculos familiares con cercanos colaboradores de algunos ministros de Estado, para ejecutar atentados contra varios dirigentes del SUNTRACS.

Esto no es casual. El SUNTRACS ya lo había denunciado a raíz de los cobardes asesinatos de los compañeros Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles, acaecidos en agosto de 2007.  En aquella ocasión advertimos que lo que se persigue es el asesinato selectivo de dirigentes populares, tal como ocurre en países vecinos.

No confiamos en lo absoluto en la acción que deberían desarrollar las autoridades frente a una denuncia de esta naturaleza.   Recordemos que, previo a los asesinatos de Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles, denunciamos que empresarios inescrupulosos de Odebrech y otras empresas junto a corruptos funcionarios del Estado estaban introduciendo el sindicalismo amarillo y el sicariato en el sector de la construcción como forma de dirimir los conflictos obrero patronales.

Ante estas denuncias las autoridades no sólo no hicieron nada sino que, luego de los asesinatos, desataron el terrorismo judicial contra nuestros dirigentes basándose, no en pruebas, sino en un montaje y la simple declaración de un malandrín de poca monta, sobre lo cual la Fiscalía se basa para intentar llamar a juicio al compañero Saúl Méndez; mientras   que   ahora han puesto en libertad a dos de los implicados en el asesinato de Osvaldo Lorenzo y se protege a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, entre ellos, Aniano Pinzón, Rogelio Ramos alias “Juana Peña”, el empresario colombiano Gustavo de la Cruz y el sargento Manuel Moreno, este último el asesino de Luiyi Argüelles.

Las amenazas que se vienen dando contra la dirigencia honesta y combativa del movimiento sindical clasista, ocurren en momentos en que hemos anunciado la intensificación de las protestas en las calles contra la falta de respuesta de las autoridades y empresarios a los problemas de salud y seguridad laboral, contra los intentos de continuar reformando el Código de Trabajo en beneficio de la patronal, contra la constante violación a los derechos laborales, contra el alto costo de la vida, contra los intentos de privatizar la salud; en pro de una educación de calidad, contra la corrupción gubernamental y empresarial; contra los proyectos hidroeléctricos, mineros y seudo turísticos que constituyen la venta de Panamá, afectan a numerosas comunidades y a nuestro patrimonio natural, cultural e histórico.

Esta situación que hoy denunciamos no debe sorprender a nadie puesto que ya hemos advertido que estamos a las puertas de una escalada represiva que busca criminalizar la protesta social e instaurar una especie de “Norieguismo sin Noriega”, con la participación en el Gobierno de Martín Torrijos de Ministros de Estado y funcionarios involucrados en el pasado en asesinatos, desapariciones forzadas, persecuciones y atentados contra quienes osaron oponerse al régimen militar.

Queremos señalar que frente a esta situación estamos presentando denuncias y recursos formales en distintos foros e instancias a nivel nacional e internacional a fin de impedir que se perpetren nuevos asesinatos dadas las muestras de impasibilidad y complicidad de las autoridades de turno.

Conscientes de que vivimos un estado de impunidad en que reina una MAFIOCRACIA, llamamos a los trabajadores y al pueblo en general a cerrar filas para que juntos, con la movilización y lucha en las calles, frenemos estos planes aviesos y cobardes contra las organizaciones y dirigentes que no dan su brazo a torcer frente a las injusticias y atropellos de los grupo de poder.

Responsabilizamos al Gobierno de Martín Torrijos de cualquier situación que atente contra la seguridad e integridad física de nuestros dirigentes y del resto del movimiento popular panameño.

Panamá, 11 de febrero de 2008.

JUNTA DIRECTIVA DEL

SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES

SUNTRACS