La hucha de la discordia

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social tiene como fin garantizar el pago de las pensiones públicas en un momento de crisis económica. O, dicho de otra manera, cuando los ingresos por cotizaciones sociales no basten para pagar toda la nómina mensual de las prestaciones.

09-05-2008 - Actualmente, el Fondo sólo invierte en deuda pública de España, Alemania, Francia y Holanda, es decir, inversiones sin riesgo, pero con muy baja rentabilidad. De hecho, el Gobierno tiene el proyecto de reformar esta hucha de las pensiones públicas, y llegó a plantear, en la anterior legislatura, poder dedicar hasta el 10% de sus recursos a la inversión en bolsa.

En este contexto hay que enmarcar la propuesta de la banca de que el Fondo de Reserva dedique parte de sus recursos a invertir en las emisiones de deuda de las entidades, según publicó ayer el diario EL MUNDO. El Gobierno, a través de el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se apresuró ayer a recordar que el Fondo sirve para estabilizar el sistema de pensiones “y no para otras cosas”, según informó EFE. Granado añadió que todas las decisiones que se tomen sobre este asunto tendrán el único objetivo de fomentar la rentabilidad de las inversiones del Fondo, así como su seguridad.

A pesar de la ducha de agua fría que supusieron las palabras del Gobierno, desde el sector bancario defienden la propuesta. La patronal de los bancos, AEB, calificó ayer la medida como “razonable”, aunque especificó que no ha presentado ninguna propuesta “formal” al Gobierno en este sentido.

¿Ayuda estatal?

Los bancos y las cajas españolas, así como sus competidores internacionales, tienen problemas de liquidez desde que, el pasado verano, la crisis subprime, provocara el cierre de los mercados de financiación mayorista (interbancario, titulizaciones, etcétera).

La gran diferencia, según destaca la patronal bancaria, es que las entidades españolas están sufriendo las consecuencias de esta crisis sin haberla provocado, ya que sus balances son prácticamente los únicos en los que no se ha colado el virus subprime.

Por eso, en el sector consideran que si el Fondo de la Seguridad Social invirtiera en sus emisiones podría ayudar a paliar levemente la sequía de liquidez y, al mismo tiempo, tener una oportunidad de inversión rentable y segura. Durante esta crisis, los fondos de inversión que buscaban seguridad rotaron sus carteras deshaciéndose de la deuda de entidades y empresas y colocando letras del Tesoro y repos.

Varias fuentes bancarias coincidían ayer en señalar que no se trataría de una ayuda estatal, algo que sí, en cambio, están haciendo Gobiernos como el americano o el inglés con sus bancos. Además, algunas entidades defienden que la hucha de Seguridad Social apenas alcanza los 52.000 millones, una cifra extraordinariamente pequeña comparada con los volúmenes que maneja la banca (sólo BBVA, una de las entidades que mejor tiene cubiertas sus exigencias de financiación pese a la crisis, tiene 50.000 millones de segunda línea de liquidez, activos preparados como garantía para pedir préstamos al BCE).

En el mercado, sin embargo, hay opiniones encontradas sobre la propuesta. En primer lugar, porque la renta fija privada, es decir la deuda de las empresas, por muy buena que sea, no ofrece el mismo grado de seguridad que la pública. Ayer, por ejemplo, en uno de los principales bancos del país se comentaba que quienes verdaderamente se beneficiarían de una medida así serían las entidades que tienen dificultades.

Es decir, aquellas cuya deuda sí presenta factores de riesgo, por lo que no sería muy lógico que se invirtieran en sus títulos los recursos de la Seguridad Social. Otras fuentes hacían hincapié en que los mercados ya no están cerrados a cal y canto. Santander, Caja Madrid, La Caixa, Sabadell, Bankinter Bancaja y, justo ayer, Caixa Catalunya, han podido colocar sus emisiones, aunque tuvieran que pagar precios más elevados de los que se manejaban antes de la crisis.

“A cuánto quieren colocar sus emisiones al Estado?”, se preguntaba ayer un experto y aclaraba que la banca no puede pretender ofrecer a la inversión pública una rentabilidad inferior a la que ofrece a la privada. Al mismo tiempo, si acabara pagando los mismos diferenciales que se están pidiendo en los mercados, la medida carecería de utilidad para el sector.

La cuestión sobre la que todos coinciden es que cualquier reforma del Fondo de Reserva se tendrá que consensuar entre las fuerzas políticas. El Gobierno no quiere romper con esta máxima, recogida en el consenso político sobre las pensiones. También habría que contar con el visto bueno de los agentes sociales, patronal y sindicatos, los consultores del Ejecutivo sobre la gestión del Fondo.

La banca no parece interesada en plantar batalla sobre este tema. Su prioridad es otra: que las autoridades políticas y económicas españolas se hagan escuchar en Europa y pidan que se obligue a los bancos afectados por las subprime a que revelen todos sus agujeros, para que la liquidez vuelva a circular por sus cauces habituales y lógicos.

M. Romani y M. Valverde
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