Tirarse al río con una piedra atada al cuello. Sobre el PSOE extremeño y la refinería de Tierra de Barros

Hoy, quien hable de la refinería y la convierta en sinónimo de rentabilidad, de empleo, de desarrollo, de seguridad, de sostenibilidad, miente. Y sabe que miente. Pero, ¿por qué?

Jónatham F. Moriche | para Kaos en la Red | 12-8-2008 | 611 lecturas | 14 comentarios

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Los norteamericanos emplean el concepto de "puertas giratorias" para describir el tránsito de permanente ida y vuelta entre los despachos del poder político y la Administración, de un lado, y del gran capital, por otro. La mayoría de los países civilizados cuentan con algún tipo de legislación al respecto, estableciendo cautelas, incompatibilidades, plazos prudenciales... Lo cual no evita que constantemente tengamos noticia de sonados trayectos de ida y vuelta que respetan pulcramente la legalidad, pero que chapotean en la más absoluta inmoralidad. El recuento sería interminable, desde las íntimas interconexiones entre los grandes capitales de las armas y el petróleo con la administración Bush-Cheney, que dan sentido a la aventura colonial yanqui en Mesopotamia, a las más discretas, pero igualmente decisivas actividades de los lobbystas (o "representantes de intereses privados ante los poderes públicos", dicho en politically correct) que pululan como moscas de la carne en los pasillos del Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, el Banco Mundial o la OTAN (y que, en su gama alta, son en su mayoría ex-compañeros de faena de los mismos representantes públicos a los que se ofrecen para "informar y aconsejar"). Aún más habitual, es de sobra conocido el nutrido listado de ex-ministros, ex-secretarios de Estado y similares que encuentran acomodo en Consejos de Administración y cargos de confianza de las grandes empresas y las altas finanzas.

Estas "puertas giratorias", como los paraísos fiscales o las cadenas interminables de testaferros, son un mecanismo característico de lo que algunos analistas han denominado economía gris, distinta de la corrupción, el fraude u otras formas de economía criminal, al menos a ojos de la legalidad vigente, pero que tiene, cuando extiende sus tentáculos hacia las instituciones de la soberanía popular y la administración del bien común, efectos tanto o más nocivos que aquellas para la cultura cívica y la convivencia democrática. Por ejemplo, ningún parrafo de la legislación alemana permite acusar de corrupto al ex-presidente Gerhard Schröeder. Pero, ¿cómo pueden mantener una confianza razonable en las instituciones y sus decisiones los ciudadanos alemanes, mientras ven como su ex-presidente entra a trabajar (es un decir) como directivo de la principal empresa energética rusa, por invitación expresa del entonces presidente ruso Vladimir Putin, tras haber priorizado enfáticamente los vínculos energéticos Alemania-Rusia durante sus años de mandato? O, apuntando más cerca y más reciente, ¿qué confianza podemos tener los españoles en que la política de vivienda de nuestro gobierno esté nétamente orientada al bien público, cuando uno de sus asesores destacados en la materia, David Taguas, pasa sin solución de continuidad del gabinete económico de Moncloa a trabajar (de nuevo, un decir) para la gran patronal inmobiliaria, o sea, para los mismos señores que nos han terminado de empujar a todos al pozo de la crisis?

Y está fresco todavía el caso Taguas (y la inevitable desazón que un episodio así despierta en la más elemental conciencia de ciudadanía) cuando, a la misma puerta de casa, nos encontramos con dos culebrones sucesivos, la crisis de la constructora ECONISA y la suspensión del concurso de licencias de TV local, de los que, de momento, muy poco puede decirse porque muy poco se sabe. Salvo, quizás, una cosa: que lo poco que se sabe resulta, cuando menos, poco alentador y aún menos edificante.

El diario El Mundo, que encabeza la investigación de ambos asuntos, es una repugnante máquina de mentir que funciona al dictado de la compadrita entre un sádico matinal y un masoquista nocturno, que maman juntos del manual desestabilizador de los neocón de la casa Casa Blanca y han demostrado desconocer cualquier límite ético a la hora de dar cauce a sus manejos y ambiciones. Así que, permítanme, dudo de cualquier cosa, incluyendo la programación de TV, los anuncios de masajes y las recetas de cocina, que publica el diario que habló de cadáveres de islamistas congelados trasladados por los servicios secretos al piso de Leganés y comandos etarras recibiendo entrenamiento en el Iraq de Sadam, entre otras bárbaras alucinaciones. Pero dado que es posible que incluso Jack el Destripador y Rasputín dijeran alguna vez la verdad, es preciso dar acuse de recibo de las páginas que dedica a ambos temas, ECONISA y las TV locales, el períodico dirigido por Pedro J. Ramírez, y solicitar, de las distintas empresas, instituciones y cargos públicos extremeños implicados, una inmediata, documentada y diáfana aclaración de los hechos y de cualquiera de sus posibles ángulos de controversia.

Nadie con dos dedos de frente y un gramo de decencia pone en duda que la presunción de inocencia es uno de los puntales fundamentales de cualquier sistema de convivencia civilizado, y entre ellos el nuestro. Pero si ese es un principio de aplicación general a cualquier ciudadano entre el monarca Agamenón y el paisano que le cuida los guarros, también es cierto que las personas que ocupan cargos de la administración del bien común y las instituciones representativas de la soberanía popular deben estar permanentemente disponibles para aclarar todos y cada uno de los aspectos que justifican la confianza que en ellos hemos depositado los ciudadanos y electores. Respecto a los cargos de los partidos políticos, es cierto que no son de iure servidores públicos ni están sometidos a ciertas limitaciones de los electos. Pero si recordamos qué proporción de la vida de los partidos políticos pagan sus afiliados con la cuota, y qué proporción subvenciona el Estado con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos, puede parecer oportuno exigirles ciertos estándares mínimos que cimenten la confianza en un desempeño decente de su tarea (a beneficio en primer lugar de sus propios votantes y militantes, por cierto).

Y, se añade en este caso, un factor que quizás extralimita de la ley escrita, pero cuya realidad de hecho podrá certificar cualquier profesional de la abogacía: resulta bastante más difícil defender a un reincidente que a un acusado sin antecedentes. Y, en esto de las "puertas giratorias" hay, por desgracia, sonados antecedentes en Extremadura.

A estas alturas ya casi resulta redundante enumerar los argumentos medioambientales y económicos que hacen del proyecto de refinería en Tierra de Barros un despropósito grotesco, que acentúa nuestra dependencia económica (precisamente de una de las materias primas y uno de los mercados más inestables de la economía mundial) y que demuestra un respeto por la ciudadanía, por su salud y por su medio ambiente que casi hace buena la administración semi-esclavista del IRYDA franquista en los años del Plan Badajoz. Ya no queda más que preguntarse: ¿qué poderosísima inercia hace que el Partido Socialista de Extremadura insista en tirarse al río con una enorme piedra, de nombre Grupo Gallardo, atada al cuello? No dudo ahora, como no he dudado nunca, de que existe una notable dosis de buena fe en parte del sector pro-refinero. Eso incluye al segmento de la ciudadanía de la zona que apoya el proyecto, tan legítimamente acojonada como el resto de la población mundial ante un horizonte económico incierto y que, como cualquier otro náufrago de la globalización capitalista, es susceptible de ceder a la tentación de agarrarse a un clavo ardiendo, aunque eso sólo sirva para abrasarle las manos (o los pulmones, en este caso). Pero, de ahí para arriba, el asunto no hace sino volverse más y más gris, más y más viscoso, más y más escurridizo, hasta constituir una dolorosa, ominipresente impugnación de conjunto de la salubridad de nuestra vida pública, que hace que, incluso publicadas en un panfleto reaccionario y desinformador como El Mundo, informaciones como las de ECONISA y las TV locales abonen la incertidumbre en la ciudadanía, de una esquina a la contraria del tablero ideológico.

Puedo confiar en la desinformada buena fe de un padre de familia de Villafranca, preocupado porque sus hijos tengan algúna expectativa laboral que no pase por la inmigración forzosa o el infra-empleo estacional. Pero ya no hay lugar para dar crédito a la buena fe de un responsable político que, con toda la información económica y medioambiental a su disposición, siga apoyando el proyecto. Hoy, quien hable de la refinería y la convierta en sinónimo de rentabilidad, de empleo, de desarrollo, de seguridad, de sostenibilidad, miente. Y sabe que miente. Pero, ¿por qué?

Por un lado está el trasfondo más puramente político de la operación, en el marco de la batalla por la reordenación autonómica del Estado, cuyo tramo decisivo llega precisamente ahora, con la negociación del contenido económico del Estatut catalán. ¿Intercambia el PSOE extremeño, en defensa de su modelo centralizado de ordenación territorial y de los intereses de los extremeños (o de lo que nuestro ex-presidente autonómico considera los intereses de los extremeños, habría que precisar), fondos públicos y pulmones humanos que soporten el impacto de una refinería (que básicamente, lo que va a "refinar" es dinero público, más que petróleo), a cambio de medios de comunicación afines (léase así la fracasada operación de compra del Grupo Zeta por Gallardo) y otras herramientas de presión propias del gran capital que, como los corsarios del Caribe al servicio de la Reina de Inglaterra, hagan el trabajo más sucio en la obstinada partida contra Montilla que libra Rodríguez Ibarra?

Por otro lado, el más turbio, están los intereses particulares de los intermediarios entre la Reina de Inglaterra y su corsario empresarial. Los lazos familiares y afectivos de cualquier ciudadano son terreno vedado a la atención pública y no pueden ser convertidos en prueba de cargo contra nadie. Pero en el desempeño de sus responsabilidades, la decencia del servidor público y el representante político debe ir siempre un paso por delante de la ley, e incluso un paso por delante de toda duda razonable. Ese es un estándar moral que, por desgracia, no se está cumpliendo hoy en Extremadura. Aún con todas las cautelas, aún con toda la benevolencia que se puedan emplear para describirla, la relación entre la Junta de Extremadura, el Partido Socialista y el Grupo Gallardo, que encarnan hoy determinados políticos socialistas extremeños es, sencillamente, un escándalo.

Y un escándalo aún más bochornoso, si cabe, para quienes, con un pie en la confianza en un programa de gobierno razonablemente progresista y otro en la evitación de males mayores, los que nos acarrearía el desembarco en el poder de una derecha tan voraz y resentida como la que representa el Partido Popular, estamos sosteniendo a este gobierno con nuestro voto. Una responsabilidad que se vuelve insoportable si nos planteamos la sangrante paradoja de que la cuestión de la refinería, como ahora las noticias sobre ECONISA y las TV locales, están sirviendo en bandeja munición de gran calibre para las andanadas del PP, El Mundo y la COPE, cuyo alborozo ante cada nuevo patinazo de la Junta y el PSOE en esta cuestión es palpable y sonoro: podría decirse que, salvo votarles directamente a ellos, votar al PSOE es casi el mejor favor que puede hacérsele hoy al PP extremeño. Y no porque esa sea la voluntad del votante socialista, sino por el uso suicida que hace de ese voto quien hoy lo está administrando. A la vista de los equilibrios electorales que mantienen el PP y el PSOE en la Asamblea, los ayuntamientos y la representación en Madrid, el PSOE extremeño no puede permitirse alegremente una sangría de votos (abstenciones y "votos prestados" recuperados por IU en el flanco izquierdo, y votos regalados al PP o al chiringuito de Rosa Díez en el derecho), inevitable desde el momento en que se ajuste la primera tuerca de la refinería de Tierra de Barros, y que puede poner en cuestión el control de importantes municipios e, incluso, la victoria socialista en las próximas autonómicas. ¿Por qué y para quién -sin duda, no para el extremeño de a pie- son tan importantes los intereses del Grupo Gallardo, como para que el PSOE extremeño deba inmolarse en su nombre y entregar la región al Partido Popular?

Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: no comparto la opinión de muchos ciudadanos extremeños de izquierdas que sostienen que no habría grandes diferencias entre un gobierno extremeño del PP y el actual del PSOE, o que incluso abogan por, no diré fomentar, pero sí aceptar como un daño colateral tolerable una alternancia a favor del PP, ante una situación a la que ya no vislumbran otra salida posible. Es una solución que no comparto y de la que aún menos participaré activamente. La hipótesis de una Extremadura gobernada con Eduardo Zaplana o Esperanza Aguirre como modelos inspiradores me produce bastante más pavor que las chimeneas humeantes de la refinería de Tierra de Barros. Pero eso no me oculta que, si el PSOE extremeño no vira 180 grados en su rumbo, ese horizonte de pesadilla tiene todas las trazas de convertirse en inevitable. Por desgracia, el reciente congreso del PSOE extremeño ha dejado bien claro lo lejos que está de sus intenciones dar ese giro de timón. El silenciamiento o el desprecio siguen siendo la única respuesta de las instituciones ante la creciente movilización social contra la refinería (que a estas alturas, superadas las 40.000 alegaciones al proyecto, es ya cualquier cosa menos muda o desdeñable) y las "puertas giratorias" no dejan de abrirse y cerrase, ahora extendiéndose a los terrenos de la construcción y los medios de comunicación. Por añadidura, la defenestración de Cristina Narbona frustra la posibilidad de que el (igualmente defenestrado) Ministerio de Medio Ambiente tumbase el proyecto refinero (posibilidad sobre la que algunos, quizás ingenuamente, habíamos depositado muchas expectativas), demostrando hasta dónde de alto están dispuestos a disparar sus promotores con tal de llevarse al agua su gato petroleado. Parafraseando a Bertold Brech, no dejan de sorprender (y decepcionar) los enormes esfuerzos que el PSOE extremeño está invirtiendo en perseverar en sus errores, con la inexplicable pasividad o complicidad de Ferraz y Moncloa.

Hace doce años, España dió el poder a José María Aznar, gracias sobre todo a una masiva abstención de la izquierda, que entendió quedarse en casa como último recurso para poner fin a la interminable y vergonzante agonía del felipismo. Era la época (si el lector supera los treinta años lo recordará perfectamente) de los arrumacos de Aznar con Anguita, de los periodistas de izquierdas publicando en El Mundo y los lectores de izquierdas comprándolo... Fue aquella dichosa pinza, que nunca quedará claro si fue una operación política, pero que sin duda era un extendidísimo estado de ánimo entre la ciudadanía de izquierdas de este país. Alguien podrá argumentar que entonces, ante la desesperante deriva neoliberal, autoritaria y corrupta del felipismo, eran difíciles de prever la foto de las Azores y las bombas del 11-M. Pero es que los lobos de la derecha nunca traen nada bueno, aunque vistan una piel de cordero recién cortada a medida en Harrod's. A la derecha, la izquierda no encuentra nunca soluciones para sus problemas, sus estancamientos o sus contradicciones. Sólo pistolas para jugar a la ruleta rusa, y casi siempre cargadas con más de una bala.

Aquella disyuntiva de entonces se reedita hoy en Extremadura. El Partido Socialista extremeño, en eso tienen razón los más críticos, es parte, y parte central, del problema. Pero, o bien pasa a formar también parte de la solución, o la solución es entregarle la región a la derecha, después de una agonía más o menos larga, a compás de nuevos desmanes de empresarios protegidos y políticos protectores (o viceversa). Si finalmente, no lo quieran los dioses, tal cosa llegase a suceder, los daños serían incalculables, y tendríamos años para sufrirlos y lamentarlos. Pero que nadie pida entonces explicaciones a los ciudadanos de izquierdas que, asqueados por el hedor a hidrocarburos, el día de la elecciones se quedaron en casa, votaron al Partido Cannábico o introdujeron en la urna un pedazo de papel manchado de alquitrán. No antes, al menos, de exigir responsabilidades a quienes, aún con 40.000 ciudadanos advirtiéndoles por escrito de los gravísimos riesgos que ello conlleva, decidieron tirarse a las aguas crecidas con una refinería de petróleo atada al pescuezo como lastre.


Jónatham F. Moriche, Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, agosto de 2008

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