Para el sector de telefonía móvil buscar el amparo de la justicia se ha convertido en un recurso habitual frente a los ayuntamientos. Las dificultades para el despliegue de redes de antenas y la pretensión de cobrar a estas compañías una tasa son los dos frentes que mantienen ante los jueces las operadoras y las corporaciones locales.
Con el bloqueo al despliegue se ponen en tela de juicio inversiones de 2.000 millones de euros anuales, mientras que la nueva tasa municipal puede suponer una factura fiscal de otros 265 millones cada año, y a juicio del sector, mucha más inseguridad jurídica que condiciona los planes de introducción de nuevas tecnologías ligadas a la banda ancha.
En el frente judicial de las antenas de telefonía móvil las operadoras le sacan ventaja a las corporaciones locales. Hay cerca de 30 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas que sistemáticamente tumban a los ayuntamientos en su pretensión de frenar el despliegue de redes móviles. Los tribunales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Baleares y Canarias se han pronunciado, en algunos casos como el andaluz, reiteradamente, anulando las ordenanzas municipales que impiden el despliegue normal de antenas de telefonía móvil.
Mismos argumentos
Los argumentos de los jueces contra los ayuntamientos se repiten sistemáticamente: recordando que los alcaldes no pueden ni imponer unas distancias mínimas a las antenas, ni exigirles unos niveles de emisión electromagnética determinada, ni tampoco obligar a suscribir pólizas de cobertura sobre hipotéticos riesgos en la salud de estas instalaciones.
Todas ellas son reivindicaciones de colectivos ciudadanos que protestan contra las antenas, y que chocan contra la legalidad. Es la opinión de las salas de lo contencioso administrativo de muchas autonomías, que en algunos casos, como en Andalucía, advierten, incluso, del reparto constitucional de competencias que se podría estar alterando con estas normas locales restrictivas contra las antenas.
Ante los reveses judiciales, algunos ayuntamientos han optado por congelar las licencias de nuevas antenas mediante moratorias, lo que ha provocado también sentencias, como las de Córdoba, Solsona o Alcalá de Henares, en las que los jueces vuelven a dar la razón a las compañías de móviles, contra el freno en la concesión de licencias para antenas de telefonía móvil.
Los ayuntamientos consideran que no existe un buen asesoramiento que les oriente en la regulación de estas materias técnicas, mientras los operadores de telefonía móvil opinan que existe un grave problema de información y garantías para la opinión pública. Para mejorar el asesoramiento a las corporaciones locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha creado el Servicio de Asesoramiento Técnico e Información (SATI). Y para el problema de información pública y garantías de las antenas las compañías de móviles piden una Agencia Estatal en línea con las que existen en Francia, Reino Unido u Holanda.
El otro frente judicial entre operadoras y ayuntamientos es de nuevo cuño. Se trata de la tasa municipal sobre la telefonía móvil. Un nuevo impuesto local alumbrado por la acuciante situación económica de las haciendas locales, y que se ha acelerado tras el estallido de la crisis del ladrillo y del mercado inmobiliario.
En esta batalla fiscal aún no existen sentencias. Pero si existe una legislación y un pasado reciente que arroja serias dudas sobre las pretensiones municipales de cobrar a las operadoras de móviles el 1,5% de los ingresos que obtienen en cada municipio. El impuesto es una recomendación circulada por la FEMP a los más de 8.000 ayuntamientos españoles, y que ya han secundado en torno a 300.
Ayuntamientos y operadores están de acuerdo en señalar que no se trata de un impuesto a las antenas. Pero ahí se acaba el entendimiento. Los consistorios creen que tienen derecho a cobrarle a las compañías de móviles el 1,5% de los ingresos que obtienen en sus municipios, por emplear el dominio público municipal.
Nueva tasa
Pero las empresas aseguran que esto es ilegal, porque ellos no usan ese dominio público local, sino el radioeléctrico, que es estatal, y por él, ya pagan al Estado unos 250 millones de euros. Si la nueva tasa local se generalizase las compañías deberían pagar a los ayuntamientos otros 265 millones de euros, lo que el sector asegura que es doble imposición.
Las operadoras advierten que la medida puede generar inseguridad jurídica, en un sector que invierte anualmente en torno a los 2.000 millones y que estimula las ventas de las compañías suministradoras del sector. Además, están convencidas de que existe suficiente base legal para defenderse en los tribunales. De hecho, todas las ordenanzas fiscales aprobadas por los ayuntamientos han recibido las alegaciones del sector, a través de su asociación Redtel, y todas y cada una de ellas van a ser recurridas en los tribunales.
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