El voto, el derecho al sufragio, es el núcleo de la democracia. Algunos sostenemos que ese derecho debe ampliarse y extenderse mediante la articulación de sistemas que promuevan y posibiliten la participación activa y directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, más allá de la mera delegación de las democracias representativas y pluripartidarias, entendiendo que sólo a través de ese camino se puede construir una verdadera democracia: la democracia popular.
Pero es especialmente en sistemas políticos como el instalado en el estado español, donde el sufragio alcanza una mayor importancia.
Tal y como están las cosas, la ciudadanía apenas tenemos el derecho de delegar el ejercicio de nuestra cuota de soberanía en representantes políticos escogidos dentro de una oferta pluripartidaria, esquilmada por un régimen electoral que dificulta cuando no excluye a las minorías, mediante el sistema de listas cerradas cada cierto número de años.
Es decir, unicamente decidimos a quien sentar en los ayuntamientos, en el parlamento, en el Congreso, en el Senado y en la ficticia Eurocámara, que es donde se tomarán las decisiones que nos van a afectar directamente, y lo hacemos cada cuatro o cinco años.
En una democracia incompleta e imperfecta como la instaurada con la Constitución de 1978, lo mínimo exigible es que el derecho a sufragio, que es universal, se efectivice con plenas garantías de transparencia.
Hace tiempo que se sospecha, o se sabe, que el partido que controla el gobierno del estado, y por lo tanto la red diplomática y consular, controla el voto de la emigración (a su favor obviamente), que en circunscriciones como la gallega es determinante. La confirmación vino de la boca de los portavoces del PP. Tanto Núñez Feijoo (líder del PP de Galiza) como Rajoy denuncian ahora las maldades de un sistema de voto, del que se beneficiaron impugnemente en el pasado.
El gobierno de Zapatero no tiene la voluntad de terminar con el fraude antidemocrático en la que se han convertido, elección tras elección, los votos provenientes del exterior. Así lo demostró la vicepresidenta De la Vega en su comparecencia, a petición del Bloque Nacionalista Galego, en la comisión constitucional del Congreso, que escudandose tras la coartada inmoral de presuntas dificultades técnicas, vino a decir que lo del voto en urna, que reclamó el parlamento gallego de manera unánime, de momento va a ser que no. Incluso dió a entender que el problema podría ser de dinero. Lamentable.
No hay nada más importante, en términos democráticos, que garantizar que los votos que se efectuen en unos comicios expresen la libre voluntad del o de la votante, y que lo hagan bajo total transparencia, sin dar espacio a ningún tipo de dudas acerca de su legalidad.
No es admisible que continúen a votar electores fallecidos, que haya votos duplicados o papeletas desaparecidas. Cualquier elección que resulte de un proceso con esas irregularidade será completamente ilegítimo y antidemocrático.
A lo mejor el PSOE ahora temeroso por las posibles consecuencias electorales de la crisis económica, ya no tenga la más mínima voluntad de garantizar que los votos, sean de donde sean, se emitan con las mismas garantías.
En esta democracia de cartón, los tramposos son siempre los mismos.
* Xabier Pérez Igrexas, (Vigo, 1984), articulista de opinión en diferentes medios de comunicación, forma parte de diversos colectivos sociales. Politicamente está vinculado al nacionalismo gallego, siendo en la actualidad miembro de la Dirección Comarcal de Galiza Nova (organización juvenil del Bloque Nacionalista Galego) en Vigo.
Es autor del blog CONTRADISCURSO 3.0 (www.contradiscurso.net)
