Desde el movimiento popular llevamos años defendiendo que el capitalismo está produciendo un proceso de precarización en amplios sectores de la población.

En Euskal Herria tiene su reflejo a través de un amplio recorte de derechos sociales y laborales a golpe de ley.

La precariedad se instala en las relaciones laborales: temporalidad, subcontratación, ritmos intensivos, salarios ínfimos (alrededor de 500.000 personas trabajan por salarios inferiores al umbral de la pobreza en Euskal Herria), trabajo sumergido.... La consecuencia más grave son los más de 130 accidentes laborales mortales que de media se han venido produciendo en los últimos doce años en Euskal Herria. La precariedad no sólo se instala en el ámbito laboral sino que se extiende a todos los aspectos vitales de los sectores populares, por lo que quizás sea más acertado hablar de precarización social:

- Miles de personas sin trabajo remunerado. Paradas, pensionistas, viudas, preceptoras de prestaciones... se ven condenadas a vivir con ingresos inferiores al umbral de la pobreza (un 37,5% del PIB per capita 1.030 euros mensuales en el caso de Euskal Herria para 2008).

-El uso de una vivienda se ha convertido en un elemento de consumo de lujo. El aumento continuo de su precio y la disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora están provocando la renuncia a un proyecto de vida independiente o a endeudarse de por vida.

-La paulatina privatización de servicios básicos. El agua, el gas, el transporte, la recogida de basura, el teléfono... están quedando a merced de la capacidad económica de cada cual.

-El aumento de las necesidades creadas de consumo están generando realidades como la «autoexplotación» y la «autoprecarización» para intentar satisfacer la sed de consumo.

-El aumento de las necesidades energéticas creadas por el incremento de la actividad productiva conlleva un deterioro medioambiental acentuado.

-Huella ecológica. Con el ritmo de consumo actual necesitaríamos casi tres veces la superficie de Euskal Herria, además de la que ya existe, para ser autosuficientes.

-La ausencia de reparto del tiempo de trabajo (productivo y reproductivo) y la creciente privatización de los servicios sociales y públicos restan tiempo para poder participar de la vida social y política de nuestros barrios y pueblos; está propiciando la negación a la participación social activa. Afecta, fundamentalmente a las mujeres.

-El aumento del nivel de endeudamiento lleva a la sumisión creciente ante la explotación laboral.

-La mercantilización del ocio y la cultura nos lleva al consumismo.

Todos estos factores hacen que cada vez sean más los sectores sociales que se encuentan en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio y sin medios para poder llevar a cabo una vida digna. Cada vez son más los que viven bajo la amenaza de encontrarse al día siguiente en dicha situación.

El modo de opresión se basa precisamente en esa amenaza permanente y omnipresente, que empuja a aceptar la sumisión y la explotación, provocando una sociedad y una clase trabajadora cada vez más disgrega- da y sometida. Sin embargo, ese proceso de precarización ha sido ocultado por las instancias de poder argumentando cifras macroeconómicas «excelentes».

En los mass media y en el discurso de los políticos profesionales la situación de Euskal Herria se ha venido dibujando como idónea, apoyándose en las cifras macroeconómicas. Y es cierto, tal y como han venido presumiendo Ibarretxe y Sanz, que en los últimos años Euskal Herria ha registrado unos crecimientos de PIB muy superiores (25% en algunos casos) a los de la UE. Lo que no nos han comentado es que esa riqueza no se ha repartido con criterios de justicia social.

Ese gran crecimiento macroeconómico está siendo sustentado en la Construcción y en la especulación financiera, colocan- do sectores estratégicos como la agricultura y la industria en esta lógica especulativa. Es lamentable ver cómo desde las instancias de poder se está dejando agonizar al sector primario, imposibilitando un deseable crecimiento endógeno y una soberanía alimentaria por la apuesta que han hecho por dejar en manos de grandes superficies un sector estratégico.

Ahora que los sectores en los que se sustentaba ese crecimiento virtual están agotándose, salta la noticia de la crisis. ¡Cómo si la clase trabajadora no llevara años padeciendo el proceso de precarización producto de esa lógica depredadora del capitalismo! ¡Cómo si Ama Lurra no llevara años padeciendo la explotación a la que le someten las elites económicas y políticas de Euskal Herria!

Urge la soberanía económica y la democratización de la economía para atajar el proceso de precarización y la crisis. Es cierto que la economía se tambalea, pero es consecuencia del proceso de precarización y explotación al que somete a la población y a la naturaleza el sistema capitalista. Es vital reconocer que el capitalismo y la crisis van de la mano y que este sistema tiende a la acumulación de riqueza en pocas manos, por un lado, y al avance de la precariedad y la pobreza, en cada vez mayores sectores de la población, por otro.

Necesitamos organizarnos, discutir, tomar decisiones y ponerlas en práctica. La actuación coordinada de trabajadores, jóvenes, mujeres, pensionistas... en la búsqueda y aplicación de nuevos criterios de actuación permitirán reconducir la actual situación de crisis a favor de la clase trabajadora.

Hablamos de soberanía económica, de organizarnos para ejercer nuestro poder de decidir y plasmar nuestro futuro económico, el futuro económico de Euskal Herria. Hablamos también de democratizar la economía, de que sea la mayoría de la población la que participe y decida sobre las cuestiones clave.

Ante la crisis y el proceso de precarización es necesario reforzar los derechos sociales y laborales. Desde las actuales instituciones se debería reforzar la protección social, sin embargo, no parece que ésa sea la opción. Un caso evidente es el del derecho a vivienda.

Llegada la crisis hipotecaria, el sector se estanca, los pisos no se venden al mismo ritmo, los precios caen, los bancos y cajas no conceden préstamos tan alegremene. Ante esta crisis, hay dos posibles actuaciones: intentar reflotar el sector y las ganancias del lobby de la construcción o poner las necesidades de la población, el derecho a vivienda y el respeto al medioambiente por encima de todo. Al parecer, ya están cediendo a las presiones del lobby de la Construcción y ya han optado por la primera opción. Han anunciado que la obra civil y la Vivienda de Protección Oficial (VPO) van a ser el refugio de ese sector y para maximizar beneficios proponen subidas en los precios de la VPO.

Otra de las medidas para ayudar al sector de la construcción y a las entidades financieras es la de alargar el periodo de las hipotecas. Esta medida puede ser entendida como una ayuda a la población al acceso a vivienda, pero están asegurando el cobro de las hipotecas a los bancos y cajas. Es más, este tipo de medidas aumenta la cantidad a pagar por parte de los hipotecados.

Creemos que no hay que invertir dinero público para salvar la iniciativa privada y menos a base de potenciar el urbanismo salvaje, que está destrozando nuestro medioambiente, y de hipotecar las vidas de las personas necesitadas de vivienda. La opción más racional es la de potenciar el uso de las viviendas vacías (alrededor de 250.000 en Euskal Herria).

Estas medidas son posibles, sólo hace falta voluntad política. Proponemos que si el Tribunal de Estrasburgo sentencia en contra de las vacaciones fiscales con las que fueron premiadas empresas vascas, las diputaciones exijan el cobro de estas cantidades evadidas o que las propias entidades forales eviten esas vacaciones fiscales durante un año declarando ese ejercicio como «año solidario» y que, en cualquiera de los dos casos, destinen ese dinero a solucionar el problema de la vivienda.

Esos millones de euros pueden servir para confeccionar ese parque público de vivienda en alquiler con las viviendas vacías que existen, y si no fueran suficientes habría que ver si sería necesario construir más. Si se optara por esto, toda nueva promoción pública debería ir destinada al alquiler.

Creemos que si desde las instituciones no se aseguran los derechos sociales es porque no existe voluntad política. Animamos a los diferentes agentes que trabajan en Euskal Herria por los derechos sociales y laborales a ir creando un muro frente al proceso de precarización al que estamos asistiendo, que nos abra el camino hacia la soberanía económica y la democratización de la economía, de manera que recuperemos esos derechos sociales y laborales y mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora.