El fiscal ha pedido dos multas, una de 180 euros y otra de 36, para lxs dos jóvenes acusados de desorden público por interrumpir el discurso del presidente de la Junta, Manuel Chaves, durante la entrega de las medallas de Andalucía el pasado 28 de febrero.

Lxs compañerxs pretendían llamar la atención sobre el problema de los vecinos del barrio sevillano de Begoña, que están amenazados por desalojo y acosados por la especulación, en edificios en los que algunos viven desde hace hasta 35 años, y por los que pagan religiosamente su alquiler..

Durante el juicio celebrado el lunes, una de las acusadas ha explicado que fueron invitados al acto por pertenecer a la Confederación General del Trabajo (CGT), y que acudieron sin intención de interrumpir el discurso, ya que únicamente pretendían desplegar en silencio una "pequeña pancarta" de denuncia por la situación de los habitantes del barrio de Begoña..

Por su parte, el segundo acusado se ha acogido a su derecho a no acudir al juicio.

Uno de los policías que intervinieron en el desalojo de los jóvenes ha asegurado que los acusados no opusieron resistencia ni reaccionaron con violencia, y ha destacado que no oyeron insultos ni expresiones vejatorias.

El abogado defensor ha apelado al carácter público del acto del Día de Andalucía, máxime cuando se realizó en época de campaña electoral y había invitados grupos sociales que pueden no estar de acuerdo con la forma de gobernar del presidente de la Junta, por lo que ha subrayado que había un riesgo de que ocurriera.

El fiscal ha pedido para los acusados 30 días de multa, con una cuota de seis euros diarios, lo que equivale a 180 euros, por una falta de respeto a la autoridad, y otros seis días de multa, con la misma cuota, por una falta contra el orden público.

Por su parte, el abogado de la defensa ha reclamado la absolución de sus representados, basándose en el derecho a la libertad de expresión y en la importancia política del momento en el que ocurrieron los hechos.

A las puertas de los juzgados de Sevilla se han concentrado algunos vecinos del barrio de Begoña para pedir la absolución de los acusados, ya que la manifestación se produjo en un acto público y reclamando un derecho reconocido en la Constitución.

En marzo de 2007 la empresa "Construcciones Opera" comunicó a 15 familias de las calles Guadalcanal y Valdearco el final del contrato, y les instó a abandonar los pisos.

Según el abogado defensor, las casas llevan décadas en el más absoluto abandono, con la intención de que su deterioro progresivo lleve a los inquilinos a dejarlas.

 

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