Por: Genaro López
Obrero de la Construcción,
Secretario General del SUNTRACS y
Miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO
En noticia reciente de un medio internacional se revela que el gobierno de Panamá, entre otros 15 países de América Latina, no permitió al Fondo Monetario Internacional publicar los escritos que incluían estudios realizados por sus funcionarios sobre la situación de la economía de países específicos, así como los documentos en los que los gobiernos detallan los compromisos que adquieren cuando firman un acuerdo crediticio con el Fondo. Esto nos ubica en el grupo de países con menor nivel de transparencia.
Se indica que es la primera vez que el FMI ha señalado el número de escritos que se mantienen en secreto por razones políticas o económicas de países en la región y que busca con esta medida, disminuir las críticas que recibe de una parte cada vez más significativa de personas, gobiernos y organizaciones en el mundo, por el papel que estas instituciones han venido desempeñando.
Que los gobernantes de nuestro país sean aficionados al secretismo no es una sorpresa. Tampoco nos sorprende la superficialidad de los discursos, alejados de la realidad, como aquel en el que el actual Presidente pronosticó que en pocos años, por la ampliación del Canal de Panamá ya seríamos un país de primer mundo, cuando lo que prevalece es el crecimiento galopante de la población que vive en pobreza.
¿Cómo poder confiar en la transparencia de la gestión pública cuando a menudo surgen evidencias de la falta total de intención para hacerlo? Ejemplos sobran, como el acto del gobierno que exime al FIS de divulgar sus transacciones durante todo el año 2008. No hay que olvidar que desde que se creó el FES durante el gobierno de Guillermo Endara, que luego cambió su nombre a FIS, todos los gobernantes lo han utilizado como instrumento político, por medio de la inauguración de pequeñas obras, cortes de cinta, las fotografías de rigor, la distribución de comida el día del acto principal con asistencia del Presidente y otras figuras a las que se les permita sobresalir y así ir adquiriendo electores para favorecer sus intereses.
Son constantes las críticas a los frecuentes viajes del jefe del Ejecutivo y sus comitivas, sin supervisión ni divulgación del uso de nuestros recursos y los resultados de los mismos para el país. Otro ejemplo de lo que señalamos es la decisión de postergar la Ley de Carrera Administrativa de los funcionarios públicos, lo que permitirá nombrar sin el requisito de concurso de méritos. ¿Qué decir de la excepción de efectuar licitaciones públicas para proyectos del PRODEC durante el presente año electoral? ¿Qué de lo sucedido con los fondos del FECE? No podemos dejar de señalar el caso CEMIS, en el que se vieron involucrados Legisladores de varios partidos políticos y que aún permanece sin esclarecer, y muchos casos más de evidente corrupción.
El ingrediente aparentemente nuevo en el escenario de la falta de transparencia - que guía hacia la corrupción - es que quienes pretenden impulsar este supuesto proceso de “rendición de cuentas” son los representantes de los organismos de crédito internacional (FMI, Banco Mundial, BID), los mismos que han sido promotores de la corrupción gubernamental desde el momento en que endeudaron a la población de nuestros países sin importar el uso que se ha dado a los dineros que todos debemos pagar, hasta las generaciones futuras. No podemos olvidar que durante la dictadura militar que rigió este país por 21 años y de la que aún prominentes figuras se mantienen en el actual gobierno, estos organismos ofrecieron cantidades millonarias de dinero en préstamos sin condiciones, sin supervisión alguna y ahora pretenden presentarse como los más transparentes. Aún en la actualidad, se duda de la calidad de supervisión de los proyectos financiados con los recursos de la deuda pública que estos banqueros del mundo hacen al Estado.
No se puede dudar que la ingerencia de organismos como los indicados afecta la soberanía de nuestros pueblos, pero el hecho que los que dirigen nuestro país no permitan al Fondo la divulgación de los acuerdos y estudios económicos no se puede entender como una defensa a nuestra autodeterminación, sino como el secretismo que les caracteriza para ocultar la corrupción. El derecho a la autodeterminación y soberanía de los pueblos no puede utilizarse como excusa para permitir la corrupción. Algunos gobiernos están luchando coherentemente por la defensa de su soberanía; no es el caso de Panamá. Acá los gobernantes luchan fervientemente por ocultar la verdad de la gestión pública, de su manejo en privado, por y para unos cuantos, para permitirse manipular la realidad, con cifras de desempleo, de crecimiento económico, de disminución de la pobreza, y otros, sin sustento.
Ya lo hemos indicado en otras ocasiones, no son honestos, no son éticos, ni los de aquí ni los de allá.
