Por la sanidad pública, derogación de la ley 15/97
Más de 4000 de personas nos manifestamos el pasado día 29 en Vallecas contra la privatización de la sanidad, el cierre del Hospital Virgen de la Torre y por la derogación de la Ley 15/97.
La gestión privada de la sanidad, en sus diversas modalidades, es el mecanismo utilizado para desmantelar la sanidad pública, tanto los hospitales como la atención primaria. Un derecho básico, una forma de salario social, la sanidad, es tratada como un negocio al que exigir “beneficios”. Y así en medio del descontento de trabajadores y trabajadoras, pacientes o estudiantes, hacen fortuna los mercaderes de la salud. El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre se ha puesto a la vanguardia de este frenesí privatizador. La presidenta del PP madrileño puso en manos privadas la asistencia hospitalaria de más de 500.000 personas de Madrid capital. La asistencia sanitaria urgente, la programada, la atención especializada y los diagnósticos de laboratorios de 14 zonas de salud de Madrid se han sumado a la ahora anunciada privatización de dos ambulatorios los de Pavones y Quintana. El primero ha visto ya cerrados los laboratorios de este centro de especialidades y su labor transferida a una empresa privada. Instituto de Salud Publica, un organismo dedicado en los últimos 30 años, entre otras funciones, a medir la contaminación ambiental y la potabilidad del agua desaparece y sus 700 trabajadores se enteraron de ello el pasado 9 de abril por el Boletín Oficial de la Comunidad.
En el emblemático barrio madrileño de Vallecas se inauguró recientemente un nuevo Hospital, el Infanta Leonor al que en el barrio ya le llaman el In fanta de limón por su amargo resultado. Con la gestión sanitaria privatizada las carencias se hacen notar de forma inmediata. Como denuncian tanto las Asociaciones de Vecinos del barrio como los trabajadores del sector: el Infanta Leonor es ya un hospital privado pues sus dueños de hecho son las constructoras Begar-Ploder; su alquiler costará 16 millones €/año –2.600 millones de las antiguas pesetas– durante 30 años; tiene 260 camas donde se requieren 800; hay solo 32 especialidades frente a las 64 del Hospital de Majadahonda situado en zona “noble”. Vallecas se queda con 0,6 camas por cada 1000 habitantes cuando en el 2001 tenia 2,8/por 1000. A todo eso se añade el cierre del Hospital Virgen de la Torre, alegando que ya esta en funcionamiento el nuevo hospital, lo que ha provocado la movilización del barrio.
ONGs de la Iglesia y Multinacionales…los grandes beneficiarios
Como se publicó recientemente en la revista diagonal, “En un contexto de saturación de los hospitales públicos, endeudamiento acusado, caos en la Asistencia Primaria y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la sanidad privada y comunidades limítrofes, el reparto del pastel sanitario encuentra dos destinatarios : las multinacionales y las onG religiosas”.
Una de esas multinacionales beneficiadas es la sueca Capio Sanidad con intereses en nueve países de la Unión Europea y larga experiencia en el sistema de salud británico. En el 2006 Capio Sanidad facturó 249,5 millones de euros, de los que al menos 140 procedieron de las arcas de la Comunidad de Madrid. En el 2007 recibió del Gobierno regional 187,3 millones de euros. Entre los activos de la filial española de esta multinacional se incluyen la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Sur de Valdemoro y otros 18 hospitales privados. Otra parte del pastel sanitario se lo llevan las onGs vinculadas a la Iglesia.
Según denuncia Felicia Barrio en Diagonal, “Es el caso de la onG Desarrollo y Asistencia, vinculada al Opus Dei y presidida desde hace 13 años por el general jubilado José María Sáez de Tejada, recientemente condecorado. Esta entidad mantiene seis convenios con organismos públicos madrileños(…) gestiona el apoyo a los pacientes en dos hospitales públicos, el Clínico (desde 1999) y La Princesa (2001).
A estas alturas, nadie conoce el coste económico real del proceso de privatización. Lo que sí puede medirse es lo que deja por hacer. En 2005, la Comunidad de Madrid prometió la creación de tres nuevas unidades de cuidados paliativos en los hospitales Clínico, La Paz y 12 de Octubre. El retraso de la aplicación de esta medida, que se materializará a partir de junio, ha hecho que los enfermos terminales hayan sido derivados a seis clínicas privadas, cinco de ellas pertenecientes a entidades religiosas”.
Derogación de la Ley 15/97
Como se señala en una declaración hecha por Corriente Roja: “Esta manifestación se inscribe en el proceso de organización de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública y de los usuarios contra la privatización de la sanidad que se está viviendo en Madrid.(…)
La brutal política del PP de introducción masiva de empresas privadas, sobre todo constructoras, está amparado por la Ley de Nuevas Formas de Gestión - Ley 15/97 , aprobada en el Parlamento estatal cuando el PP gobernaba en minoría y que contó con los votos del PP, del PSOE y de la derecha nacionalista. IU votó en contra de la Ley siendo su portavoz Ángeles Maestro.
Gaspar Llamazares anunció el pasado 22 de mayo la presentación de un Proposición de Ley que pretende modificar la Ley 15/97 y que plantea que : "La prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de sanidad". Esta enmienda mantiene la posibilidad de la gestión mediante Fundaciones y no toca la gestión de la sanidad pública con criterios empresariales. Sin duda la participación de IC en el Tripartito catalán que ha mantenido intacto un servicio de salud con amplia participación de la empresa privada, explica que no se plantee la derogación de la Ley. (…)
El papel del PSOE en Madrid, utilizando la sanidad para arremeter contra el PP con objetivos exclusivamente electorales, mientras en otras comunidades autónomas hace cosas parecidas y votó la Ley que lo permite, queda cada vez más en evidencia. Es destacable que el PSOE de Vallekas, que suscribía este Manifiesto que pide la derogación de la citada Ley, fue desautorizado por la dirección de este partido y tuvo que retirarse de la convocatoria”.
El apoyo a la lucha contra la privatización de la sanidad debe incluir obligadamente la exigencia a IU y PSOE así como a CCOO y UGT que exijan del gobierno central la derogación de la Ley 15/97.
Defender la sanidad pública es tarea de todos los trabajadores/as
La defensa de sanidad pública es una tarea que viene recayendo en los trabajadores del sector. A la lucha del personal sanitario exigiendo más dotaciones de recursos económicos y humanos se unieron el pasado 29 de abril los estudiantes para denunciar la creación nuevas facultades de Medicina mediante la “sustracción de recursos públicos de las universidades públicas a favor de las privadas”. Ese mismo día en diversos lugares de Madrid vecinos/as se sumaron a la jornada de protesta. Pero la defensa de la sanidad pública, como de la educación, es un tarea de todos los trabajadores/as no solo de los del sector o los pacientes. Hablamos de un derecho universal básico que se quiere liquidar.
CCOO y UGT han declarado públicamente su apoyo a esta lucha. Pues hay que pasar de las palabras a lo hechos y divulgar en todas las empresas la necesidad de sumarse a esta lucha. Que los Comités de Empresa, las Secciones sindicales y las asambleas se pronuncien y llamen a los trabajadores a participar en cada manifestación convocada en defensa de la sanidad pública. Que en las empresas se apoye la recogida de firmas pidiendo al Gobierno de Zapatero la derogación de la Ley 15/97 porque es la que da amparo legal a la ofensiva privatizadora de Esperanza Aguirre.
