En Bolivia no está planteado un conflicto entre federalistas y centralistas, como pretende la propaganda de la derecha. Los estatutos autonómicos propuestos por los clanes de la Media Luna persiguen el control y la administración directa de los recursos obtenidos por la explotación de los hidrocarburos, y la preservación del latifundio por medio de la administración independiente del régimen agrario. Lo que subyace a la cuestión del separatismo bajo banderas autonómicas es un conflicto de clases, en el que la oligarquía del oriente boliviano intenta poner la base material de su poder más allá del alcance de las reivindicaciones de los obreros, los campesinos, y los pueblos indígenas,  luego de que la  lucha de estos  haya derrotado al proyecto neoliberal del ex presidente Sánchez de Losada, y sus sucesores. Se trata de la lucha por el control de los recursos naturales en un país históricamente saqueado por las potencias imperiales, y al  que ya fueron robados enormes yacimientos de plata y estaño. El artículo 102 del estatuto autonómico, propuesto por los terratenientes y los empresarios de Santa Cruz, es uno de los que recoge el quid de la cuestión: "El derecho propietario sobre la tierra, la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el Departamento de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental". (http://www.aporrea.org/ideologi a/a56372.html)

La explotación económica siempre tiene sus implicaciones ideológicas. En Bolivia, como en otras partes,  la dominación de clase se  traduce en un furibundo racismo, exacerbado por la oligarquía  para amalgamar una ideología funcional a su programa político, y cohesionar una identidad en torno al odio hacia los indígenas. Los latifundistas del oriente, liderados por el fascista Branco Marinkovich y agrupados en "comités cívicos",  recurren con frecuencia a prácticas esclavistas. A propósito de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el 25 de abril de 2008 que "deplora que un alto número de familias indígenas del pueblo guaraní en Bolivia continúen en una situación de servidumbre análoga a la esclavitud". Uno de los artículos del estatuto secesionista  pretende que  el sector de la población de  "condición racial mayoritariamente mestiza" tiene la obligación de "conservar la cultura y promover el desarrollo" de los pueblos indígenas del Departamento. (http://www.aporrea.org/ideologi a/a56372.html)

La alta jerarquía católica, fiel a su tradición reaccionaria, participó en el referendo separatista. Es un error descalificar el referendo con argumentos legalistas. Precisamente, al corroborar la absoluta ilegalidad  del proceso pseudoelectoral y la impunidad total en la que ha operado la derecha boliviana en pos de la "autonomía" de Santa Cruz, la denuncia se convierte en una demostración de que hay un poder de facto ejercido por la oligarquía cruceña,  para la que no existe  otra autoridad que no sea la de su propio poder económico y de los grupos de choque fascistas a sus órdenes.

Aunque los resultados del referendo del 4 de mayo anunciados por las autoridades departamentales carecen de toda credibilidad, pues fueron realizados por una empresa privada y no hubo fiscalización independiente en el proceso, así como tampoco hubo testigos por la opción del No, la sola realización de la consulta puso sobre relieve la existencia de un gobierno paralelo en la región. Las consideraciones acerca de las cifras de la abstención, basadas en los datos suministrados por la prensa afín al movimiento separatista, aunque apuntan a señalar una abstención relativamente alta, terminan otorgando un reconocimiento tácito a los datos de un proceso que fue promovido, organizado, y ejecutado por los partidarios del estatuto secesionista. Las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista eran las encargadas de transportar y custodiar el material electoral, además de atacar a las comunidades que se resistían a la realización de la consulta. Al  cobrarse y darse el vuelto, los fascistas realizaron un enorme fraude, como quedó demostrado con el descubrimiento de numerosas urnas repletas de votos por la opción del Sí, en los lugares en los que la población impidió la instalación de los centros de votación. Quienes denunciaron ante las autoridades regionales el fraude masivo terminaron siendo detenidos y perseguidos judicialmente por la dictadura regional.

En este contexto, el gobierno boliviano, sus gobiernos aliados, y ciertos intelectuales reformistas, como Martha Harnecker, de manera desconcertante presentan el referendo como una derrota para los separatistas y una victoria de Evo Morales. Si bien la movilización popular en todo el país y la resistencia al referendo en Santa Cruz lograron limitar los alcances de la jornada separatista, la lucha popular se realizó a contracorriente del gobierno. El propio presidente Evo Morales  reconoció que se trató de movilizaciones "espontáneas".  El gobierno había concentrado sus esfuerzos en el plano diplomático, procurando persuadir a la OEA de que se pronunciara en contra del separatismo y que mediara para lograr el diálogo con los separatistas. Previsiblemente, la comparsa de gobiernos burgueses y arrodillados frente a los EEUU que compone esta instancia multilateral se negó condenar el referendo. En unas declaraciones contradictorias, el Secretario General Insulza, pidió que el proceso autonómico se llevara a cabo sin violencia y con apego a la legalidad, lo cual a la luz de los hechos resulta un verdadero insulto al pueblo boliviano.

El gobierno boliviano hizo todo lo posible por desmovilizar a los trabajadores y a los campesinos, quienes no obstante lograron impedir la realización del referendo en varias zonas de Santa Cruz, enfrentándose a los grupos de choque fascistas y a la policía, cuya represión dejó varios heridos de gravedad y un muerto. También se realizaron movilizaciones masivas en varias ciudades, destacando las de  La Paz, El Alto, Oruro, y Cochabamba. En esta última ciudad,  alrededor de medio millón de personas  acudieron a una concentración que se extendió  a lo largo de varios kilómetros. Contrastando con las tibias y burocráticas respuestas del gobierno, que apuntan a un reconocimiento de las organizaciones que representan al separatismo, con miras a una negociación, el pueblo boliviano demostró una gran voluntad de movilización y lucha. Antes del referendo ilegal, más de veinte mil campesinos anunciaron estar dispuestos a marchar a Santa Cruz, pero el gobierno presionó a  la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y  evitó la movilización. El argumento del Vicepresidente, Álvaro García Linera fue el siguiente: "La confrontación no va a ayudar a nadie. Ya es suficiente una ilegalidad, la del referéndum, que en realidad es una encuesta. Ya es suficiente una ilegalidad como para seguir sumando otras. Esperemos que los sectores sociales reflexionen". (http://correodelsur.com/2008/0418/reader.shtml?sectores.htm)

Las organizaciones de base que convocaron a la concentración de Cochabamba aprobaron un documento en el que incluyeron como exigencias la expulsión inmediata del embajador de los EEUU en Bolivia, Philip Goldberg, y el enjuiciamiento de los prefectos separatistas. (http://www.jornadanet.com/Bolivia/n.php?a=200805050531541)
 
Frente a la estrategia conciliadora del gobierno, que amenaza con llevar al proceso revolucionario hacia una derrota a manos de los empresarios y los latifundistas, los sectores obreros y populares han ido ganando en independencia política.La Central Obrera de Oruro se había pronunciado a finales de abril por el rescate de la agenda de octubre de 2003, que revertiría el proceso neoliberal y permitiría al pueblo boliviano ganar el control de los recursos naturales.  Su Secretario Ejecutivo, Jaime Solares, declaró: "Los trabajadores no estamos ni con Evo Morales ni con los fascistas de la oligarquía, los trabajadores estamos por la revolución". Frente a la conspiración pro imperialista, la Central planteó la "expropiación de la tierra de los latifundistas" y la "creación de milicias armadas para autodefensa frente a la represión estatal y el fascismo".  (http://www.lafogata.org/08latino/latino5/bol.1.1.htm).

Antes que los intelectuales reformistas o las dirigencias burocráticas, han sido los trabajadores los que han dado con la estrategia para enfrentar a los enemigos históricos del pueblo boliviano. La oligarquía no cesará de usar los medios a su disposición para conservar las iniquidades, y no será persuadida por medio de la negociación de que desista de sus objetivos declarados, como pretende el gobierno. Si realmente se quiere enfrentar al separatismo, se debe barrer la base material del poder que ostentan los empresarios "cívicos", expropiando los latifundios y entregando las tierras a los indígenas y los campesinos. Para aplastar la tentativa oligárquica de controlar los recursos gasíferos de la región, se deben honrar los compromisos sobre los cuales llegó al poder Evo Morales, nacionalizando plenamente la industria de los hidrocarburos, y afianzando esta medida con un régimen de administración bajo control obrero.

* Simón Rodríguez Porras es militante de la Unidad Socialista de Izquierda, y miembro del Colectivo Libre Aquiles Nazoa.