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El pasado 16 de junio ingresaron en la càrcel de Villabona (Asturias) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, miembros de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), en aplicación de una condena de tres años de prisión. El 5 de julio, a instancias de las autoridades penitenciarias, volvieron a pisar la calle al serles otorgado el régimen abierto. Esto representa una primera victoria importantísima de las movilizaciones, en Asturias como en el resto del Estado.

No obstante, el “tercer grado” es una medida discrecional (es decir, revocable en cualquier momento). La sentencia no ha sido anulada ni se ha concedido un indulto. Por lo tanto, las movilizaciones se tienen que mantener, tanto por este caso como los que están por venir.

Los hechos que originan esta sentencia se remontan al 10 de marzo de 2005, cuando el 90 % de los 600 trabajadores del astillero de la Naval de Gijón llevaban un año en paro por no tener carga de trabajo. Ese día, como tantos otros, ante una situación sin salida laboral, se movilizaron en las proximidades del astillero y se dicen que se rompió el cajetín de la cámara de tráfico destinada, no tanto al tráfico, como sí a vigilar las movilizaciones e incluso la parte del interior del astillero.

En la persona de los compañeros Cándido y Morala se condena, en realidad, la lucha ejemplar que los trabajadores de Naval Gijón libran desde hace décadas contra la reconversión y en defensa de los puestos de trabajo. Esta condena a tres años de prisión va contra un sindicato, CSI, y contra sus dirigentes -molestos testigos y peores referentes para el sindicalismo cómplice al uso- que no se plegaron ante el pelotazo urbanístico cuyas edificaciones rodean –asfixian- ahora al propio astillero, incluyendo el mismo edificio donde los han juzgado.

Pero el linchamiento y la criminalización de los compañeros Cándido y Morala no es un hecho aislado. Hoy, para la ideología dominante, todo lo que no se encuadre en lo política y sindicalmente “correcto” es susceptible de generar violencia (acciones de mera resistencia), y por eso se criminaliza al movimiento okupa y a otros movimientos alternativos.

También es el caso de los 78 trabajadoras y trabajadores de Iberia, acusados de haber invadido las pistas del aeropuerto de El Prat el pasado 28 de julio, que han sido inculpados judicialmente de sedición y podrían ser condenados por ello a penas de entre cuatro y diez años de prisión, así como de los 59 jóvenes procesados por ocupar el centro de internamiento para inmigrantes de Zona Franca.

Hoy, volviendo a los tiempos de la dictadura, se encarcela de nuevo a trabajadores por luchar por sus derechos, mientras que a los directivos que cierran empresas, como a los de Delphi, se les incentiva con cientos de millones de euros para que hagan su trabajo sucio, o se les premia con la Creu de Sant Jordi, como al ex presidente de SEAT ¡por 660 trabajadores y trabajadoras despedidos! Se encarcela a trabajadores, mientras los responsables de miles de muertos por accidentes laborales, los mismos que se enriquecen con la especulación inmobiliaria, continúan campando a sus anchas lucrándose a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y de la falta de medidas de seguridad.

Si ya es muy grave que se encarcele a trabajadores por defender su empleo y oponerse a la especulación, aun es más grave que sea a consecuencia de una denuncia del Ayutamiento de Gijón que está gobernado por una coalición PSOE-IU. Debe ser una exigencia de todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los componentes de estas organizaciones, la libertad plena e incondicional.

En Catalunya, se ha constituido la Campaña Unitaria Contra la Represión y por la Libertad de Cándido y Morala. Revolta Global nos adherimos a esta campaña, que ha acordado, como primera movilización, convocar y mantener una: