Panameños en las calles por sus derechos
En primer lugar, la indiferencia y renuencia de las autoridades de investigar y proceder ante las graves denuncias que se realizaron antes del asesinato, sobre los comprobados planes de elementos vinculados al Gobierno y al poder económico de fomentar el asesinato selectivo de dirigentes y luchadores sociales, principalmente del SUNTRACS, a través de la represión policial y la contratación de sicarios tal como ocurrió en agosto del año pasado con los crímenes de los obreros Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles.
La falta de interés de instituciones llamadas a impartir justicia y velar por los derechos humanos, como la Procuraduría de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras, que nada han hecho frente al asesinato por la espalda de un dirigente sindical dentro de un recinto hospitalario; las manifestaciones sofocadas a punta de bala por unidades de la Policía Nacional; la tortura a que fueron sometidos algunos obreros; la deportación ilegal de trabajadores; la sanción injusta a trabajadores dentro de los cuarteles convertidos en tribunales amañados de justicia; la abierta persecución y amenazas contra compañeros y familiares de Al Iromi Smith de parte de agentes policiales como el sub comisionado Diego De León que requirió vivos o muertos a los compañeros Eustaquio Méndez y a los hermanos de Iromi, Alfonso y Máximo Cunnhingam; la brutalidad que mostraron ante las cámaras de televisión unidades policiales que golpearon vilmente a ciudadanos indefensos.
Pudo exponerse el gran “humanismo” de algunos seudo periodistas, comentaristas, directores de medios, empresarios, autoridades y funcionarios para quienes la vida de un obrero vale menos que una caseta de auto bus.
El cinismo y descaro de autoridades, como el segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, quien abiertamente mintió a la opinión pública acerca de un supuesto complot de FRENADESO para desestabilizar al país con el financiamiento del Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela y la presión que en distintas coyunturas ejercen los grupos del poder hacia esos medios para imponerle un cerco informativo a las organizaciones en lucha en base a supuestas razones de seguridad.
El silencio, hipocresía y complicidad de sectores de la autodenominada sociedad civil, jerarquías de iglesias, clubes cívicos, medios de comunicación, partidos políticos, y otros, frente a flagrantes violaciones a los derechos humanos y garantías ciudadanas.
La cobarde actuación de Daniel Delgado Diamante, Ministro de Gobierno y ex colaborador de Noriega; y Rolando Mirones, Director de la Policía Nacional, ante la cadena de asesinatos de obreros, la represión y el hostigamiento ordenados por ellos mismos.
La falta real de voluntad de diálogo del Gobierno para resolver los problemas del pueblo, tal como se ha demostrado con su actitud de no atender la mesa de diálogo abierta en la Defensoría del Pueblo, a la cual sólo asistió cuando la misma le permitía ganar tiempo, mientras sofocaba a sangre y fuego la protesta social, para luego reiterar su propuesta de los desprestigiados y corruptos diálogos de “Yo con Yo”, es decir esos espacios plagados por incondicionales serviles al PRD como la cúpula de CONATO, CONEP, Cámara de Comercio, APEDE, jubilados de Rafael Medina, CONAGREPOTSA, CUM, FENASEP, etc.
Estas situaciones sólo se explican a la luz del reino de impunidad y de la mafiocracia reinante en el país que reiteradamente hemos venido denunciando.
La repuesta del pueblo no se hará esperar. Por ello nos preparamos para intensificar en las calles la lucha del pueblo, hablarle al Gobierno en el único lenguaje que entienden y movilizarnos para preparar la Gran Huelga Nacional de todos los sectores sociales frente a la prepotencia e intransigencia de este Gobierno corrupto que le niega JUSTICIA al pueblo.
