Alán García
Antes de hacer un balance del gobierno, es un deber hacer el recuento de la represión y la violencia en el Perú. Después de ver la Marcha por la Paz, organizada por la Embajada Colombiana con todo el apoyo del gobierno, incluidas las bases alanistas y concertados desfiles por la av. Larco en Miraflores, el distrito más pudiente de Lima, no podemos dejar de denunciar la insistente doble moral de la clase política. También queremos paz, pero no el aprovechamiento de un presidente en caída, que no duda en utilizar a su esposa e hijos para humanizar su imagen, de cuyas actitudes autoritarias y represivas denotan la expresión de la derecha más recalcitrante. Haremos un recuento de la represión actual de García, pues de incluir su periodo 85-90, superaría en demasía a su socio, Fujimori. Isidro Llanos fue asesinado un 2 de agosto del 2006, a 4 días de iniciado el gobierno. Fue abatido por las fuerzas policiales y de seguridad de la Minera Yanacocha, en Combayo, Cajamarca, cuando defendía su poblado ante los planes de construcción de una represa.
El 30 de agosto, Jonathan Condori, un joven estudiante de 13 años murió a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, cuando protestaba contra los bares clandestinos en Sicuani, Cusco. Otro joven, Cirilo Tuero muere a consecuencia de una brutal represión y de un disparo en la cabeza, el 5 de diciembre en Abancay, Apurímac, cuando protestaba contra las transferencias de dinero a Andahuaylas. Más de 80 civiles fueron heridos, entre ellos Dany Valer, joven de 22 años que quedó paralítico de por vida.
El 11 de abril del 2007 es asesinado el joven agricultor Marvin Gonzáles, de un balazo
por la espalda en Chimbote, Ancash, cuando participaba en un paro departamental por la recuperación del Proyecto Chinecas, traspasada a un alcalde del partido del gobierno.
Tres estaciones de televisión y tres de emisoras radiales que transmitieron los hechos, fueron clausuradas. Meses después, el proyecto volvía al Gobierno Regional. El 15 de junio, Oscar Fernández y Julio Reymundo, dos de los trabajadores mineros en huelga desde el 30 de mayo, fueron asesinados por la policía en Casapalca, provincia de Lima, cuando se intentó desbloquear la Carretera Central. La huelga y protestas eran contra los despidos arbitrarios y la explotación de trabajo, que llegaban a las 14 horas diarias.
Rony Cueto, secretario general del sindicato de obreros de la empresa minera Shougang en Marcona, Ica, es despedido junto a otros dirigentes, y luego apresado y confinado el 6 de junio en una prisión de máxima seguridad, por presiones de la empresa. Días antes, los obreros en huelga desde el 7 de abril habían sido duramente reprimidos por las fuerzas policiales, cuando protestaban contra la sobreexplotación. Cueto estuvo dos meses en prisión, sin ninguna prueba de haber promovido algún ataque a la empresa.
Por otro lado, la huelga forzó al gobierno provincial a brindar su apoyo, siendo también detenida varios días e injustamente la periodista y regidora de Marcona Juana Velásquez. El 11 de julio, fallece la profesora Herminia Herrera, 5 días después que sufriera una fuerte caída y golpe en la cabeza, cuando huía de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía durante la huelga magisterial. El mismo día, en la noche de la primera jornada de lucha, un grupo de policías violó el local del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del Perú, SUTEP, golpeando y deteniendo a los maestros sin orden judicial.
El 12 de julio, Robert Huaynalaya, dirigente, es agredido brutalmente en San Isidro, Lima, por un grupo de policías, que lo apalearon en la vereda y lo apresaron, cuando se encontraba movilizándose con un grupo de maestros. El mismo día, Luís Muñoz y Nílvez López entre otros dirigentes del SUTEP y la CGTP son detenidos en diversas locaciones.
Javier Diez Canseco, dirigente del Partido Socialista es detenido en una comisaría del lugar, mientras indagaba sobre las detenciones de medio centenar de profesores. Un jefe policial afirmó que Diez Canseco lo había agredido, cuanto éste oficial tenía el doble de contextura del dirigente, de cojera congénita. El 15 de julio, durante el paro nacional agrario, es asesinado el agricultor andino Julián Altamirano, de 49 años, en Andahuaylas, Apurímac, cuando protestaban por el elevado precio de la urea. Hubo 10 heridos más.
El profesor Sergio Alanoca muere el 19 de julio por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la Policía Nacional, en Juliaca, Puno, cuando participaba en una protesta el 12 de julio contra los posibles despidos arbitrarios y la municipalización de la educación.
El 22 de julio el gobierno publica 11 Decretos Legislativos, como parte de una sistemática criminalización de la protesta, que vienen desde el período Fujimori con sus decretos de “terrorismo agravado” y las leyes de Alejandro Toledo, que penalizaban el bloqueo de carreteras. Estos decretos fueron aprobados en el Congreso, contando con el apoyo mayoritario de la derecha, representada por el APRA, Unidad Nacional, parte de Alianza Parlamentaria y parte del UPP, recortando así los derechos ciudadanos, con detención e incomunicación de personas, alteraciones y elevaciones penales e impunidad de policías y militares que maten personas. El reglamento de uso de armas acaba de publicarse.
En el transcurso de los dos años de gobierno y sobretodo, después de la transmisión de los excesos represivos de la policía en Ancash, viene habiendo una fuerte presión a los medios de comunicación locales, en provincias. En septiembre del 2007 fue cerrada radio Orión en Pisco, luego de una abusiva incautación de los equipos de transmisión, debido a que ésta transmitía información sobre el descontento de la población por el retardo en la ayuda a los damnificados del terremoto del 15 de agosto en Ica. De manera similar el gobierno pretendió que fuera sancionada la emisora católica Radio Cutivalú, por negarse a transmitir un falso pronunciamiento que desacreditaba un referéndum que impediría un proyecto minero en Piura. Existen actualmente una infinidad de emisoras televisivas y radiales independientes que van siendo clausuradas argumentando asuntos formales, a pesar que otras cometen infracciones más graves.
En el Congreso, las leyes de amnistía para este tipo de emisoras fueron rechazadas por los grupos apristas y fujimoristas, con una ayudita de los amigos de “renovación nacional” y del UPP. Eso nos demuestra el persistente doble lenguaje en lo que respecta al derecho a la “libertad de expresión”.
Ollanta Humala, principal líder de la oposición, es acusado el 22 de enero del 2008 por la Sétima Fiscalía Superior Penal, solicitando para él una pena de 15 años de prisión, 50 mil soles de reparación civil y un pedido de expatriación por presunto delito de rebelión por supuestamente haber participado en el “Andahuaylazo”, de enero del 2005. Vicios en el proceso, contradicciones entre el código penal y la Constitución, un incumplido habeas corpus, el apoyo de juristas y organizaciones sociales y políticas del Perú y el extranjero y una fuerte presión pública, hacen retroceder el acoso político en los fueros judiciales. Se archiva el proceso el 14 de abril. Aún resta otro proceso y 7 investigaciones fiscales más.
El 18 de febrero, muere por efecto de disparos a la cabeza realizados por la policía, el campesino Julio Rojas, en Barranca, Lima, cuando participaba, bloqueando la carretera, en el paro nacional agrario contra el TLC de EEUU. Se declaró Estado de Emergencia en 8 regiones. Los campesinos Emiliano García y Rubén Pariona fueron también asesinados el 19 de febrero en Quinua, Ayacucho, con disparos a la cabeza hechos por la policía, cuando bloqueaban la carretera Los Libertadores. Cabanillas y Mulder del APRA, al mejor estilo de Martha Chávez, dirían en el Congreso que “ambos campesinos eran terroristas que se autodispararon con armas de fuego eriazas”. Con videos se demostró luego que las armas eran de la policía, pero el delito sigue impune. El mismo día, un agricultor de 19 años, Santiago Lloclle, muere en Pedregal, Arequipa, al caer por un precipicio cuando huía de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. El 20 de febrero, Edgar Huayta, trabajador en Huamanga, es asesinado por un disparo de la policía, en una movilización que despedía a los dos campesinos asesinados en el paro agrario de Ayacucho.
Otras 73 personas resultaron heridas por las violentas represiones policiales. García, decía que eran los "seudo dirigentes y los agitadores extremistas" los que "empujan como carne de cañón a los pobladores", felicitando a la policía por su "gran convicción y decisión". El 26 de febrero se organizaron actos pro derechos humanos con un velatorio simbólico de solidaridad y exigencia de justicia por los cuatro agricultores asesinados durante el paro agrario, pero fueron impedidos de avanzar, siendo rodeados por la policía y sus carros portatropas. El derecho a libertad de reunión pacífica es ahora común verla restringida.
El 29 de febrero, son detenidos 7 activistas políticos en Aguas Verdes, Tumbes, después de participar en un evento público de la Coordinadora Continental Bolivariana en Quito, donde habrían estado también miembros de las FARC. Se les acusaba de preparar un atentado contra las Cumbres en el Perú, sin ninguna prueba y en medio de la crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela por infiltraciones territoriales recíprocas. Debido a la gran presión pública, fueron liberadas Melissa Patiño, Carmen Asparrent, Guadalupe Hilario, María Gabriel, Armida Valladares y Damaris Velasco, luego de 2 meses de humillaciones y vejaciones. Con 5 meses, Roque Gonzáles sigue aún detenido, por haber pertenecido al MRTA, aunque esa pena ya haya sido saldada. Ahora, el pensamiento se penaliza.
El 24 de abril, Carlos Curitiba es hallado muerto con signos de tortura y corte de bayoneta en la comunidad selvática de Andoas, Iquitos. Efectivos policiales fueron vistos la noche anterior en la zona donde fue hallada la víctima, por lo que se presume una venganza por la muerte de un suboficial de la DINOES durante el conflicto con la empresa petrolera Pluspetrol, un mes atrás. Hubo 50 nativos y pobladores detenidos después de la muerte del efectivo. Hasta el momento no se ha iniciado ninguna investigación. El 25 de abril fallece el minero Santos López, en Acarí, Arequipa, mientras era desalojado junto a otros mineros de los terrenos que decían eran de su propiedad.
Hubo unos 200 detenidos en el Paro del 9 de julio. En Lima, Mario Huamán de la CGTP fue citado por presuntos delitos contra el patrimonio, daños y contra la vida el cuerpo y la salud, sumándose a los dirigentes procesados en Madre de Dios, por haber convocado al Paro, que generaron hechos violentos en aquella región. El 12 de julio, el minero Miguel Yupanqui falleció por impacto de bala, en Pataz, La Libertad, en el enfrentamiento de los trabajadores de la empresa minera MARSA contra la policía. Hay también 35 dirigentes procesados por terrorismo en Piura, por realizar una consulta que rechazaba la actividad minera en Majaz; 39 procesados en Cusco, por protestar contra la ley de privatización de restos arqueológicos; varios perseguidos por el “Moqueguazo” y un sin fin de casos más.
La relación de actos que restringen las libertades y derechos ciudadanos, sobretodo, los referidos a la libertad de reunión y manifestación pacífica, expresión, y libre pensamiento y conciencia, son inconstitucionales. Más aún, esto muestra la engañosa democracia que se dice defender, cuando lo que realmente se defiende son los intereses particulares de empresas mineras, petroleras, etc., que obtienen rendimientos exorbitantes a costa de explotación y reducción de derechos laborales. Por eso, se limita la información a través de la cancelación o copamiento de la prensa y la persecución de las ideas y de dirigentes opositores, incluyendo asesinatos con impunidad en la represión de protestas.
Nosotros seguiremos denunciando todas esas acciones de falsa democracia, que impiden que la población pueda expresarse e informarse libremente. Si en mucho criticamos al gobierno y a los alanistas, es por esa enfermiza tentación de controlarlo todo y el poco respeto por la vida humana. Por ello, su carácter totalitario se nos hace tan familiar y muy de los 90s. La criatura Alan Fujimori Montesinos lleva 2 años de nacido, pero varios de gestación.
#1.- Bueno el Resumen de la represión Alanista
Roxana|04-08-2008 23:34
Estamos cansados de tanta injusticia y de tanta represión, así el presidente pinte de mil colores su discurso, muy poco peruanos le creen, felicitaciones y ha seguir adeltante.
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#2.- Como aprista, repudio las manos tiranas de Alan García.
Víctor César Moreno Arellano|05-08-2008 21:46
Hace muchos años, me di cuenta de que Alan es un hombre sin escrúpulos. Teme a las grupos sociales organizados y nombrados democráticamente. Nada tiene que ver este Alan con el aprismo de Haya de La Torre. Mi padre, aprista, y muchas personas honorables, sufrieron encarcelamiento por ser de ideología aprista. Nuestras madres y sus hijos, los hermanos de nuestras madres, nuestros abuelos, y el resto de parientes, llorábamos el encarcelamiento de estas ilustres personas, todas ellas ejemplos y admirados por su valiente lucha para conseguir mejoras para la ciudadanía de esas épocas, y de las actuales. Mi padre, por ley de vida, ya no existe. Recuerdo que en muchas ocasiones él, mencionó su repudio al tirano y corrupto Alan García. Como algo aún me queda de aprista, también yo repudio las manos tiranas de Alan, y repudio también su incapacidad para hacer de la nación peruana, una nación unida y solidaria. Al Sr. Alba Castro, de quien tuve en su momento la opinión de ser un gran caballero nunca lo imaginé cómodo como actualmente se le ve, al lado del fascineroso Alan. Sr. Castro : Ud. debe abandonar a Alan, Ud. es otra cosa.
Víctor C. Moreno Arellano.
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