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Tal como se esperaba, el referéndum autonómico de Santa Cruz del 4 de mayo acabó con una contundente victoria del ‘sí', que reunió más del 80% de los votos. La consulta se convirtió en una excusa, utilizada con fines diferentes, por los dos protagonistas contrapuestos. Por un lado, el Gobierno de Evo Morales aprovechó para ampliar el apoyo a su Gobierno en todo el país : las ciudades del altiplano se movilizaron en contra del referéndum cruceño y, en Cochabamba, los movimientos sociales organizaron una marcha con medio millón de personas. Los apoyos también provinieron de los países vecinos : casi todos los gobiernos sudamericanos expresaron su solidaridad con el oficialismo y la misma OEA negoció hasta el último momento la paralización del referéndum. En el otro lado, la élite cruceña consiguió el apoyo de la clase media y popular de la ciudad a su causa, agitando la bandera de la democracia y de la libertad en contra del centralismo oficialista. Incluso hubo sectores indígenas locales que apoyaron el referéndum pero, según Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB (Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano), “se trata de líderes de pequeñas comunidades, probablemente pagados por los oligarcas terreros, o que cambiaron un pedazo de tierra para su comunidad con el apoyo público al referéndum. De todas las confederaciones indígenas no hay ninguna que lo apoye : sabemos muy bien que es una estafa, un cuchillo usado para cortar Bolivia y quedarse con la parte más rica”.

Orígenes del conflicto Para comprender esta polarización geográfica y política conviene tener presentes las razones históricas de la distribución de la tierra en Bolivia. En 1953, el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro hizo una reforma agraria que sólo se ocupó de fraccionar y distribuir la tierra de la parte occidental, en el altiplano, densamente habitada por quechuas y aymaras. En el Oriente no pasó lo mismo porque las tierras se encontraban prácticamente desiertas, a no ser por las comunidades guaraníes y las colonias menonitas. Sólo durante el Gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978) se comenzó a distribuir la tierra oriental a empresarios que, gracias a créditos estatales, implementaron un verdadero capitalismo agrícola, diametralmente opuesto a la fragmentación y conducción familiar que había en el altiplano. De hecho, es para proteger la riqueza generada por esta disparidad y quedarse con los ingresos de los yacimientos de gas descubiertos a fines de los ‘70 en la provincia de Tarija que la élite oriental está acelerando el proceso para librarse del resto, pobre y poco industrializado, de Bolivia.

Los dueños de la tierra y la clase alta de las provincias ricas temen que la nueva reforma agraria impulsada por el Gobierno de Morales acabe con sus privilegios y con el clientelismo de las instituciones del oriente. Sin embargo, al menos hasta ahora, no tienen las fuerzas y estructuras suficientes para convertirse en independientes. Por eso, el referéndum del 4 de mayo es, ante todo, una muestra de fuerza antes de volver a sentarse en la mesa de negociación. Las demandas autonómicas continúan en junio, cuando votarán para ratificar su estatus autonómico las demás provincias del oriente, Beni, Pando y Tarija. Tarija es vista como crucial, no solamente porque es la provincia con más reservas de gas, sino porque hay un mayor equilibrio político que en Santa Cruz. El partido de Morales, Movimiento Al Socialismo, tiene muchos más seguidores y va a tratar de convencer a los tarijeños de que la mejor autonomía para Bolivia es la indigenista y redistributiva, ya contenida en la nueva Constitución, que también será sometida a referéndum en los próximos meses