Consideramos que nuestra comunidad no puede quedarse a la cola, como en tantas otras cosas, en materia de reconocimiento del profesorado, al que día a día se le exige más pero que cada vez queda en peor situación laboral, con un sueldo muy por debajo de la media, y que no cuenta con las compensaciones que sí se establecen en otras comunidades. El año sabático consiste en un ‘intermedio’ voluntario retribuido cada cinco años para no acabar ‘quemado’. Esta medida se comenzó a aplicar en nuestro país en el País Vasco –pioneros en la medida–, estableciendo el Permiso Parcialmente Retribuido para Funcionarios Docentes No Universitarios. Con posterioridad Aragón, Castilla y León, Murcia, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha ya se han sumado al reconocimiento de este derecho al profesorado, con lo que son ya siete las comunidades en los que se aplica. En estas comunidades se cobra durante cuatro años un porcentaje menor del sueldo (ronda el 85%), para sufragar en parte el cargo del quinto año, que sería el sabático, con lo que la administración sólo pondría el 25% (aprox.) del sueldo de ese año.
Por esta reivindicación se lleva luchando más de 20 años en nuestro país, al considerar que las condiciones especiales del profesorado, debido a su cualificación profesional, y al medio conflictivo y de continua tensión en el que se convive, necesita un tiempo de parada laboral para oxigenarse, atender a actividades particulares o continuar con los estudios. Por eso reclamamos un marco de reconocimiento en nuestra comunidad que regule las condiciones para solicitarlo, para que el profesorado extremeño no siga siendo el menos valorado, pagado y reconocido de nuestro país. Los recortes de plantilla, la ratio abusiva, los abusos de la administración, la ocultación de datos, etc. se han convertido en norma en la actuación de la Consejería de Educación de Extremadura, que hace muy poco por mimar a un colectivo clave en el progreso futuro de nuestra comunidad. El profesorado extremeño no puede quedarse siempre a la cola en sus condiciones laborales comparadas con las que ya existen en el resto del país. La Consejera de Educación, Eva María Pérez, debe hacer más en este sentido, ya que el reconocimiento institucional del profesorado está quedando sólo en mera propaganda vacía.
