Republicanos y demócratas pugnan en los juzgados de estados
decisivos
En el 2000, cuando el polémico recuento voto a voto de Florida, dos millones de personas en todo EEUU no pudieron ejercer su derecho por irregularidades
en el registro como votante. Este año, cuando los registros han batido récords y se augura una participación histórica, equipos de abogados de ambas campañas ya están enfrentándose en los juzgados de estados decisivos como Ohio, Indiana, Michigan y Florida para decidir quién puede votar. Y ya surgen denuncias de irregularidades.
En EEUU no hay un carnet de identidad, y gran parte de los problemas empiezan a la hora de identificarse. Pero la principal cuestión es que el proceso de registro de votantes no depende de una organización pública gubernamental idéntica en todas partes con las mismas reglas, sino de las autoridades locales, por lo que abundan el caciquismo y las normas que desincentivan o impiden el voto. Los demócratas denuncian que allí donde gobiernan los republicanos se crean obstáculos para que negros, latinos y gente con bajas rentas voten. Los republicanos afirman que pretenden evitar que la gente vote más de una vez.
CARNET DE CONDUCIR
En Indiana y Georgia, por ejemplo, se pide a los votantes un documento de identidad oficial con foto al registrarse. Dado que el único que existe de este tipo en EEUU (al margen del pasaporte, muy minoritario) es el carnet de conducir, se discrimina a quienes no lo tienen porque no tienen coche (la población negra posee coches en un porcentaje menor que la blanca). Otro problema que se da en estados castigados por la crisis económica (como el decisivo Ohio) es la oleada de desahucios de viviendas, ya que al registrarse hay que indicar una dirección. En condados gobernados por republicanos se comparan la lista de votantes registrados con las de personas desahuciadas, y si alguien ha perdido la casa registrada como su residencia no podrá votar por esta discrepancia formal.
Esta semana, The New York Times ha denunciado que en varios estados se han retirado del censo electoral por motivos formales los nombres de miles de personas. Otra fórmula es cruzar los datos con la lista de la Seguridad Social. Esto no es ilegal pero sí el último recurso, ya que si se detectan problemas como nombres mal escritos (habitual con los hispanos) el votante queda borrado.
Del lado republicano, se ataca a la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (ACORN), que se dedica a incentivar el registro entre las capas sociales más desfavorecidas. Hay numerosas denuncias de que en las listas de votantes registrados por ACORN hay miles de casos de doble identidad, identidades falsas y de registro de muertos. Varios de estos casos están en los tribunales, ya que un fraude en el registro permite que haya gente que pueda votar más de una vez o la suplantación de identidad.
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