En una sala repleta de ciudadanos que respaldan a los puertorriqueños independentistas citados al gran jurado en Nueva York y con la presencia de los principales medios de comunicación, la Juez Carol B. Amon del distrito este de Nueva York ordenó que el 8 de julio de 2008 la fiscalía federal-FBI debe afirmar o negar si usó intervenciones electrónicas ilegales para obtener información sobre los jóvenes Tania Frontera y Christopher Torres, quienes fueron citados al gran jurado por sus vínculos con el movimiento independentista puertorriqueño.
El fiscal James McGovern solicitó que las vistas para suprimir las citaciones a los independentistas fueran secretas y los documentos sellados. Los abogados Susan Tipograph y Martin Stolar del "National Lawyers Guild" retaron la petición de la fiscalía y la juez Amon ordenó una audiencia para el 2 de julio, en la cual la fiscalía-FBI debe demostrar por qué las vistas tendrían que ser secretas para excluir así a la comunidad y la prensa.
A la moción para suprimir las citaciones se unieron "La Red Nacional Boricua de Derechos Humanos" de Chicago y el Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico, representados por Alan Levine y Jeffrey Rothman del "National Lawyers Guild". Ambos grupos argumentan que las citaciones al gran jurado violan el derecho a la libertad de asociación. La juez concedió una audiencia para argumentar la intervención de ambos grupos el 28 de julio de 2008.
En la moción presentada por los Lcdos. Tipograph y Stolar queda planteado que los jóvenes independentistas están conscientes de que el gran jurado ha sido utilizado para reprimir al movimiento independentista desde la década de 1930.