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20/01/2007 J. C. Z.

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Grupo Gallardo que explique por qué se propone construir una refinería en el interior y no en la costa. Esa pregunta al promotor forma parte de un informe que el ministerio ha elaborado después de haber hecho una ronda de consultas entre instituciones y asociaciones de la región. En esa ronda, Medio Ambiente les ha pedido sugerencias sobre la planta y, una vez recogidas (han sido casi 3.000), las ha resumido en un documento y se lo ha hecho llegar al grupo industrial extremeño. En el informe, el ministerio indica concretamente que Refinería Balboa debe presentar "como mínimo una alternativa de ubicación en zona costera" y posteriormente justificar "ambiental y energéticamente" la alternativa seleccionada, teniendo en cuenta el transporte del crudo y los derivados, así como las infraestructuras que son necesarias para ello y la energía consumida en el transporte.

Estas peticiones se basan en el hecho de que, con el proyecto actual, el crudo llegará desde el puerto de Huelva, al nivel del mar, y tendrá que ser trasladado 200 kilómetros a través de un oleoducto hasta las inmediaciones de Los Santos de Maimona, que está a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Lo que le preocupa a Medio Ambiente es que este proyecto obliga no sólo a construir el oleoducto, sino a consumir energía y a producir contaminación al tener que bombear, salvando ese desnivel, los seis millones de toneladas de crudo anuales que procesará la refinería .

CENTRALES TERMICAS El documento que recoge las sugerencias enviadas al ministerio por los organismos citados es un trámite previo a la elaboración del estudio de impacto ambiental. Solo cuando dicho estudio esté concluido y presentado se abrirá el periodo de información pública y podrán presentarse alegaciones sobre ese proyecto.

Otro apartado del informe remitido al Grupo Gallardo indica que cuando evalúe la emisión de gases de efecto invernadero deberá tener en cuenta no solo los que produzca la refinería, sino también las emisiones de las industrias auxiliares asociadas a la refinería, el impacto del desarrollo urbanístico estimado como consecuencia de la incidencia socioeconómica de la planta y, además, los efectos sumados de las tres centrales térmicas proyectadas en el entorno (La Zarza y las dos de Alange). Asimismo, indica que, a la hora de valorar la difusión de los gases contaminantes, tendrá que realizar un estudio de afectación que contemple un radio de 20 kilómetros alrededor de la industria y calcular la posible emisión en caso de accidente.

Las mediciones sobre velocidad y dirección de los vientos deben durar al menos un año y ser validadas por el Instituto Nacional de Meteorología.

COMPARAR CON PUERTOLLANO En otro momento del informe, Medio Ambiente pide al Grupo Gallardo que establezca una comparación con Puertollano en cuanto a "incidencia real de una refinería sobre los cultivos de la zona, especialmente vid y olivo, así como en la producción de vino y aceite y en la generación de olores".

Este estudio debe incluir también el impacto de la planta sobre las actividades económicas de la zona, "en especial sobre la actividad agropecuaria y el turismo", con un capítulo específico para las producciones de vid y olivo y la incidencia sobre las denominaciones de origen.

Por lo que se refiere a las infraestructuras asociadas, principalmente el oleoducto que traerá el crudo desde Huelva y el poliducto que distribuirá los derivados del petróleo, Medio Ambiente anuncia que no dará permisos para la afección de espacios naturales como Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Dehesas de Sierra Morena, Dehesas de Jerez y Sierras Centrales y Embalse de Alange, entre otros.

Asimismo, tendrá que realizarse un estudio minucioso de los terrenos por donde discurran los dos oleoductos con el objeto de evitar filtraciones a los acuíferos en el caso de un derrame provocado por la rotura de los conductos. En este mismo sentido demanda un cálculo del volumen que podría verterse si se rompe el oleoducto, especialmente en el trazado que discurra por zonas protegidas o acuíferos.

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http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=281003

20/01/2007  

El proceso para la puesta en marcha de la refinería del Grupo Gallardo es aún largo. Ahora, el grupo industrial debe elaborar un estudio de impacto ambiental, donde recoja las afectaciones que tendrá la planta sobre el medio ambiente y cómo se van a corregir. Se prevé que este trámite se demore alrededor de un año.

Cuando se presente el estudio, Medio Ambiente lo sacará a información pública para que se presenten alegaciones. Cerrado este plazo, el ministerio evaluará dichas alegaciones y emitirá una declaración de impacto ambiental, que debe decir si se permite o no la construcción de la refinería, y si la respuesta es afirmativa, con qué condiciones.

Entonces los promotores podrían comenzar a construir la planta. Además, tendrían que solicitar al ministerio la concesión de permisos de emisión de gases de efecto invernadero con cargo a la reserva de emisiones, ya que para ese momento se estará en mitad del periodo de emisiones 2008-2012.

Según las estimaciones que manejan los promotores, recogidas en la memoria presentada en Medio Ambiente, la refinería comenzaría a operar en el año 2010.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=281004

20/01/2007 J. C. Z.

En abril del pasado año, el Ministerio de Medio Ambiente abría la ronda de consultas preliminares sobre la refinería que ha tenido un plazo "extraordinariamente amplio" según reveló el secretario general para la Prevención de la Contaminación, Gonzalo Aizpiri, dado que, según sus palabras, "se trata de un proyecto de gran envergadura y que ha suscitado un intenso debate público". Aizpiri aclaró que no se trataba de pedir "una opinión sobre el proyecto" sino una "valoración preliminar de qué aspectos se tienen que tener en cuenta en el estudio ambiental" que debe realizar el Grupo Gallardo.

El responsable de Medio Ambiente aclaró también que esta fase no es la de información pública, por lo que no se pueden presentar alegaciones.

Con todo, destacó que se han recibido 2.800 escritos de particulares "algo muy inusual en esta fase preliminar, que normalmente se trata de una consulta restringida". Estos ciudadanos, pese a no ser consultados directamente, decidieron participar en el proceso, igual que lo hicieron entidades como la Asociación Extremeña de Afectados por Retinosis Pigmentaria, la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, la Asociación para la Conservación y Desarrollo de la Sierra Suroeste y la Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines, de Sevilla.

En cuanto a las instituciones y asociaciones a las que sí se consultó, de los ocho organismos estatales sólo uno no contestó, la Dirección de Minas. Respecto a organismos de la Junta, respondieron todos menos la Dirección General de Estructuras Agrarias. Tampoco se pronunció la Diputación de Badajoz. En Andalucía contestaron tres de los seis organismos autonómicos consultados y no respondieron las diputaciones de Sevilla y Huelva. Por lo que atañe a grupos ecologistas, respondieron cuatro de los ocho consultados. Respecto a los ayuntamientos extremeños, la consulta se dirigió a 49, y contestaron seis: Villafranca, Zafra, Los Santos, Fuente del Maestre, Solana y Santa Marta. En Andalucía, de los 51 respondieron 13.

Ayer, el consejero de Agricultura, José Luis Quintana, insistía en que ayuntamientos como Mérida o Fuente del Maestre no habían participado en la supuesta fase de alegaciones. Según Aizpiri tal fase aún no se ha abierto. Además, Fuente del Maestre sí contestó a la consulta del ministerio. Por su parte, el alcalde de Mérida, Pedro Acedo, respondió a lo dicho por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el jueves sobre la inhibición de este ayuntamiento en el periodo de alegaciones, recordando que no pueden presentarse porque aún no hay estudio de impacto ambiental.

todos sabemos en villafranca qhienes apoyan ala refineria tambien sabemos qhienes son los talibaenes refineros... pepinen sayagen  personaje patetico donde los haya un autentico lambuzo  del psoil nadie sabe a qhr se dedica.. bueno si lo sabemos ... a nada  .un autentico parasito, chulo baboso ... otro personaje  tetrico es migel angel garcia domongez  , defenestrado  del psoil en el anteriro mandato  , tan solo lo qherian para pegar carteles y haora .zass de golpe y porrazo  con la llegada a la alcaldia de mamon armario ¨( ramon ropero) te lo ponen de director  da los medios de incomunicacion locales  . autentico inqhisidor, se las da de progresista  .jaja pero es un autentico fascista     en fin  , ya contare algunas historiaS DE ESTOS TALIBANES  DEL PSOIL  
  REFINERIA   NO 

Medio Ambiente aclara que aún no se han establecido medidas impositivas sobre la Refinería de Gallardo en Extremadura

El Ministerio expresa que en ningún caso se ha establecido aún prohibición alguna de trazados del oleoducto o ubicación de la planta

EXTREMADURA AL DIA / 25 ene 2007

El Ministerio de Medio Ambiente aclaró hoy que el documento que remitió en diciembre de 2006 al Grupo Empresarial Gallardo sobre la construcción de la Refinería Balboa en la comarca de Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz, no contempla en ningún caso medidas impositivas, sino que se trata de consultas preceptivas previas para que el promotor elabore su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En una nota de prensa, el ministerio del que es titular Cristina Narbona señala que esta aclaración tiene lugar con el fin de corregir algunas informaciones publicadas por la prensa sobre la refinería por considerarlas "presuntamente erróneas".

Así, Medio Ambiente relata que, una vez recibida la Memoria Resumen completa del proyecto y haberla sometido a consultas previas, el pasado mes de diciembre remitió éstas al promotor del proyecto, con el fin de que el empresario pueda determinar la amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, lo que "no implica que se establezcan condiciones impositivas para la ejecución material del proyecto, sino prescripciones a tener en cuenta en la elaboración del EIA", subraya el ministerio.

Añade el departamento de Cristina Narbona que el único documento que establece condiciones impositivas a un proyecto es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que se adopta en la fase final del procedimiento de evaluación ambiental.

PROCEDIMIENTO / Sin embargo, la fase en la que se encuentra actualmente el proyecto de la Refinería Balboa es una fase previa a la DIA, por lo que aún resta "recorrido técnico y administrativo que desarrollar tanto por el promotor como por las administraciones implicadas". Así, durante esta fase también se incluye la participación de las diferentes comunidades autónomas afectadas directamente por el proyecto, como competentes respecto a las afectaciones de la Red Natura 2000.

Por tanto, también se incluye una preceptiva consulta a Portugal, como país vecino, ya que éste ha anunciado su interés de personarse en el procedimiento, lo que se está desarrollando a través de los correspondientes ministerios de asuntos exteriores.

En cuanto al procedimiento, el ministerio subraya que el traslado de las consultas al promotor supone "una doble garantía" tanto para las instituciones como para los ciudadanos interesados, por los efectos que tal proyecto pueda tener sobre el medio ambiente, así como para los propios promotores de cara a conocer con claridad los condicionantes ambientales que pueden afectar a la viabilidad de su proyecto.

Una vez que el promotor cuenta con el documento para la determinación de la amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental es responsabilidad del propio empresario la elaboración del EIA, que deberá ser sometido preceptivamente a un trámite de información pública por el el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es el que finalmente autorizaría el proyecto.

Una vez realizada tal información pública, el promotor deberá contestar todas las alegaciones recibidas y remitir el expediente completo, en el que se incluyen la memoria resumen, las consultas previas, el estudio de impacto ambiental y las alegaciones, al Ministerio de Medio Ambiente, para que se proceda a hacer la evaluación ambiental del proyecto.

Este proceso culminará con la publicación de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, que se formula sólo a efectos ambientales sobre la viabilidad o no del proyecto con las condiciones, medidas correctoras y/o compensatorias que fueran necesarias.

OLEODUCTO Y UBICACIÓN / En cuanto al contenido de las consultas previas remitidas el pasado mes de diciembre por el ministerio al promotor, en relación con los trazados del oleoducto, no se establece prohibición alguna de trazados del oleoducto o ubicación de la refinería.

Así, en el documento se establece que "como criterio general para la selección de cada uno de los trazados y las distintas alternativas y variantes se deberán evitar o minimizar afecciones sobre espacios de interés ambiental (Lugares de Interés Comunitarios, Zonas de Especial Protección de Aves, Áreas de Importancia para las Aves...)".

Sobre el enfoque necesario para el estudio de alternativas, tanto del oleoducto como de la refinería en si, se ha redactado teniendo en cuenta el hecho diferencial de tratarse de un proyecto nuevo y no ante la ampliación de una instalación ya existente. Según la nota del ministerio, este es uno de los "principales puntos de atención" para la Comisión Europea en sus funciones de garante último del cumplimiento de la normativa europea de impacto ambiental.

DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES / Con respecto a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, Medio Ambiente aclara la "controversia" surgida en la prensa respecto a la necesidad de acreditación de que la instalación disponga de ellos. Así, añade que se trata de una prescripción genérica y habitual en este tipo de nuevas instalaciones.

En el documento remitido al promotor el pasado mes de diciembre se explica que tal obligación deberá satisfacerse de acuerdo con el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión vigente en el momento de la autorización final de la instalación.

Del mismo modo que ésta deberá contar antes de su entrada en funcionamiento con la DIA, la Autorización Ambiental Integrada que emite la comunidad autónoma de Extremadura, la autorización administrativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o la licencia de obras correspondiente al ayuntamiento.

Acerca de la evaluación de los efectos sinérgicos, igualmente, las indicaciones trasladadas por el Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, incluyen el requisito de evaluación, repetidamente recogido por la normativa europea, de tener en cuenta los impactos de las instalaciones establecidas o proyectadas que pudieran tener relación con la sometida EIA.

Para el caso de la refinería de Extremadura, esto incluye la evaluación de los efectos sinérgicos de las emisiones a a la atmósfera de las "grandes instalaciones de combustión de la zona".

Esto supone una "garantía" para el promotor que, añade la nota, a través del premio EIA que él mismo elabora, podrá conocer con anterioridad a las tomas de decisiones con repercusiones económicas la viabilidad o no de su proyecto por superación de niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos, según lo dispuesto en las correspondientes directivas europeas de calidad del aire.

Por último, con respecto a la amplitud geográfica de los estudios que deberán incluirse en el EIA, se ha solicitado la misma que en otros proyectos similares en evaluación en el Ministerio de Medio Ambiente. En concreto, se deberá considerar un radio de 20 kilómetros en contaminantes primarios y una cuadrícula de 70 por 70 kilómetros en contaminantes secundarios.

Las prescripciones remitidas por el ministerio mantienen una metodología homogénea para todos los proyectos de infraestructuras energéticas similares en tramitación ambiental, ya sean las de carácter puntual (centrales de ciclo combinado, refinerías...) como las de carácter lineal (oleoductos, gasoductos...), adaptándose a los hechos diferenciales de cada proyecto en concreto (gasoductos marinos, instalaciones con refrigeración por aire, instalaciones costeras, proyectos nuevos o ampliaciones de instalaciones existentes...).

De la Vega y Narbona, durante la rueda de prensa. (Foto: EFE)

MADRID.- En los últimos meses, el cambio climático se ha colocado en la agenda mundial en un lugar prominente. En el caso español, ha sido la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, la encargada de hacer un balance de la situación actual del planeta al resto de miembros del Ejecutivo. La situación es lo suficientemente preocupante como para que se tomen medidas de forma urgente, por lo que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a varias iniciativas destinadas a tratar de evitar la emisión de gases.

Y es que los hechos son evidentes. No sólo los evidencian informes como el realizado a encargo del gobierno británico o por la o­nU, sino también los datos: el año 2006 fue el más cálido de la Historia en España, y los efectos del calentamiento global se encuentran por todos lados.

Por eso, tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmaron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que una de las prioridades del Gobierno en 2007 sera la lucha contra el cambio climático.

"El Gobierno ha incluido la lucha contra el cambio climático entre las prioridades de su agenda política para 2007. Esta prioridad se pone de manifiesto especialmente en el ámbito de la cooperación institucional, en particular entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Gobierno quiere que mejore la calidad de vida de los españoles y también el medio ambiente", señaló de la Vega.

En cuanto a la adaptación al cambio climático, se ha acordado establecer un Programa Coordinado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La fase inicial de dicho Programa abordaría tres sectores especialmente relevantes para la población y economía españoles: salud, turismo y agricultura.

Para tratar de minimizar en la medida de lo posible las emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto que obligará a que todos los edificios de nueva construcción y los que se rehabiliten o se proyecten a partir del año 2007 dispongan de la Certificación de Eficiencia Energética. Una medida que garantiza a los usuarios de los edificios un conocimiento preciso sobre el gasto energético del mismo, contribuyendo a crear una sensibilización social sobre la eficiencia energética y sobre el ahorro de energía.

A partir de ahora, a cada edificio le será asignada una clase energética, de acuerdo con una escala de siete letras y siete colores, que van desde el edificio más eficiente (clase A) al edificio menos eficiente (clase G). La valoración de esta escala se hará en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación del edificio.

Además, el Consejo de Ministros también ha decidido llevar al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que obligará a las comunidades autónomas y ciudades a tomar medidas para garantizar una calidad mínima del aire y que prevé que cuando se superen determinados límites se puedan suprimir actividades contaminantes, como el tráfico automovilístico.

Según este texto, todas las ciudades españolas de más de 200.000 habitantes deberán aprobar planes para reducirlos y mejorar la calidad del aire

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que cada año en la Unión Europea se producen 350.000 muertes prematuras por culpa de la contaminación atmosférica, de las que el 4,5% se dan en España, una cifra "que hace imprescindible abordar este problema con medidas efectivas".

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que la Ley permitirá que ciudades y comunidades autónomas tengan instrumentos "muy variados" para luchar contra la contaminación ambiental, "sobre todo relacionados con el tráfico y los planes de movilidad". La Ley incluye un sitema de sanciones que contempla multas de hasta dos millones de euros, y el cierre de instalaciones que contaminen por encima de lo permitido.