PSOE y PP discrepan del alcance del diálogo social Muy poco les han tenido que gustar a los dos sindicatos mayoritarios las recetas económicas con las que el PP se presenta a su congreso de junio, sobre todo porque en la mayoría de ellas no sólo no les tienen en cuenta, sino que ni siquiera les toman como referentes para poderlas aplicar.
En las conclusiones con las que el PP corona la ponencia económica que debatirá en su congreso de junio no hay una sola referencia al diálogo social. En el desarrollo anterior de sus propuestas sólo se menciona la importancia del consenso con empresarios y sindicatos al abordar la necesaria reforma del Pacto de Toledo para asegurar el futuro de las pensiones y al plantear las nuevas políticas de empleo y protección social.
En cambio, el PSOE hace descansar la mayoría de las recetas que incorpora a su ponencia en el sometimiento de las mismas al diálogo con sindicatos y empresarios. Los autores de la ponencia recuerdan que en la pasada legislatura se consiguieron una veintena de acuerdos sociales, a partir de la hoja de ruta marcada por el Gobierno en 2004. 'Cada uno de esos acuerdos comenzó con un documento para la discusión propuesto por el Gobierno. Ni impusimos nuestras posiciones, ni asistimos como moderadores o simples espectadores al debate. Pero asumimos la responsabilidad de presentar iniciativas y contribuir, de ese modo, al indudable éxito de estos debates', se lee en la ponencia socialista, donde se hace todo un canto a la concertación con los agentes sociales.
El alcance que debe tener el diálogo con sindicatos y empresarios es, quizás, el mayor elemento distintivo de las estrategias económicas que los dos grandes partidos debatirán en los congresos previstos para el verano. De hecho, en la del PP se contienen la mayoría de los objetivos que el PSOE defiende para superar la desaceleración, pero sin vincularlos al acuerdo previo con la patronal CEOE y con las centrales. El principal partido de la oposición aboga por aplicar los principios de libertad, solidaridad e igualdad de oportunidades; defiende una política medioambiental que impregne todas las políticas sectoriales, un sistema educativo de calidad, así como el fomento de la sociedad del conocimiento y la implantación de las tecnologías de la información. Nada que, en teoría, no pueda reconocer como proyecto propio el PSOE.
Más productividad
Las recetas que proponen las dos grandes formaciones políticas también se asemejan bastante. El aumento de la productividad, la liberalización del sector servicios, el establecimiento de una mayor competencia en los mercados, la generación de incentivos a la inversión nacional y extranjera, así como la reducción de la dependencia energética, figuran entre las propuestas destacadas del PSOE y el PP.
Ambas formaciones eluden también hablar abiertamente de abaratamiento del despido. Reivindican el concepto de flexiguridad, con el que pretenden encontrar una combinación creativa de nuevas políticas laborales.
Esta es también la expresión con que la Estrategia Europea de Empleo asume la experiencia de los países nórdicos en las últimas décadas. Este modelo nórdico, recuerda la ponencia socialista, se basa en dos elementos: menos restricciones legales para la contratación y la rotación de trabajadores y unos programas más generosos de desempleo condicionados a potentes mecanismos e incentivos al cambio y la formación para reintegrarse en el mercado de trabajo.
Diagnósticos comunes sobre los males de la economía española
Pérdida de competitividad. Ninguno de los dos grandes partidos discute que se debe, en parte, a la fuerte dependencia energética, el diferencial de inflación con la media de la zona euro y el todavía bajo crecimiento de la productividad.
Déficit por cuenta corriente.Es uno de los flancos débiles porque se sitúa entre los más altos de los países desarrollados y hace a España especialmente vulnerable debido a la necesidad de financiación externa.
Pérdida de empleo. Los dos partidos coinciden en que la evolución de la Encuesta de Población Activa es preocupante.
Apuesta por el modelo nórdico de desarrollo
El PSOE importa también en su ponencia económica el modelo nórdico para enfocar el desarrollo del Estado del bienestar y defiende que hay aspectos relacionados con la educación, el seguro sanitario, la protección frente al desempleo y las pensiones en los que el sistema de provisión pública es claramente más eficiente que los sistemas privados. La ecuación casi perfecta, argumentan los socialistas, consistiría en dar con un modelo que combine la liberalización de los mercados, la inversión social permanente y las políticas activas de bienestar.
'Si desarrollamos las políticas adecuadas', se lee en la ponencia del PSOE, 'antes de lo que imaginamos viviremos en un país donde los ciudadanos producirán energía desde sus casas, reciclarán sus basuras, aprovecharán el sol y el viento que pasa por sus tejados y recargarán las baterías de sus coches tras kilómetros de rozamiento. Esa energía se almacenará en pequeñas pilas y depósitos domésticos, para ser consumida más tarde o intercambiarla a través de una red interconectada, como la que hoy nos permite enviar y recibir información a través de Internet, sin movernos de nuestro sillón'.
En opinión de los autores de la ponencia socialista, este modelo será sostenible y más productivo, mucho más igualitario y generará más empleo. El trabajo que será sometido a debate en el XXXVII Congreso defiende también que la competitividad de los mercados y la renta per cápita no son las únicas magnitudes válidas para reflejar el nivel de bienestar de los ciudadanos europeos y españoles. En este contexto, apunta a indicadores alternativos como, por ejemplo, la esperanza de vida más larga, una distribución de la renta más equitativa y un medio ambiente más protegido.
Federico Castaño
Cinco Dias
La ponencia del PSOE para su Congreso abre el debate sobre el modelo danés de política laboral, que cuestionan tanto CCOO como UGT.
19-05-2008 - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha descubierto la flexiseguridad, aunque alguno de los personajes que transitan por la órbita presidencial se ha inventado un nombre casi tan raro como el otro para definir cómo deberían ser las políticas sociales de la socialdemocracia europea en el siglo XXI: «Estado dinamizador».
El debate sobre el modelo danés respecto al equilibrio entre la seguridad y la generosidad en el cobro de la prestación por desempleo y la flexibilidad en la entrada y la salida en el mercado de trabajo viene de atrás y ha dado para un libro verde de la Comisión Europea, complaciente con el modelo danés. Pero la experiencia nórdica, muy costosa y de dudosa aplicación en tiempos como los que corren -llámese crisis, llámese desaceleración-, no convence a todo el mundo. Por ejemplo, no ha gustado un pelo a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que el pasado 18 de octubre, durante su reunión en Sevilla, aprobó un documento fijando una posición muy crítica con la propuestas de la Comisión.
Esta semana, el PSOE ha presentado la ponencia marco para su próximo Congreso y uno de los temas estrella ha sido la flexiseguridad.Los socialistas apuestan por un «Estado dinamizador» que sitúe al frente de su discurso «el valor de la igualdad dinámica. El objetivo del Estado del bienestar del siglo XXI», dicen «ha de ser luchar contra la transmisión intergeneracional de las desigualdades sociales» y «debe concentrar sus esfuerzos en las políticas a favor de la formación y el crecimiento del capital humano», poniendo el énfasis «más en la inversión que en la subvención».
La CES, en su día, fijó una posición contundente y subrayó que una mano de obra estable «es buena para la productividad y la competitividad. La idea de que la Europa social y la competivividad no van de la mano, que la flexibilidad de las empresas y la seguridad de la mano de obra se contradicen, es falsa».
La resolución de la organización sinidical reclama un sistema de protección social robusto y de calidad, situar en el centro de la flexiseguridad la calidad de los empleos, mejorar los sistemas de protección social; invertir en políticas activas del mercado de trabajo, promover la formación permanente de los trabajadores y avanzar en la igualdad de género. Esto es, algo muy parecido al documento de la Comisión, pero descartando que la desrregulación del mercado de trabajo o las fórmulas que se basan en el abaratamiento del despido sean la solución.
DINAMARCA
Un siglo antes de que se inventara el nombre, el modelo original de flexiguridad existía en Dinamarca. España no es el primero en intentar imitar un ejemplo que, hasta ahora, no se ha revelado fácilmente exportable. La combinación de normas ágiles de contratación y de despido, asistencia pública sólida y una política laboral activa es producto de la socialdemocracia de un país muy autóctono y con una larga tradición de confianza entre interlocutores sociales y empresarios, que deriva en una notable ausencia de fraude.
El rico Estado, pionero en la protección social tras un acuerdo histórico de 1899 entre sindicatos y empresarios, está acostumbrado al equilibrio y la movilidad sectorial como ningún otro socio europeo. Se estima que se pierden cerca de 250.000 puestos de trabajo, los mismos, o un poco menos, que los que se crean, mientras casi un millón de daneses cambia de empleo, en ese tiempo. La tasa de desempleo, por debajo del 3%, sigue siendo una de las más bajas de la UE.
Los desempleados tienen unos rendimientos altos, pero mantenerlos depende de la capacidad que demuestren para pasar de un puesto a otro. Los parados cobran hasta el 90% de su salario con un techo de unos 2.000 euros mensuales durante un tiempo máximo continuado de cuatro años. Además, los permisos de maternidad duran 50 semanas, frente a las 16 pagadas en España.
FRANCIA
El Gobierno de Sarkozy lucha por importar una versión más suave de la flexiguridad. En enero, los sindicatos aceptaron un pacto para facilitar la ruptura de algunos contratos de larga duración, aunque sólo de mutuo acuerdo, impulsar nuevos textos de año y medio e incrementar la extensión de los periodos de prueba de uno a dos meses para los obreros y de tres a cuatro para los directivos. A la vez, los sindicatos han logrado mejorar algunos derechos para un empleado tras un año en una empresa, con formación, seguro médico y otras ayudas. En Francia, los receptores del paro disfrutan del nivel máximo mensual más alto de la UE, más de 5.600 euros hasta 36 meses, salvo en casos de empleados a punto de jubilarse, que pueden alargar el periodo.
BELGICA
Bélgica también quiere ser más flexigura, pero su anquilosamiento histórico -es uno de los Estados de la UE donde menos se cambia de trabajo y los empleos temporales suponen sólo el 8% del total frente al 14% de la media europea- y sus fuertes subsidios lo dificulta. La negociación es aún más dura por el enfrentamiento entre los ricos flamencos y los empobrecidos valones, principales receptores de los beneficios sociales, de los más generosos de la UE. El Estado, que carga sobre el empleo los impuestos más altos de Europa, mantiene a sus trabajadores básicamente de por vida, con tal de que éstos demuestren haber estado empleados un año, e incluso paga un mínimo a los jóvenes menores de 30 años que no consigan un puesto nada más salir de la Universidad.
ITALIA
El mercado de trabajo italiano es muy flexible. Excesivamente.Hasta el punto que fomenta la precariedad, según denuncian los críticos de la Ley Biagi, aprobada en 2003 por el anterior Gobierno deBerlusconi. Se trata de una normativa que introduce nuevas modalidades de contratos (desde el de suministro al de aprendiz, pasando por el de trabajo intermitente, accesorio, ocasional) y ofrece exenciones fiscales y reducciones en los pagos a la Seguridad Social a las empresas que los empleen.
La Ley Biagi redujo drásticamente el paro, pero sus detractores afirman que se a costa de reducir los derechos de los trabajadores.Por otro lado, las prestaciones a los desempleados no son lo que se dice muy boyantes. Los trabajadores que pierden su empleo tienen derecho a sólo siete meses de paro, aunque desde enero el plazo se ha ampliado a ocho. Y las cantidades que cobran tampoco son para tirar cohetes: el 40% de la retribución laboral que han recibido en los últimos tres meses, con un techo de 1.031,93 euros al mes.
En cambio, la baja por maternidad es de cinco meses (percibiéndose el 80% del sueldo), a los que se pueden añadir hasta 11 meses más en los que se recibe el 30%. Además, también están los llamados «cheques familiares» para ayudar a los núcleos con las rentas más bajas. Una familia de cuatro miembros que al año gana menos de 12.500 euros anuales recibe al mes una ayuda de 258 euros.
ALEMANIA
Hasta el 1 de enero de 2005, el modelo socio-laboral de Alemania pasaba por ser uno de los que gozaba de mayores prestaciones del mundo, pese a una economía sin fuelle 4,5 millones de parados y un 3% de deuda pública. Pero la reforma conocida como Agenda 2010, que le costó la cabeza al canciller socialdemócrata Gerhard Schröder y sin embargo encumbró a su sucesora conservadora, Angela Merkel, ha reactivado las macrocifras (3 millones de desempleados, déficit cero por primera vez desde 1969 y una previsión de crecimiento del 1,7% para 2008) con un claro damnificado: el trabajador.
A partir de 2005, las prestaciones se redujeron de los 32 a los 12 meses, con una excepción en los mayores de 55 años, que podían recibir paro hasta un año y medio. El subsidio de desempleo de larga duración se equipara con la ayuda social y el interesado debe aceptar prácticamente cualquier trabajo que le ofrezcan.
MEXICO
En México no existe seguro de desempleo y la seguridad social sólo cubre a las personas activas, que aportan en torno a un 5% de su sueldo al Seguro Social. Cualquier trabajador despedido tiene derecho a tres meses de salario y la parte proporcional de vacaciones y paga extra. La cobertura sanitaria se prolonga entonces tres meses más a modo de ayuda al trabajador, aunque sólo para gastos menores.
El único seguro de desempleo existente es el de la alcaldía del Distrito Federal y asciende a unos 100 euros durante los tres meses posteriores al despido, aunque después de muchos trámites y de muy reducido alcance. El 30% de la población del país trabaja, sin ningún contrato y por tanto sin nigún tipo de prestaciones sociales.
Texto elaborado con informaciones de Pascual García, María Ramírez, Irene Hdez-Velasco, Carlos Alvaro Roldán y Jacobo García.
El Mundo