Unas 200.000 personas se manifestaron hoy por el centro de Lisboa para protestar contra un proyecto de Código del Trabajo y dar una nueva prueba de rechazo a la política de reformas del Gobierno socialista.

La marcha siguió a otras varias protestas convocadas desde la izquierda en los últimos meses contra el Ejecutivo de José Sócrates, que lograron sacar también a la calle a cientos de miles de personas, una cifra multitudinaria para la baja participación que suelen tener en Portugal las manifestaciones.

El primer ministro declaró, no obstante, que 'no le impresionan los números' sino los argumentos y reiteró su empeño en buscar un acuerdo para modernizar la legislación laboral lusa y hacer a las empresas más competitivas.

Convocados por la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista) los manifestantes gritaron consignas contra la alteración del Código del Trabajo, que consideran perjudicial, orientada a facilitar el despido y a acabar con ventajas conseguidas en la negociación colectiva.

El líder de la CGTP, Manuel Carvalho da Silva, anunció hoy durante la manifestación, que el día 28 se llevará a cabo otra jornada de protestas, esta vez en varias ciudades del país, para defender la actual legislación laboral.

Carvalho da Silva subrayó que la manifestación de hoy quiso mostrar también el rechazó sindical a las políticas sociales del Ejecutivo socialista, a la precariedad de las pensiones y al aumento de las desigualdades y la pobreza en el país.

Por su parte, el ministro de Trabajo, José Vieira da Silva, aseguró que no se alterará la modificación del Código en función del número de manifestantes que recorran las calles de las ciudades portuguesas.

Aunque 'no cierra los ojos' a la realidad de la calle, subrayó, una manifestación no paralizará la iniciativa legal.

Según los datos de la Policía y de los sindicatos los manifestantes rondaron, arriba o abajo, los 200.000, cantidad suficiente para convertir la Avenida de la Liberdad, la principal arteria de Lisboa, en una marea humana que no paró de lanzar gritos y agitar pancartas contra la política socialista.

La CGTP mostró así, una vez más, su rechazo al proyecto laboral del Ejecutivo, aunque oficialmente pretende reducir el número de contratos a plazo y beneficiar a los trabajadores autónomos que prestan servicios habituales a una misma empresa.

El Gobierno socialista levantó también la alarma entre los empresarios con su plan para que éstos paguen una parte de las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas ahora en exclusiva por los autónomos.

Una asociación que agrupa a esos trabajadores mostró también sus reservas sobre los posibles resultados del nuevo sistema porque podría disuadir a las empresas de recurrir a autónomos o empujarlas a adoptar métodos de reducción de costos.

Los sindicatos temen además que las empresas encuentren fórmulas para perpetuar la situación de los autónomos en sus plantillas y se perjudiquen los contratos de trabajo.

La CGTP se mostró especialmente crítica con la prevista caducidad de todos los convenios colectivos con más de 10 años, que según el plan de reforma tendrían que ser renovados en un plazo de año y medio con el objetivo de dinamizarlos.

Pese a esas críticas, el proyecto socialista propone una reducción de la tasa que paga el trabajador a la Seguridad Social desde el 32 al 24,6 por ciento de sus ingresos.

El texto aspira igualmente a favorecer la flexibilidad laboral en aspectos como los horarios, un factor que Sócrates considera esencial para asegurar el éxito de las empresas y la creación de puestos de trabajo.