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Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió el jueves 22 en Lima que termine la persecución penal contra los líderes indígenas peruanos involucrados en los incidentes del pasado junio para “restablecer la confianza” entre éstos y las autoridades.
La FIDH y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), presentaron el informe: “Perú-Bagua, Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico – Urge abrir diálogo de buena fe” (dar clic para descargar informe).
El informe presenta los resultados de la misión de investigación que la FIDH llevó a cabo en Perú los días 16 a 19 de junio de 2009 sobre los luctuosos sucesos de Bagua del pasado mes de junio que se saldaron con la muerte de 33 personas más un desaparecido, y dejaron a unas 200 personas heridas.
El informe fue presentado por la Vice-Presidenta de la FIDH, Soraya Gutiérrez, abogada colombiana, y por Miguel Jugo, de (APRODEH), quienes subrayaron las “responsabilidades políticas” del Gobierno en aquellos hechos, por haber montado “un operativo policial mal planeado y mal ejecutado”.
Respecto a la principal organización indígena amazónica, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la FIDH consideró un error el hecho de “criminalizarla” en alusión a los 89 procesos judiciales abiertos contra sus líderes y miembros por los sucesos de Bagua.
Según Gutiérrez, el Gobierno tiene la obligación de “ofrecer a las víctimas reparaciones por acción u omisión antes incluso de que se complete el proceso judicial” como medida de confianza, y debe dar además “un carácter vinculante” a las actuales mesas de diálogo abiertas entre funcionarios, indios y otros miembros de la sociedad civil.
Miguel Jugo destacó que las muertes de los policías deben ser castigadas, “pero las responsabilidades penales son individuales”, mientras que en el caso de las muertes de los indígenas vio una “responsabilidad política” del Ejecutivo peruano.
La misión estuvo integrada por la Hermana Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), y el Dr. Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
El informe analiza los sucesos y presenta el marco previo a los enfrentamientos, es decir las protestas que surgieron a raíz de la adopción por el gobierno peruano de una serie de decretos legislativos dirigidos a facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, y el escenario posterior a los enfrentamientos.
La FIDH denuncia que durante los hechos ocurridos en la llamada Curva del Diablo los días 5 y 6 de junio y en días posteriores, se violaron el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido en forma arbitraria y a la libertad de expresión.
Se destaca en particular la criminalización de los líderes indígenas que obstaculiza la posibilidad de un verdadero diálogo.
Estos trágicos sucesos no pueden quedar en el olvido ni deben permanecer impunes. Para ello, la FIDH recomienda, entre otros, la creación de una comisión investigadora totalmente independiente, que pueda esclarecer los hechos sucedidos y pide el respeto del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
La gravedad de este caso deja al descubierto profundas tensiones así como, en algunas ocasiones, la persistencia del racismo, por lo cual alentamos a que se abra un verdadero diálogo y que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el marco de las políticas y actividades comerciales.
Las recomendaciones de este informe destacan asimismo la necesidad de aportar ciertas modificaciones al marco legal para que se garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas y en particular su derecho a consulta cada vez que una decisión o actividad pueda tener repercusiones sobre ellos o sobre sus tierras y territorios tradicionales.
La FIDH invoca al Estado peruano a respetar los convenios y tratados internacionales que protegen el derecho de los pueblos indígenas, derogar las normas que afecten estos derechos, cesar la persecusión de los dirigentes y autoridades indígenas criminalizados en el marco la movilizacion amazónica y abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que agraven la situación previa al conflicto.
Finalmente, la FIDH formula recomendaciones a terceros Estados y a las empresas con el objetivo de prevenir las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos humanos en general, en el marco de las políticas comerciales y de inversiones, permitiendo así reducir además el riesgo de conflictos sociales.
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