Dicho esto, viéndome en la ficción en la misma situación que la demandante Telma Ortiz, hermana de la mujer casada con el hijo del rey hispano, me parece vergonzoso e inmoral el alegato de la sentencia de esa jueza que niega la razón a su argumentario a quien pidió amparo para no ser aplastada por los medios. La jueza, así, no sólo no da la razón a Telma Ortiz, es que la reduce a personaje público a la fuerza. El hecho de haber comparecido en algunos actos propios de la vida oficial de su hermana real la convierten, para esta servidora de la justicia, en virtual esclava de los medios... Y es porque no ha tenido en cuenta la sencilla regla de que lo que no es un acto público, es privado y merece protección.
Está claro: si esta mujer, hermana de una esposa postinera, quiere vivir tranquila tendrá que irse a vivir a otro país y no volver a pisar éste. La jueza se vale de filigranas leguleyas para dar la razón a los medios, y de paso para someter a esta mujer a la horrorosa tiranía de los medios.
Sin duda, en este por llamarlo de cualquier modo criterio de la jueza, debe estar la mano negra e influyente del mal llamado cuarto poder que cuando quiere se convierte en primero.
Y es que los conceptos de privacidad y exhibición, de público y privado en estos casos en que las personas demandan protección a su intimidad, están viciados a priori. La intención sin duda es compensar las prebendas regias con el desprecio a cualquier protagonista secundario del entorno de los privilegiados.
Porque la confusión y falta de nitidez entre lo público y lo privado, en este aspecto personal, son debidas a la voluntad previa de jueces y juezas que prefieren reforzar el derecho de pernada del periodismo sobre todo aquél o aquélla que al periodismo interese para hacer caja, antes que proteger la intimidad del ciudadano común.
La información, los datos, la exhibición de hechos y comportamiento lícitos acerca de cualquier persona, pública o del montón, son una bellaquería, un asalto a los derechos ciudadanos más elementales. Plantear las cosas como lo hace esta juez equivale a ordenar a la prostituta o prostituto profesionales que, porque se acuestan ordinariamente con cientos o miles de personas a lo largo de su vida, deberán soportar a la fuerza todo coito, toda relación sexual, aunque no sean deseados. Al final, su violación.
Esta aberrante interpretación de la privacidad y de la vida pública por ser familiar de un miembro de la Casa Real, hace aberrante también a quien juzga así y a todo el aparato judicial y periodístico de este país que se suben al carro de ese criterio torticero.
No hay personajes públicos por definición. Somos públicos sólo en actos o situaciones que por su naturaleza indubitada son públicos. Todo lo demás es regatear el derecho a la privacidad para reforzar los intereses de los medios y de sus propietarios. Esta teoría judicial se une a aquella otra maldita, la preventiva. Y ambas no hacen sino ponernos al común de los mortales, cada día un poco más, en manos de los que gracias a esa falta de escrúpulos han obtenido licencia para maltratar, para abusar y para sodomizar a quienes se les ponga por delante.
Suma y sigue en los disparates de esta sociedad nauseabunda por culpa de esa clase de personas sin escrúpulos que nos juzgan y que se creen con derecho a gobernarnos indirectamente a capricho...
#2
17-05-2008 09:16
El último párrafo resume todo. Ahí está el quid de la cuestión: quienes están obligados a impartir justicia, son quienes la pisotean a cada instante. ¿Quién vigila a esta gente? ¿Quién se preocupa de que no prevariquen? ¿En qué manos está nuestro destino, Sr. Bermejo?
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#3.- ¿que chorrada de articulo es este?
2|17-05-2008 16:40
¿que chorrada de articulo es este?
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