Los comunicadores de Indymedia-Ecuador fueron detenidos ayer en la noche por la Policía Judicial (PJ) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), los detuvieron mientras se encontraban en la calle y después los condujeron a sus casas para allanar violentamente sus domicilios y llevarse computadores, afiches, libros y cds supuestamente como pruebas que los vincula con movimientos políticos de izquierda.

Según el Fiscal encargado del caso, el operativo se realizó para detener al activista Antonio Alcívar de ciudadanía colombiana, que tenía orden de prisión por presunta suplantación de identidad. Durante el operativo se encontraban los jóvenes comunicadores y se los detuvo de manera arbitraria sin existir cargos en su contra.

Este hecho evidenció el abuso por parte de las autoridades de justicia dado que fue innecesario que los apresen, destruyan sus pertenencias e incauten sus bienes, para lograr declaraciones que ayudarían a la investigación de la PJ. Los periodistas de Indymedia pudieron haber accedido a cualquier indagación en caso de ser necesario, por lo que se pudo usar otras formas de investigación que están previstas en la ley sin recurrir a la violencia, como fue la actuación de los agentes policiales.

En las interrogaciones que se realizaron se pudo evidenciar el intento de criminalizar a los periodistas por el hecho de poseer afiches del che y de otros eventos organizados por movimientos sociales latinoamericanos. Según la Policía Judicial este tipo de materiales son de carácter subversivo.

El tener una afiche con el rostro del che, desde ningún punto de vista representa un delito, dado que para elimiminarlos habría que entonces que hacer allanamientos también a las oficinas públicas.

Como se han dado los hechos, el caso de aprensión, presumimos que fue realizado con la intención de amedrentar a la prensa alternativa que tiene una forma crítica de abordar la información y está comprometida con las luchas sociales. Por lo que constituye en una acción de violación al derecho de libertad de expresión.

Por otra parte el ciudadano colombiano al que se le quiere imputar del delito de utilizar otras identidades, es una persona que sufre de discapacidad y todavía se encuentra detenido para las investigaciones pertinentes.

INREDH estará atento a este tipo de casos violatorios a los derechos humanos, para que no se vuelvan ha cometer abusos por parte de la institución policial que atentan los derechos legítimos de las personas.