En los primeros días del nuevo Gobierno, hemos visto el interés de ciertos medios de comunicación de ensalzar y ejemplificar supuestas acciones de “autoridad” y “orden” en el país.
La campaña mediática presenta al nuevo Presidente derrumbando cercas e instalaciones de cuestionados proyectos en Amador, incluidos el del empresario Jean Figali, cuyas deudas millonarias al Estado y las irregularidades cometidas en las construcciones y rellenos, solo pudo ser posible por los nexos de estos empresarios inescrupulosos con los distintos gobiernos y las coimas que repartieron a funcionarios corruptos. Igual situación seguramente se presenta en otros proyectos a nivel nacional, incluidas minas e hidroeléctricas. “Se acabó el relajo”, dicen.
Asimismo, en su afán de proyectar medidas de “mano dura” los medios de comunicación resaltan las declaraciones del Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, donde ordena a los custodios que disparen contra los reos que intenten fugarse de los centros penitenciarios. El mismo Ministro expresó que no toleraría los cierres de calle y que reprimiría a los manifestantes.
Mientras tanto, “Telemetro Reporta” tituló el jueves 9 de julio: “Policía pone orden al SUNTRACS” en proyecto en Rodman. Sólo para mencionar algunas “noticias” de los últimos días.
Muy poco le importa a los medios si algunos de estos hechos pueden convertirse en flagrantes violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales. ¿Quién dio potestad a un Ministro para ordenar acabar con la vida de seres humanos de esa manera? Poco se habla de la moratoria judicial que mantiene por años a panameños aguardando juicio mientras viven hacinados en llamados centros penitenciarios infernales que en vez de ser centros de rehabilitación constituyen Escuelas del Crimen. Más de la mitad de los presos de Panamá guardan prisión pendientes aún de juicio y condena y permanecen a las órdenes del Órgano Judicial o del Ministerio Público, según las mismas estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional.
Según estas declaraciones, Mulino estaría avalando hechos como el ocurrido en octubre del 2007, cuando el reo, Daniel Vela Rodríguez, que se entregó tras una fallida fuga de La Joyita, fue muerto a golpes por agentes de la Policía Nacional como lo demostró la autopsia practicada al cadáver. Los Policías alegaron que “se había caído de un árbol”. Mulino estaría igualmente reivindicando los abusos y atropellos a los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar a la cual sirvió el actual jefe de la Policía Nacional, Gustavo Pérez hijo, en calidad de uno de los hombres de confianza de Manuel Antonio Noriega y subjefe de la Unidad Especialidad Antiterror (UESAT).
Sin embargo, estos medios que se muestran muy interesados en frenar la ola de crímenes, que incluso ha aumentado en los primeros días del nuevo Gobierno, prefieren resaltar las bravatas del Mayor Mauricio Nelson, Subcomisionado de la Policía Nacional, contra una protesta del SUNTRACS (como hizo Telemetro), que informar que la acción de los obreros busca impedir que nuevamente reconocidos sicarios al servicio de empresarios inescrupulosos y sindicalistas amarillos llenen de luto y dolor a humildes hogares de panameños.
Lo que oculta el medio en cuestión es que ese Mayor ha permitido el ingreso al proyecto de reconocidos sicarios, como Rogelio Ramos alias “Juana Peña” y Jacinto Padilla. El primero, prófugo de la justicia implicado en el asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, hecho acaecido en el proyecto Autopista Panamá-Colón, el 14 de agosto de 2007, por lo cual ha sido llamado a juicio. Y el segundo, detenido por denuncia del SUNTRACS en el proyecto encontrándosele arma blanca y drogas. Jacinto Padilla estuvo implicado en el intento de asesinato del fiscal tercero de Circuito de Colón encargado, Armando Gittens, hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2006 cuando el abogado fue atacado por dos hombres con sus rostros cubiertos por pasamontañas y herido de cuatro balas.
La versión exacta de lo que ocurrió ese día durante la protesta en Rodman y la valiente respuesta de los trabajadores a las amenazas del Mayor Nelson, personaje adulado por Telemetro, puede verla en www.frenadesonoticias.org.
Por otra parte, el pueblo espera que la acción iniciada por el nuevo Presidente Ricardo Martinelli en el proyecto de Figali, no dure lo que dura una llamarada de capullo y que con esa misma energía se actúe contra los numerosos casos de corrupción, negociados, estafas, violaciones a los derechos humanos y atropello a los derechos ciudadanos que se han dado en los últimos gobiernos.
Es decir, que con esa misma fuerza se actúe en sonados hechos como la estafa de la Ley Banistmo, la venta del Ingenio La Victoria, el CEMIS, la Casa de Punta Mala, los “duros dólares”, el Helicópetero HP-1430, las denuncias contra la llamada Fundación Mar del Sur; la liberación de Posada Carriles y otros terroristas; en la tragedia del bus incendiado y sus 22 muertos; los envenenamientos con dietilenglicol que mataron y matan a cientos de panameños; en los proyectos hidroeléctricos como la Hidroeléctrica CHAN 75 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó suspender; en el proyecto minero de Cerro Petaquilla; en el caso de Ganadera Bocas, S.A., propiedad de Mario Guardia, que pretende arrebatar sus tierras ancestrales al pueblo Naso; en los negociados y licitaciones amañadas del Canal de Panamá, especialmente en la última sobre el tercer juego de esclusas; los negocios de Hugo y Martín Torrijos y sus socios locales y extranjeros como Carlos Slim; los 90 viajes al exterior de Torrijos; en los escándalos de corrupción descubiertos en el Ministerio de Educación, la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Aduanas, embajadas, consulados, PRODEC, Autoridad Marítima Nacional, Caja de Seguro Social, Asamblea de Diputados, Municipio de Panamá; entre otras dependencias del Estado; en la desaparición de las Estatuas de los “Juegos de Antaño” y los manejos de fondos públicos de la Junta de Carnaval; en los casos de peculados como el que está envuelto el ex Rector del Instituto Nacional, Carlos Mora, el mismo que expulsó a los dirigentes aguiluchos del FER-29, violando el debido proceso; en las declaraciones de David Murcia y la Narcopolítica; en las onerosas concesiones administrativas y proyectos que se han otorgado a empresas transnacionales, asociadas a empresarios y políticos locales, beneficiadas por adendas que suponen jugosas ganancias y sobre costos para el país como son, entre otros, la Autopista Panamá-Colón, los Corredores, la Cinta Costera y los beneficios dejados al Club de Yates y Pesca y al Hotel Miramar; la venta de islas, costas y manglares y otros proyectos que afectan el ambiente y la vida de comunidades campesinas e indígenas; en la golpiza del SPI a los familiares de las víctimas por dietilenglicol; en el asesinato de la empresaria Sandra Eleta donde agentes del SPI reemplazaron el arma homicida; en los casos de negación de Justicia e impunidad en que ha estado envuelta la Policía Nacional como el asesinato del reo prófugo de La Joyita, Daniel Velas Rodríguez, asesinado luego de entregarse a los agentes policiales; en la muerte reciente de los hermanos pescadores, Dagoberto y Rodrigo Pérez, de tan solo 16 y 18 años respectivamente, atacados a mansalva por miembros de la Policía que intentaron luego sembrar un arma ajena al incidente como falsa prueba en la escena del crimen; en el asesinato de Osvaldo Lorenzo cometido por sicarios comandados por Rogelio Ramos, alias “Juana Peña”, al servicio del sindicato amarillo (SINTICOPP-CONATO), hecho ocurrido el 14 de agosto de 2007, en el Proyecto Autopista Panamá-Colón que construye la empresa Odebrecht; en el homicidio del obrero Luiyi Argüelles a manos del Sargento Manuel Moreno, ascendido posteriormente a Subteniente, durante una protesta pacífica realizada por obreros del SUNTRACS en un proyecto en Isla Viveros en agosto del 2007, tras lo cual la Policía intentó ocultar el arma homicida; en el caso del Dirigente del SUNTRACS y FRENADESO, Al Iromi Smith, asesinado a tiros por la unidad de los Lince de la Policía Nacional, Eliseo Madrid, el 12 de febrero de 2008 en Colón, bajo las órdenes del Mayor Diego De León, hoy subcomisionado de la Policía, el mismo que ahora se anuncia como nuevo jefe policial de Colón; en el caso del simulacro de reconstrucción que realizó la Policía en el lugar donde fue asesinado Al Iromi Smith, con dos de los policías imputados y sin autorización de la Fiscalía a cargo, en el cual se dejó salir sin autorización al policía detenido, con la sola intención de “prepararlos” y prefabricar testimonios y pruebas; en los hechos de atropello a los derechos ciudadanos como los casos de los cientos de obreros que fueron juzgados y sancionados con multas, por participar de protestas, sobre la base de una misma acusación y de un mismo testigo (un policía), en cuarteles convertidos en tribunales amañados de Justicia donde no se comprueba nada ni se reconoce derecho a defensa.
Estos son apenas algunos de los numerosos hechos que se han producido en los últimos tiempos de clara violación a los derechos humanos, atropellos y abusos de la Policía Nacional, negociados y corrupción ocurridos en los últimos gobiernos. Estaremos atentos a que estos casos se resuelvan y que las promesas de campaña de combate a la corrupción y en pro de Justicia se hagan efectivas.
FRENADESO seguirá adelante con su Campaña contra la Corrupción, la Impunidad y el Sicariatio y siguiendo su accionar en favor de la organización, unidad y lucha del movimiento popular panameño.
Hacia el Segundo congreso Nacional de FRENADESO,
14 al 16 de agosto de 2009, Universidad de Panamá,
Inauguración: Auditorium José Dolores Moscote,
Viernes 14 de agosto, 6:00 p.m.
¡Por una Asamblea Constituyente Originaria,
¡Construimos Poder Popular para Democratizarla Sociedad Panameña!
¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!
¡LA PELEA ES PELEANDO!
Panamá, 14 de julio de 2009.
FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
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