En reciente artículo de opinión (La Prensa, 9 de mayo), Marcelo G. Antinori, representante del BID en Panamá, nos demuestra una visión clara de nuestro país al señalarnos las "cuestiones" a ser "comprendidas por todos" para abrir un debate en torno a las opciones que atiendan "óptimamente los intereses de la nación" en materia energética. Sin embargo, el problema es de fondo con respecto a la relación sociedad/ambiente, no sólo una cuestión formal dentro de los esquemas actuales. Bajo esa perspectiva, las diferencias no se limitan a la incomprensión de elementos "técnicos", ni a la búsqueda de "soluciones eficientes" para satisfacer la demanda de energía que sostenga los índices de crecimiento; mientras personas, comunidades, culturas y ecosistemas pasan a ser daños colaterales en los conflictos socioambientales.

Enfatizar en las "inversiones prioritarias" para luego entrar a "debatir mecanismos para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos seleccionados", demuestra la subordinación absoluta de todo elemento de carácter social y ambiental a los contenidos de modelos económicos, contradiciendo el propósito de la ciencia: servir al bienestar de la humanidad.

Tampoco es cuestión de flujos de información y diálogo para que finalmente comprendamos que "las autoridades gubernamentales están tomando las decisiones correctas" y que debemos sumarnos a las ONG deseosas de "defender los intereses del país y de la sociedad" para que "Panamá tenga el desarrollo energético que desea".

En lo que sí tiene razón el señor Antinori, es que el conflicto existente involucra diferencias en nuestra visión de país, del papel del Estado, del lugar y valor de la ética y la ciencia en función de la humanidad y la política; es decir, trasciende la visión tecnicista/economicista del tema energético que provee alivios parciales y transitorios a un tema aislado del contexto. En realidad, buscamos alternativas de desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente justo, económicamente viable, respetuoso de la dignidad y la diversidad humana, semilla de una democracia real capaz de expandirse cada vez más, lo que involucra replantear prioridades y competencias para fortalecer materialmente capacidades de participación de amplias mayorías mediante una redistribución equitativa de la riqueza existente, estableciendo el desarrollo humano integral como motor de la economía de cara a obtener soluciones sostenibles y construir escenarios diferentes de convivencia como sociedad.

En materia energética, planteamos la necesidad de una evaluación ambiental estratégica que defina las capacidades del país, el impacto acumulado de los proyectos, la apertura de un debate informado sobre necesidades reales y alternativas para satisfacerlas con respeto a los más altos estándares en materia ambiental y de derechos humanos. En tal proceso, es fundamental detener los proyectos para asegurar la integridad de los bienes amenazados ante la profundización del conflicto, dado que no existe realmente una crisis energética en el país que sostenga la necesidad de su ejecución urgente.

Panamá es un país de enormes riquezas naturales y culturales, pésimamente distribuidas entre poco más de tres millones de habitantes, producto de un sistema político/económico excluyente. La nación se ve muy distinta entre el piso 14 y la calle, entre el área bancaria y San Miguelito, o la cuenca del río Changuinola. Su propuesta de debate sobre el tema energético parece eco de la solicitud del movimiento ecologista comunitario, pero se diferencia en un punto fundamental: nace arrogante, pretende definir deseos y prioridades a nombre de una nación a la cual usted acaba de llegar a cambio de un salario. No es conversación, es dictado.