La reunión celebrada ayer entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo produjo decepción.

08-05-2008 - No sólo no fue el arranque del diálogo social, como se había anunciado, sino que éste se retrasa hasta los meses del verano o incluso no podría iniciarse formalmente hasta septiembre. La razón fundamental de esta demora es la falta de consenso a la hora de hacer un diagnóstico sobre las causa de la crisis que afecta a la economía española y las medidas necesarias para superarla.

La reunión celebrada ayer con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que en teoría pretendía iniciar el diálogo social como consecuencia del empeoramiento de la situación, se convirtió en una mera presentación de los nuevos altos cargos del Ministerio a los interlocutores sociales.

El inicio formal de la concertación está previsto en una cita en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y los máximos responsables de la patronal y los sindicatos. Siguiendo el modelo de la legislatura anterior se quiere consensuar el diagnóstico sobre la situación que atraviesa la economía. Hasta el momento ha habido un intercambio de papeles entre el Gobierno y los interlocutores sociales, sin que se haya producido un entendimiento.

Los sindicatos recuerdan que el pasado 19 de febrero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a celebrar una cita con los interlocutores sociales al día siguiente de ser elegido. Llegó a afirmar que la primera llamada que haría sería a su padre y la segunda a los interlocutores sociales. "Suponemos que llamó a su padre, pero nosotros seguimos esperando", afirma en privado un destacado dirigente sindical que argumenta que el consenso no va a resultar tan fácil en esta ocasión "porque en primer lugar nos tendremos que poner de acuerdo en cómo se pone freno a la llegada masiva de emigrantes ilegales que se sigue produciendo a pesar del elevado aumento del desempleo registrado en los últimos meses". En opinión de los sindicatos, no tiene sentido modificar la legislación laboral si no se pone freno a una economía sumergida que cada vez crece más. "Primero tendremos que ponernos de acuerdo en acabar con la dualidad laboral que existe antes de iniciar la reforma del mercado laboral".

Asimismo existe una gran discrepancia en el diagnóstico de la situación económica. Para el Gobierno no hay crisis, sino una desaceleración coyuntural que se limita al sector de la construcción. Por el contrario, para la patronal y los sindicatos estamos ante una crisis más profunda que afecta a todo el modelo productivo y no sólo a la construcción.

Esta falta de consenso en el diagnóstico de la situación conlleva una discrepancia sobre las medidas que hay que adoptar. Los sindicatos argumentan que el Gobierno no puede aprobar una rebaja de 400 euros en el IRPF para estimular el consumo y al mismo tiempo reclamar que se mantenga la moderación de los salarios para controlar la inflación.

La patronal, por su parte, cree que el origen de la crisis es la pérdida de competitividad de las empresas, al haberse encarecido los costes financieros, laborales y de materias primas. Esta es la razón por la que piden una rebaja de los impuestos que gravan el beneficio de las empresas (sociedades) y una rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social.

Mariano Guindal

La Vanguardia