CIU LA DERECHA CATALANA Y ESPAÑOLISTA

|02-11-2008

CIU defiende la Ley de Amnisitia en mitad de la polémica de la Memoria Histórica

El portavoz de CiU en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Jordi Xuclà, subraya que la Ley de Amnistía de 1977 fue una de las "piezas clave de la transición española", y su revisión exigiría un "altísimo consenso" por lo que, de momento, "no se dan las condiciones para abordarla".

Tras conocer la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU de derogar la Ley de Amnistía, Xuclà declaró que quizá "no ha calibrado suficientemente la importancia que tiene la Ley de Amnistía en la transición española".

Considera que las fuerzas políticas españolas "pueden y deben" tener en cuenta estas reflexiones, y "tomar nota de las observaciones de las organizaciones multinacionales", por lo que no se debe "cerrar" esta posibilidad.

ELECONOMISTA.ES

SANTOS JULIÁ ESPAÑOL Y AMNISTIOLOGO !!

|02-11-2008

El pasado como representación

SANTOS JULIÁ OPINIÓN

EN ELPAIS

Es curioso cómo cambia el paso del tiempo la visión del pasado. Hace tres décadas, todos los partidos de izquierda llevaban en sus programas la reivindicación de amnistía como primera conquista de la lucha por la democracia. Amnistía, y no indulto, equivalía a algo más que el fin de una injusticia; era la restitución de la razón política y moral a los que lucharon contra la dictadura. Por eso, cuando, después de grandes movilizaciones populares, el Gobierno de Suárez aprobó el 30 de julio de 1976, por decreto ley, una amnistía para los delitos de intencionalidad política -en la que ni se mencionaban los crímenes franquistas-, fue celebrada como un triunfo de quienes habían sido procesados, torturados y condenados por la dictadura. La amnistía fue, por emplear el lenguaje de la época, la conquista de la primera parcela de libertad.

Pero aquella amnistía dejó fuera los delitos de intencionalidad política que hubieran puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad física de las personas. Por eso, aprobada la Ley para la Reforma Política, una de las reivindicaciones de la oposición consistió en exigir, para antes de las elecciones generales previstas en esta ley, una nueva amnistía que abarcara también los delitos de intencionalidad política excluidos de la anterior; o sea, lo que, sin más rodeos, llamamos delitos de terrorismo.

De ese tipo, los más notorios eran los cometidos por ETA. No es sorprendente, pues, que fueran nacionalistas vascos los que reclamaran con más insistencia una segunda amnistía que, con los crímenes de ETA, cubriera -ahora sí- todo el pasado y se extendiera a los crímenes cometidos desde el inicio de la Guerra Civil. El argumento, expuesto en la Comisión de los Nueve por un exiliado del PNV, Julio de Jáuregui, consistió en traer al presente todo el pasado para tender sobre él una amnistía general con la que "se hubiera perdonado y olvidado a los que mataron al presidente Companys y al presidente Carrero; a García Lorca y a Muñoz Seca; al ministro de la Gobernación Salazar-Alonso y al ministro de la Gobernación Zugazagoitia; a las víctimas de Paracuellos y a los muertos de Badajoz; al general Fanjul y al general Pita; a todos los que cometieron crímenes y barbaridades en ambos bandos".

Jáuregui y la Comisión de los Nueve pugnaron para que antes de las elecciones se celebrara un "acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos de la Guerra Civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días". No lo consiguieron. El Gobierno no accedió a esta propuesta de la oposición, aunque, para facilitar la participación de los vascos en las elecciones, procedió a aprobar otros dos decretos parciales y una arcaica medida de extrañamiento que puso en la calle a los condenados en el célebre proceso de Burgos. La exigencia de una amnistía que cubriera también los delitos de sangre quedó pendiente para después de las elecciones.

Todos los partidos de la oposición, comenzando por el PNV, lo recordaron desde el primer día, cuando en los escaños del Congreso pudieron sentarse exiliados y presos políticos del franquismo. Fueron ellos los que con más calor defendieron una amnistía general que cerrara un periodo de la historia. Ya no quedaba en la cárcel ningún preso político de la dictadura, si por tal expresión se entiende a los que habían sido condenados por el ejercicio de los derechos fundamentales. Más aún, fueron presos políticos de la dictadura, como Marcelino Camacho, quienes, sin olvidar los sufrimientos padecidos, defendieron con más convicción el proyecto de ley de amnistía general, que el 14 de octubre de 1977 recibió el voto favorable de todos los grupos de la Cámara excepto el de Alianza Popular, que se abstuvo. Las cárceles se vaciaron del resto que aún quedaba de presos de ETA.

Hoy, con el paso del tiempo, aquellas dos amnistías se funden en una sola, por la que una oposición, humillada, amnésica, se habría visto obligada por los poderes fácticos a equiparar la lucha por las libertades con los crímenes del franquismo: presos de la dictadura a cambio de represores de la dictadura, así se representa el pasado. A los viejos del lugar no nos queda más que mirar atrás con cierta melancolía y tomar nota de cómo el paso del tiempo cambia su representación: lo que entonces fue lucha, ahora es humillación; lo que ayer fue recuerdo y conquista, hoy es amnesia y derrota. El hoy se proyecta sobre el ayer para, modificando los hechos, cambiar su representación y, con ella, su sentido en función de las políticas y los intereses del presente. Es ley de vida.