Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que cese la persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), organización que desarrolla un trabajo comunitario, político y social en el sector rural de los municipios de Yondó, Remedios y Segovia, en Antioquia, así como de Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, en Bolívar. También cuenta con una oficina regional en la ciudad de Barrancabermeja, en el Magdalena Medio colombiano.

La ACVC integra los propósitos de la comunidad a través de 120 juntas de acción comunal veredales; cooperativas; comités pesqueros y mineros; colectivos de mujeres y jóvenes, junto a otras agrupaciones de trabajadores campesinos, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y del territorio, así como de la implementación de proyectos productivos de soberanía alimentaria, de la sustitución de cultivos de coca, y de la capacitación y fomento a los procesos organizativos campesinos.

Andrés Gil, coordinador de la oficina de la ACVC en Barrancabermeja; Mario Martínez, tesorero de la ACVC; Óscar Duque, integrante del equipo de trabajo de la seccional de la parte media de la ACVC; y Evaristo Mena, integrante de la ACVC como miembro de la junta de acción comunal de la vereda La Poza, municipio de Cantagallo - todos ellos reconocidos líderes comunitarios por más de dos décadas en la región del Magdalena Medio - fueron detenidos por agentes del DAS el sábado 29 de septiembre y actualmente se encuentran recluidos en Bucaramanga (Santander). Hoy martes 2 de octubre se les llevará a indagatoria.

Estas detenciones hacen parte de un nuevo proceso judicial en contra de la Asociación Campesina. Proceso que ha implicado el allanamiento del apartamento y la oficina regional de la ACVC en Barrancabermeja, en el cual fueron sustraídas tres CPU con o­nce años de documentación de los proyectos de la asociación, así como contabilidad, material documental y fotografías, entre otros archivos. Este tipo de acciones conforman una nueva ofensiva estatal para desarticular el proceso organizativo del campesinado del Magdalena Medio y disgregar las iniciativas de desarrollo comunitario, al igual que la defensa de los derechos humanos en la región del valle del río Cimitarra.

Esta arremetida no es nueva. Hace parte de una serie de presiones del Estado colombiano contra la ACVC que han tenido lugar desde hace varios años y que se han manifestado en hechos tales como el incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados durante el éxodo campesino del Magdalena Medio en 1998 y la indolencia del gobierno colombiano para aplicar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de proteger a los miembros de la ACVC.

Asimismo cabe recordar el congelamiento de la figura jurídica que constituyó la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra - territorio de propiedad colectiva contemplada en la ley 160 de 1994 (o ley de reforma agraria) equivalente a los resguardos indígenas y a los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas – en el año 2003. Dicha figura busca tanto eliminar como prevenir la concentración y el acaparamiento de la propiedad de la tierra, al igual que facilitar procesos de redistribución y prevenir el fraccionamiento antieconómico de la misma. Además, regula la ocupación de tierras baldías, dando preferencia a los campesinos de escasos recursos. Por estas razones, se constituye como una molestia para la ejecución de los proyectos extractivos recién acordados con la AngloGold Ashanti Mines y con los inversionistas del monocultivo agroindustrial de la palma aceitera.

Esto sin contar que el accionar del ejército en la región ha estado dirigido contra la población civil, a través de acciones como: asesinato de campesinos, detenciones arbitrarias, uso de informantes, alianzas con paramilitares, hurtos, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Reiteramos nuestro llamado solidario para convocar e invitar a todos nuestros amigos, compañeros y contrapartes – tanto en Colombia como en el resto del mundo - a sacar adelante las siguientes iniciativas:

  Adelantar una audiencia en el Congreso colombiano sobre la situación de derechos humanos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra.

  Realizar actividades de denuncia, acompañamiento y búsqueda de respaldo político a la ACVC en Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina.

  Solicitar una audiencia en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para revisar el caso de persecución contra la ACVC.

  Convocar a una reunión en el seno del Parlamento Europeo y la Comisión Europea para exponer las violaciones y la persecución contra la ACVC.

  Exponer y radicar casos de asesinatos, violaciones y persecución contra la ACVC ante la OIT, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la o­nU y la Corte Penal Internacional.

Una vez más debemos decir que la libertad, la integridad y la vida de los miembros de la ACVC es responsabilidad única de las instituciones y funcionarios que, en representación del estado, debieran garantizar los derechos del campesinado, en lugar de fomentar su persecución.