Resulta espeluznante la cancha mediática y política que, por ser, dicen, de “interés público”, se da de modo sensacionalista a todos aquellos acontecimientos que contengan básicamente sangre, asaltos, peleas, asesinatos, hallazgos de cadáveres y “criminalidad” en general.
En todo caso, todo este amarillismo mediático asusta, porque busca generar una inseguridad en la población, hacerle interiorizar que la criminalidad va en aumento y que, en consecuencia, es preciso que el estado neoliberal “actúe” con mano dura, aún a costa de una grave enajenación de las libertades civiles. Tolerancia cero, ley y orden, aumento de las penas, cámaras de vigilancia, detectores de metales, gravísima reducción del derecho de manifestación y expresión, son algunas de las acciones que recoge esta política. Es decir, se busca crear las condiciones para la aceptación por parte de la población de la idea, de que represión equivale a ¡seguridad!
Si bien en nuestro país la inseguridad es manifiesta, lo que se está haciendo como política de “seguridad ciudadana”, se centra en combatir los síntomas y no las causas del problema.
Para nadie, es un secreto que en Panamá prevalece una de las peores distribuciones de la riqueza a nivel mundial, a pesar de que según indicadores de organismos internacionales nuestro país es una nación de ingresos medios, además de haber registrado la más alta tasa de crecimiento del PIB en el año 2007. Ello significa, que es inexcusable que sesenta de cada cien panameños vivan en pobreza.
Tampoco es un secreto, la galopante corrupción gubernamental y empresarial, así como la impunidad de que gozan ladrones de “cuello blanco”. Hemos visto cómo aumentan las denuncias de asalto a la Cosa Pública, y cómo a altos ex funcionarios se les otorga “casa por cárcel” o son sobreseídos.
Frente a estos problemas, el Estado institucional, parece ser ciego, sordo y mudo; tal como sucede con la atención de las demandas sociales de la población.
¿De qué trata, entonces, este pretendido proyecto de “seguridad ciudadana”? Lo cierto es que pretenden utilizar el mismo para imponer un proyecto que pretende la remilitarización del país, bajo la escalada del Acuerdo de Mérida impulsado por el gobierno de los Estados Unidos en la región, lo que explica el viaje de Daniel Delgado Diamante a ese país en búsqueda de su aprobación antes de “presentar” el proyecto a los panameños.
Las políticas de seguridad ciudadana en los Estados latinoamericanos no consideran como prioridad central el combate de las violaciones de los derechos humanos a manos de agentes estatales y no estatales, por el contrario se constituyen en pretextos para ir contra las garantías constitucionales e internacionales de las personas, tal como lo demuestran los hechos en la región.
Ello explica las bases del contenido del proyecto elaborado por el Ejecutivo con los poderes especiales que le asignó la Asamblea y que modificarán el marco legal del Servicio de Protección Institucional, el Consejo de Seguridad Nacional, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y los servicios Aéreo y Marítimo. Estos cinco proyectos de ley buscan, entre otras cosas, designar uniformados (militares) al frente de las entidades de seguridad.
Esta propuesta no es más que el reforzamiento del poder de los militares en Panamá, quienes con el actual Gobierno han venido paulatinamente acaparando espacios e incidiendo en las políticas y acciones gubernamentales.
Estamos frente a la vuelta del militarismo en su más alta expresión, con la creación de superestructuras militares con jurisdicción en todo el país y el retorno del tenebroso G-2, que se concreta con la creación de un cuerpo de espionaje que contará con agentes que gozarán de total inmunidad, documentación falsa, grandes privilegios para ellos y sus familiares; y cuyas identidades jamás serán conocidas.
Este cuerpo de espionaje actuará con total libertad, dentro y fuera del país, frente a quienes consideren que atenten contra la personalidad interna del Estado, lo cual no descarta su eliminación física.
Recordemos que bajo esa misma argumentación, dirigentes populares han sido encarcelados y sometidos al terrorismo judicial. Bajo ese mismo argumento se ha querido justificar los asesinatos de obreros, el encarcelamiento de trabajadores y atacado las huelgas y diversas acciones realizadas por gremios y sectores populares.
Estas reformas no buscan combatir la inseguridad ciudadana, sino concentrar más poder en los militares, cumplir con los lineamientos de Estados Unidos en materia de seguridad nacional, legalizar la persecución política, los carcelazos, los asesinatos selectivos, el terrorismo judicial, criminalizar la protesta social y constituirse en un instrumento de frecuente violación de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
La política estatal contra la violencia y la delincuencia debiera tener como base la lucha contra la exclusión social, la lucha contra la humillación de que son víctimas los marginados. Esa política tendría que articularse con unas políticas sociales fuertes, desplegadas por el Estado, y con una política económica que favoreciera el empleo digno y la justa distribución de la riqueza.
En ninguna parte del mundo, la militarización ha sido respuesta a la inseguridad ciudadana, por el contrario se convierte en un mecanismo de inseguridad social.
Frente a ello, nos preparamos para expresar nuestro rechazo, en las calles, a este nuevo mamotreto y a todas las políticas antipopulares. Nos movilizaremos a lo largo y ancho del país el día 14 de agosto en ciudad de Panamá, David, Santiago y Changuinola.
Como parte de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, Frenadeso, ratifica las 15 demandas y llama al pueblo a prepararse para la huelga nacional. Porque esta lucha no es de uno, es de todos.
-El autor es obrero de la construcción, secretario general del Suntracs y miembro de la Dirección Nacional de Frenadeso.
COORDINADORA DE LUCHA POR EL
RESPETO A LA VIDA Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO
ATENCION: PUNTOS DE CONCENTRACION Y PARTIDA DE LAS MARCHAS DEL JUEVES 14 DE AGOSTO, 4:00 P.M.
CIUDAD DE PANAMA, PARQUE PORRAS
Educadores salen a las 3:00 p.m. de la Escuela República de Venezuela y se unen en el Parque Porras
ASEUPA sale de la Universidad de Panamá y se une en el Parque Porras
ANFACSS, ANADETRAM Y AMOACSS salen del Complejo Metropolitano Hospitalario de la Caja de Seguro Social de Transístimica y se unen en el Parque Porras
Delegaciones de Colón, Darién, Panamá Este y Panamá Oeste se suman en el Parque Porras con el grueso de las delegaciones.
VERAGUAS: PLAZA BANCONAL DE LA INTERAMERICANA
Delegaciones de Coclé, Herrera y Los Santos participan de la marcha de Veraguas.
DAVID, CHIRIQUI
Sale de Romero, San Mateo
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO
El Empalme
¡ESTA LUCHA NO ES DE UNO, ESTA LUCHA ES DE TODOS!
#1.- NO AL MILITARISMO
Katy|11-08-2008 12:32
FUERA LOSGORILAS
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