La II República, además del intento más profundo de modernización emprendido en España en el siglo XX, fue un periodo donde la ampliación de derechos civiles alcanzó cotas inimaginables, haciendo de la legislación española una de las más avanzadas de Europa en la materia. Las mujeres españolas obtuvieron el derecho al voto y la igualdad jurídica con el hombre; se reconoció el matrimonio civil y se aprobó una ley del divorcio que admitía la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo de los cónyuges; se suprimió el delito de adulterio y amancebamiento y se equipararon los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; en 1936 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya despenalizó y legalizó el aborto, aunque la inminencia de la Guerra Civil evitaría, en la práctica, el real desarrollo de la ley.
La victoria de Franco supuso la pérdida de la democracia, la aniquilación de las libertades y la supresión de los derechos conquistados durante la Republica. La mujer fue relegada al ámbito doméstico y quedó sometida social y legalmente al varón, ya fuera el padre o el marido; en lo único que las autoridades franquistas no contemplaban distinciones entre sexos era en las persecuciones, encarcelaciones y ejecuciones. Se prohibieron los matrimonios civiles y el divorcio, el adulterio volvió a convertirse en delito y las mujeres que abortaban de manera clandestina poniendo en riesgo sus vidas, eran enviadas a prisión si sus acciones eran descubiertas.
La derogación del código civil republicano dio lugar a un sin fin de situaciones absurdas. Con la aplicación de las nuevas leyes franquistas, los contrayentes de matrimonios civiles recuperaban su soltería por designio del generalísimo. Los niños y niñas nacidos de estas uniones se convertían en hijos ilegítimos si sus padres no claudicaban pasando por la vicaría, para renegar de su pasada vida inmoral y licenciosa, oportunidad de reconversión religiosa que no era posible para los pequeños que habían perdido a sus padres en la guerra, que automáticamente eran inscritos en el registro como hijos de padre desconocido. En la nueva España nacionalcatólica, los ciudadanos que libremente habían hecho uso de la Ley del Divorcio, se encontraban de nuevo unidos legalmente a sus antiguas parejas y los hijos nacidos de sus nuevos matrimonios, pasaban a ser frutos de una relación extramatrimonial a los que el Estado privaba incluso del apellido de su padre, puesto que un hombre casado sólo podía reconocer legalmente como hijos a los nacidos dentro del matrimonio. Todas estas situaciones surrealistas, supusieron importantes problemas legales para no pocas familias españolas, en cuanto a pensiones, sucesiones, herencias, etc.
En el siglo XXI, se presupone que en los países de sistemas democráticos los derechos adquiridos son irrevocables, pero este principio que debería constituir uno de los axiomas inherentes a las sociedades libres, en nuestro país, nuestros derechos son manoseados por la derecha política en función de la confesión religiosa de sus líderes o de sus intereses electorales. Si, por ejemplo, de lo que se trata es de frenar un incipiente debate ciudadano sobre la conveniencia de legalizar la eutanasia, no tienen escrúpulo ninguno en denigrar públicamente a profesionales de la medicina que intentan paliar el dolor y el sufrimiento de pacientes cuya muerte es inminente. Las falsas acusaciones al Dr. Montes y a su equipo de practicar sedaciones irregulares a los enfermos terminales del hospital Severo Ochoa de Leganés, no sólo provocaron la desconfianza de los pacientes y el recelo de los médicos en la aplicación de los cuidados paliativos, sino que además, el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre, alias la lideresa, ha pretendido desprestigiar la sanidad pública para avanzar en su aspiración de privatizar la gestión del sistema público de salud. Los profesionales que fueron injustamente cesados de sus puestos y que han padecido un verdadero calvario enfrentándose a duras acusaciones y todo tipo de calumnias, han debido esperar tres años para que un juez sentenciara que su actuación profesional ha sido irreprochable y que no son depravados criminales que se dedican a asesinar a sus pacientes, contraviniendo el articulo 24 de la Constitución española que establece el derecho de todos ciudadanos “a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”. Del mismo modo, el Partido Popular ha intentado negar nuestro derecho a morir dignamente, recogido igualmente en nuestra Constitución que en su artículo 15 establece que “nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes”, poniendo además en peligro nuestro derecho a una sanidad pública y de calidad.
También en la Comunidad de Madrid, las mujeres que libremente ejercieron su derecho al aborto bajo los supuestos que establece la ley, han sido acosadas y criminalizadas mientras era vulnerado su derecho a la intimidad, al ser citadas a declarar ante un juez por la interrupción voluntaria de su embarazo.
La más reciente revelación del próximo recorte de derechos que se nos avecina, aunque me atrevo a predecir que no la última, ha sido adelantada por el candidato del PP a la presidencia del gobierno al asegurar abiertamente que si su partido gana las elecciones el 9 de marzo, (Satán no lo quiera) suprimirá, porque no está de acuerdo, el derecho a adoptar de los homosexuales, reconocido tras la modificación del código civil para conceder el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Sería bueno que explicara el señor Rajoy si esa supresión de derechos se limitará a las futuras adopciones, se extenderá a las que estén en proceso o se aplicará con efectos retroactivos a las que se han producido durante los tres últimos años. Si este personaje llega gobernar este país, no es descartable que en algunas familias españolas se vivan de nuevo situaciones estrambóticas como las originadas tras la derogación de las leyes republicanas, en la España franquista, tan añorada por algunos.
La sociedad civil no puede permitir que se vulneren, y mucho menos que se eliminen, derechos que han sido conquistados por los ciudadanos y reconocidos por nuestras leyes. La sola expresión “les quitaría el derecho” supone la incapacitación moral de cualquier político para representar a los ciudadanos. Los derechos se extienden, nunca se restringen. Es el código genético de la democracia.
#1.- de acuerdo, pero todos.............!!
adolphe jbs|13-02-2008 17:47
el pp lo hace basicamente para conectar con "cierto" electorado.....El psoe promete, pero no hará nada, pues les dijo el "vivo"socialista autorizado por la dictadura que " las promesas electorales están para no cumplirlas". Y así ha sido en todos los casos.......... Lo más terrible es que el psoe, fuera del gobierno está recortando derechos fundamentales relativos a la limpieza de las elecciones, a la libertad de expresión, de asociación, de reunión,..Están permanentemente recortando lo derechos humanos con la tortura ...Por lo demás, "la cabronada contra el derecho a interrumpir el embarazo" la están haciendo los dos, todos. Como la cabronada contra el dr. Montes, la empezó Simancas y la continuó Lamela: Luego, se repartieron los papeles. Como hacen siempre.........Ni el pp va a recortar derechos que no les interesen a los dos, ni el psoe va a darlos (nunca dieron nada) si no les interesan a los dos..........Creo que está claro........A parte, NO TIENEN COMPETENCIAS salvo en Defensa e Interior. Las competencias las tienen las Autonomías: Y las Nacionalidades Históricas, tienen que lograr la TOTALIDAD, POR DERECHOS ADQUIRIDOS DURANTE LA REPUBLICA DEMOCRATICA- 1931-1936. No por otra cosa............Así que amiga Belén Meneses, te llamo a la ABSTENCION- AL VOTO EN BLANCO- AL VOTO NULO (con recomendaciones y "propuestas") Y si te empeñas VOTA INUTIL (a quien más te guste.)....Saludos democráticos, moderados y antifascistas.
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#2.- se me pasó........
adolphe jbs|13-02-2008 17:50
El "vivo socialista" que cito era Tierno Galván, con despacho en el Madrid imperial varios años antes de la muerte del dictador..
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#3.- San Joderse, que va a perder el PSSOE
Don Hilarión|13-02-2008 17:54
Los del PSSOE son peores.
No te dicen que van a suprimir derechos, sino que les han suprimido ya...
no veas lo malo, que gane el PP, sino la parte buena, que pierda el PSSOE.
Ya no podemos estar peor, por lo menos que se jodan también los democratiyas.
Es como cuando los gabachos votaron a Chirac por miedo a Le Pene, como elegir entre la horca y el garrote vil. Y encima que te abren el culo, poner tu la cama.
Hay que tene un poco de dignidad, ya está bien de ser un pueblo de borregos.
Nunca medraron los bueyes en los páramos de la Ex-España
Yo en Madrid (Castilla, Ex-España) votaré IzCa al Senado, y al Congreso en blanco con la de ANV.
Pero si alguien está seguro que votando al PP le quitaría un candidato al PSSOE, le invito a Hacerlo.
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