Oaxaca, Oax. 14 de febrero de 2008. Detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, falsificación de pruebas para criminalizar la lucha social y el recurso de la cárcel como medida cautelar, son los métodos empleados por el Estado para debilitar a los movimientos y organizaciones que reivindica las demandas sociales; en vez de atender las cusas que dieron origen al conflicto, “en el año 2007 ha continuado —e incluso se ha sofisticado— el clima de hostigamiento sobre los movimientos sociales”, constató la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) en su reciente visita a Oaxaca.
“El problema de raíz se sitúa en una distribución de los recursos profundamente desigual y excluyente”, apuntó la Comisión Civil Internacional como parte de las Conclusiones y recomendaciones provisionales de la VI visita de dicha organización, dadas a conocer en conferencia de prensa. “La situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece en un estado extremadamente crítico”, “la marginación social, económica y política de las comunidades indígenas y campesinas así como de buena parte de la población urbana, constituye un escenario propicio para una vulneración generalizada de los derechos humanos”.
La comisión culpó de esta situación a los gobiernos estatal y federal por “las políticas neoliberales implementadas” y a “grupos económicos europeos y norteamericanos, cuyos intereses llevan a dinámicas de apropiación y despojo que afectan negativamente a la población en su conjunto”.
Señaló que la dependencia del Poder Judicial al ejecutivo genera impunidad, quedando sin castigo “los servidores públicos” que violan los derechos humanos y permitiendo la “dureza de la intervención policial” tanto “para reprimir el libre ejercicio de las libertades de reunión y manifestación de la sociedad civil”, como a la ciudadanía en general.
La recomendación no deja lugar a dudas: “mientras el poder judicial siga siendo incapaz de asegurar su independencia frente al poder ejecutivo, la CIODH insta a la sociedad civil oaxaqueña a poner en marcha todos los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, en especial los propios del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas”.
Tras indicar que en un año “no se ha avanzado en absoluto en el cumplimiento de nuestras recomendaciones”, la CIODH insistió en que “es inaplazable que el Estado reconozca, corrija y repare los abusos cometidos”; “sigue siendo imprescindible atender a las causas profundas del conflicto, esto es, a los problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, la posición subalterna de la mujer, la falta de medios para la educación, la salud y la vivienda, la ausencia de canales de participación democrática, la incomprensión de la diversidad cultural como base de la convivencia social”.
Pidieron acabar con la impunidad, con el modelo de represión implementado y desarmar a los grupos paramilitares, así como llevar a cabo “una reforma profunda de las instituciones del Estado desde su propia configuración constitucional”.
Durante la conferencia resaltaron que incluso un grupo de empresarios acudió ante la comisión para manifestar sus quejas.
