Puertas abiertas en Atocha 49. La asamblea de La Alarma, antiguo centro social situado junto a la glorieta de Embajadores y desalojado el verano pasado, vuelve a realizar una okupación, esta vez en el número 49 de la calle Atocha. Este edificio es una de las fincas del famoso exteniente de alcalde de la Marbella de Gil, Pedro Román Zurdo, condenado por el caso de corrupción inmobiliaria más famoso de los últimos tiempos, el "caso Malaya". Además, este edificio forma parte de la historia: el 24 de enero de 1977 fueron asesinados en Atocha 55, cinco abogados a manos de un comando ultraderechista. Atocha 49 era otro despacho del mismo colectivo de abogados, y una comisión tenía una reunión en el mismo momento en que tuvo lugar el atentado fascista.
08.30: Lxs activistas han descolgado 3 pancartas en la fachada del edificio, que consta de 4 plantas. Una primera pancarta porta el lema "Centro social okupado, por la autoorganizacion en los barrios". La segunda, "Este edificio es propiedad de Pedro Román, trama Malaya. Ahora es del barrio y de los movimientos sociales". Una tercera pancarta exclama que "La solución al problema de la vivienda: expropiación popular de las casas abandonadas". Además, desde las terrazas del edificio se oyen cánticos de "okupación" y "luchar, crear poder popular".
Comunicado para la prensa y para el vecindario: Atocha 49
A simple vista este edificio parece uno de tantos que, en la ciudad de Madrid, permanecen cerrados esperando a que sus dueños consideren que se ha "revalorizado" lo suficiente como para estimar el negocio redondo. Pero resulta que es una de las fincas del famoso exteniente de alcalde de la Marbella de Gil, Pedro Román Zurdo, condenado por el caso de corrupción inmobiliaria más famoso de los últimos tiempos, el "caso Malaya", y que la primavera pasada ingresó en prisión junto con su hija María del Pilar Román Martín, la administradora sobre el papel de la empresa Atocha 49, creada para la compra y administración de esta y otras fincas.
Curiosamente, una persona ajena al "caso Malaya" que fue representante de Atocha 49 S.L. entre 2004 y 2006 figura también como representante de una de las mercantiles que participaba en el palacio de Tepa, escándalo inmobiliario sacado a la luz por oportunismo electoralista de las autonómicas del año pasado.
Desde hace años este edificio ha sido un auténtico vertedero, ha permanecido en un estado antihigiénico que lxs vecinxs han denunciado en más de una ocasión. Está demostrado que situaciones como la que vive este edificio son las causante de que el precio de la vivienda se haya disparado tornándose inaccesible a caso cualquier persona, incluso familias trabajadoras con dos sueldos, hipotecan sus vidas para poder tener un techo donde vivir. Mientras estos edificios en todo Madrid se mueren, las escuelas están saturadas y los ambulatorios de los barrios no dan a basto.
Estamos cansadxs de ver cómo transforman nuestros barrios ea su antojo, como nos desplazan de nuestras viviendas cuando una zona puede ser explotada como turística o de interés comercial; estamos hartxs de la especulación, de la burbuja, del pelotazo y de las miles de tramas, testaferros, recalificaciones dudosas y telas de araña tanto "legales" como "ilegales" que nos impiden acceder a una vivienda.
Por eso hemos decidido reapropiarnos de este espacio abandonado con la intención de crear un punto de encuentro para las distintas luchas que se están generando en esta ciudad, también con la intención de empezar a organizar nuestra cultura, nuestro ocio y disfrutar de un lugar donde relacionarnos fuera de círculos de consumo.
Hemos venido para quedarnos y, si os apetece, podréis participar de la vida de este edificio que antes estaba muerto y que ahora estará abierto para que el barrio al que pertenece le de el uso que crea conveniente. Si tienes cualquier propuesta, necesitas un espacio para reunirte o te interesa luchar contra la especulación de una manera activa, pues nada vecinxs, aquí estamos para lo que sea.
INFORMACIÓN DE PRENSA SOBRE PEDRO ROMÁN ZURDO, "DUEÑO FORMAL" DEL EDIFICIO ATOCHA 49 Y SOBRE SU HIJA, ADMINISTRADORA DEL MISMO.
Intervenidas varias fincas al ex teniente de alcalde de Gil
D. N. - Málaga - 08/11/2007
Una de las últimas medidas adoptadas por el nuevo juez instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, ha sido la intervención de varias propiedades inmobiliarias del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, aunque todas ellas inscritas a nombre de diversas sociedades en las que no figura el que fuera hombre de confianza de Jesús Gil pero sobre las que el juez entiende que existen "indicios racionales" de que es su "verdadero titular".
El 6 de septiembre, el juez ordenó la intervención de una finca en Estepona a nombre de la sociedad Developement Project Sociedad Unipersonal; otras dos propiedades en Salamanca, perteneciente a Promociones Gran Monterrey, y un inmueble en Madrid bajo titularidad de la sociedad Atocha 49.
Román, que fue primer teniente de alcalde de Marbella desde que Jesús Gil ganó las primeras elecciones, en 1991, hasta septiembre de 1998, cuando dimitió, ha acabado siendo uno de los principales imputados en la trama de corrupción en Marbella, aunque por actuaciones realizadas como empresario inmobiliario después de abandonar la actividad política. De hecho, es junto a Juan Antonio Roca, considerado el presunto cerebro de la trama, el único procesado que permanece en prisión preventiva.
La Audiencia de Málaga decretó el pasado octubre su libertad bajo fianza de un millón de euros, la más alta impuesta en este caso, pero Román aún no la ha hecho efectiva.
Recalificación
Román fue detenido el 1 de mayo en el aeropuerto de Málaga cuando regresaba de un viaje a Suiza junto a su hija, que quedó en libertad. El juez ha decretado su procesamiento por presuntos delitos de cohecho, blanqueo, fraude y contra la ordenación del territorio. Román, junto al ex comisario de policía Florencio San Agapito y al abogado Juan Germán Hoffmann, igualmente imputados, lograron con el favor de Roca el aumento de edificabilidad de una finca de 523 a 11.000 metros cuadrados.
El fiscal estima que con este pelotazo urbanístico, Román y sus socios causaron al Ayuntamiento de Marbella un perjuicio económico de unos cinco millones de euros. La finca recalificada fue vendida por seis millones de euros al constructor José Ávila Rojas. Según el fiscal, Román ganó en la operación 3,7 millones de euros.
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