Madrid es una fiesta. España se viste de Papá Noel, y los adornos navideños inundan calles, plazas y mercados, edificios públicos y árboles, pero siempre en número menor que las cámaras de televisión instaladas en todas las ciudades. Curiosamente existen muchas más en el País Vasco, que es donde el negocio de magnificar las cada día más gratuitas actividades de ETA, produce sabrosos dividendos a empresas de tecnología punta (antiterrorista claro) traficantes de heroína, cocaína colombiana de los jardines de Uribe, de agentes de seguridad privados, de armamento sofisticado, de informática, etc. Todo, menos ponerse de verdad “pa’ las cosas” que decimos en Cuba cuando se habla de dedicarse a trabajar con ahínco en algo; y en este caso, por acabar con esa lacra de sangre y dolor en la sociedad vasca que dura ya 40 años.
Pero ya se sabe que negociar es asunto que el Rey rechaza de plano. Borbónicamente, como corresponde a su ralea, una de las más lamentables de la historia, aunque todas las monarquías son asesinas por definición, su nada graciosa majestad amonesta a todo aquel al que se le ocurra mentar una posible Mesa de Negociación, o le recuerde que Franco fue mil veces más asesino que todas las ETAS y GRAPOS del pasado y presente. La inutilidad de las condenas, de las detenciones, de los apresamientos, de los ordenadores requisados a sus militantes, de la criminalización de ciudadanos inocentes, de la ilegalización bastarda de partidos políticos, en base a leyes que ruborizan a los verdaderos demócratas, no han valido absolutamente para nada. ETA sigue matando y una parte nada despreciable de la sociedad vasca calla y no condena. La persecución y acoso de colectivos votados por un importante sector del pueblo vasco en determinados ayuntamientos, no aportará ningún elemento positivo para la solución del conflicto en Euskadi, excepto la infantil satisfacción de expulsar de los consistorios a alcaldes y/o concejales de ANV y EHAK, por el hecho de no haber condenado los atentados de esos comandos que no cesan de brotar en aquella nación.
¿Todo el que calla es sospechoso de apoyar la violencia? En absoluto: ya lo explicó con precisión y rigor Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, en un impecable análisis aparecido en 2002 en el diario El País, cuando este no era como el Alcázar, pero hoy es El Pis. Se titulaba El derecho de Batasuna a no condenar*, como suele hacer un ejecutivo cuando las muertes las provoca una empresa, o un fallo imperdonable de sus expertos, como las acaecidas en fechas recientes, por quemaduras derivadas de una explosión de gas, que tuvo lugar la madrugada del pasado día 3 en el barrio de Can' Espinós de Gavà (Catalunya). A eso yo lo llamo terrorismo empresarial, pero los políticos no condenan, callan acogiéndose a su elección de no hacerlo, sino que lamentan lo sucedido; como hace pocos meses, cuando el vuelo JKK 5022 de la compañía Spanair cayó a tierra, dejando 153 muertos, entre ellas una querida amiga. En esos casos se investiga, se analiza, se rellenan papeles para las indemnizaciones a que haya lugar (el gobierno aplica el siniestro Las penas con cheque son menos), pero no se detiene a nadie, y menos a los ejecutivos de la empresa dueña del aparato siniestrado o de la planta suministradora de gas. Es otro tipo de terrorismo que suele denominarse accidente. Cuando se halle a los/las responsables, los deudos ya habrán sanado de sus heridas emocionales. Y una justicia lenta, no es justicia.
Lo que los gobiernos de Felipe González, Aznar y Zapatero (vaya tres joyas, chaval) han ido tramando durante años, es abandonar premeditadamente la urgente revisión de una Carta Magna que permite, entre otras aberraciones, que el Rey robe y no pueda ser juzgado, amén de arbitrariedades de corte dictatorial, como la que otorga a las Fuerzas Armadas la unidad del territorio. Y si en la Constitución figura el referéndum, podría ocurrir como en Irlanda, a la que la prepotente CE lleva a votar de nuevo el tratado de Lisboa, que ya rechazó aquel país. No señor. No vale que se refute un acuerdo que consagra a los empresarios como dirigentes políticos. ¡Hasta ahí podría llegar la democracia¡ El pueblo vota lo que queremos que vote y no hay más que hablar. Y si los irlandeses votaron no, ahora que se jodan, se les mete miedo en el cuerpo, se les lava el cerebro con una buena campaña de TV, ¡a las urnas otra vez¡ y se terminó el problema. Pero si un pueblo, ocho veces en diez años, reelige a Hugo Chávez como mandatario, es una vergüenza internacional, porque las multinacionales se han quedado sin los pozos de Venezuela, y hay que decir, como patéticamente suele hacer El Pís, que todos los que le han votado cometieron un error brutal. Otro caso diferente, más democrático, es el de los que apoyan a un narcotraficante como Álvaro Uribe, que además es responsable de miles de crímenes de lesa humanidad. Sus partidarios no se han equivocado, porque el mandatario colombiano sabe bajarse los pantalones cuando se lo pide Bush, Zapatero, Alan García o Angela Merkel. Eso es señorío y lo demás es ser terrorista.
En estas Navidades socialistas, Madrid sufre inopinadamente un ataque inesperado en mitad de los fastos. Unos 300 radicales antisistema (la definición no puede ser más torpe) se encargaron de destrozar una comisaría del centro de la Villa y Corte, hiriendo a varios agentes y siendo detenidos y llevados a prisión siete de esos mozos, que hartos de promesas incumplidas, de manipulaciones mediáticas, de privatizaciones, de universidades sin dinero público, de hospitales que pasan a manos privadas, optaron por la violencia, como recientemente en Grecia donde la policía democrática asesina a un chaval de 16 años, como en medio mundo donde se vive una crisis que aún no ha tocado fondo.
Mientras tanto, Manuel Fraga Iribarne, responsable entre otras bestialidades de cinco asesinatos en Vitoria en 1976, llama a que se pondere el peso del nacionalismo, colgando a sus partidarios en algún lugar. Eso, para Zapatero, no es apología del terrorismo. Y rizando el rizo, su amigo Carrillo, fiel a su línea de coherencia en el bolsillo, aquel comunista llamado Santiago, hoy receptor de jugosos miles de euros procedentes del erario público, y antaño azote de comunistas opuestos a su comprensible política de abandono de las armas y combate social, declara que si se mantienen ideas de izquierda hay que apoyar al actual presidente. A ese que compra cuadros de Dalí, de tres millones de euros, con cargo al dinero de todos los españoles, para decorar el despacho del franquista Juan Carlos de Borbón. A ese que entrega millones de euros a Miquel Barceló para que realice una cúpula moderna y tal en la sede ginebrina de la ONU, destinada a loar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sarcásticamente incumplidos, maniatados, hurtados y violentados de forma constante en este país llamado España.
Pero tranquilos, muchachos, que María Teresa Fernández de la Vega nos dice que el ejecutivo prepara algunas medidas para profundizar y actualizar algunos de ellos, no porque lo deseen, sino porque tras las llamadas de atención que se han hecho al gobierno socialista, por parte de organismos judiciales europeos, o de la propia Amnistía Internacional, denunciando que en España se incumplen los derechos humanos más elementales, no hay más huevos que ponerse a ello. Y lo moderno, en el caso del habeas corpus para un detenido, es colocar una cámara en la dependencia donde se ubique al sospechoso, pero de asistencia letrada inmediata, ni una palabra. Lamentable, patético, tragicómico.
Pero no protestemos tanto, conciudadanos y conciudadanas: Hay que apoyar, comprender y aplaudir a un gobierno socialista que, consecuente con sus principios, manda a prisión a una madre por haber propinado una bofetada a su hijo, pero absuelve a guardias civiles, policías y demás agentes (de los Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza etc.) cuando se trata de juzgar un caso de malos tratos y torturas. Hay que sostener a un gobierno que quiere mandar más mercenarios a las misiones de pacificación en el exterior, que es como eufemísticamente se llama a dilapidar el dinero de los ciudadanos, sirviendo como mamporrero a las empresas multinacionales que fabrican armas de destrucción masiva, enviando p’al carajo a miles de jóvenes de varios países empobrecidos, que eligieron España para cumplir sus sueños de tener hogar y alimento, no hallando un trabajo más sucio que disparar y asesinar a inocentes, niños, mujeres y ancianos, en territorios ocupados por potencias extranjeras, cuyos ejércitos y organismos (con la criminal NATO a la cabeza) vigilan para que el petróleo de Irak y el gas de Afganistán no se queden allí, sino que viajen a las cuentas corrientes de los Bush, Polancos, Rumsfelds, Rices, Sarkozys, Berlusconis, Aznares y otros ejemplares empresarios, que satisfarán su deseo de que el mundo siga dividido en dos: el de los demócratas enriquecidos y el de los empobrecidos terroristas del tercer mundo. Y Javier Solana sonriendo.
Hay que estar más que satisfechos con este gobierno socialista, que acoge el Plan Bolonia como si el oro de Moscú hubiera retornado a los bolsillos de sus dueños. Para qué querrán los pobres ser universitarios y tener un diploma, si llevan en sus genes el germen de la violencia que genera su debilidad económica. Los graduados deben pertenecer a familias como la de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendía, esa que dice que quienes se oponen al plan de privatización de las aulas son pocos y desinformados. Entre la Chacón, la Vicepresidenta, la recomendada Bibiana Aído, al frente del Ministerio de la Igualdad (qué sarcasmo, Señor) y esta pitufa con aires peperos de ejecutiva agresiva, qué flaco favor están haciendo al colectivo feminista. Y lo peor es que los intelectuales y artistas del pesebre de Zapatero (aquellos que con Jose Mari salieron a la palestra con el No a La Guerra colgado de la solapa y el escote), comen tranquilamente en restaurantes de lujo y ríen porque Rajoy sigue en la oposición; y si un día ocupara el sillón de la Moncloa, un Polanco de turno sabrá abonarles un buen dinero para que despotriquen contra el personaje en cuestión.
España va bien. Hay que celebrar estas Navidades socialistas con más de tres millones de parados, la inflación disparada, los ahorros inexistentes, las hipotecas impagadas, las interminables colas del INEM, Francisco Franco, que sigue siendo el héroe de la Guerra Civil incluso para algún socialista cuyo abuelo fuera ejecutado miserablemente y Melitón Manzanas, aquel asesino torturador ejecutado por un comando de ETA, sigue con su medalla a título póstumo. Y es que la asonada fascista jamás ha sido condenada. Aquella cruzada no preocupa a Zapatero, a Fernández de la Vega, a Rubalcaba, a Esperanza Aguirre y a su hijo rockero. Un país sin memoria está condenado a repetir su historia, que es con lo que subliminalmente amenaza el Borbón desde 1981, cuando jugó a demócrata tras tender una sutil trampa a sus amigos Milans del Bosch, Armada y Tejero. El es el Rey de Espadas, de Copas, de Bastos y de Oros. Y su baraja está marcada con sangre, desprecio y odio.
Felices Navidades, ciudadanos del mundo, pero a la cubana, a la venezolana, a la ecuatoriana, a la boliviana, mil veces más socialistas y totalmente republicanas. Allí ya saben que los reyes son la bazofia más peligrosa de la historia.
EL DERECHO DE BATASUNA A NO CONDENAR
Javier Pérez Royo (20 de Agosto de 2002)
El próximo 26 de agosto parece que el Congreso de los Diputados adoptará el acuerdo de instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de Batasuna de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.
Aunque es probable que en el escrito del Gobierno en el que se formalice la solicitud de ilegalización sean diversos los motivos que se aleguen, a nadie se le oculta que el origen de la solicitud está en el reciente atentado en Santa Pola y en la negativa de la dirección de Batasuna a condenar dicho atentado inmediatamente después de haberse producido o de hacerlo en cualquiera de las instituciones (Parlamento vasco, Diputaciones o Ayuntamientos) en las que cuenta con representación y en las que se han aprobado mociones de condena.
Dicho en pocas palabras: la Ley de Partidos se va a aplicar no por la justificación del atentado, sino por la no condena, por el silencio de Batasuna ante el atentado de ETA. Éste es el motivo por el que se va a solicitar su ilegalización, aunque habrá otros muchos que seguro que figurarán en el escrito dirigido a la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la LOPJ.
Esta manera de proceder no sólo plantea un problema de legalidad, de si la no condena o el silencio pueden considerarse incluidos entre las conductas contempladas en el artículo 9 de la LO 6/2002, sino que plantea un problema de constitucionalidad, de hasta qué punto la propia redacción del artículo 9 de la mencionada LO es compatible con la Constitución. Al examen de esta cuestión van dirigidas las siguientes líneas. Y para ello hay que empezar por la Constitución Española (CE).
La Constitución Española contempla los partidos políticos desde una doble perspectiva. Son, en primer lugar, el resultado del ejercicio del derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Son, además, instituciones de relevancia constitucional expresamente mencionadas en cuanto tales en el artículo 6 de la CE. Es importante que esto no se pierda de vista. La Constitución podría no contener el artículo 6, pero no podría no contener el artículo 22. El derecho de asociación es un contenido obligatorio de la Constitución. La mención expresa de los partidos políticos es opcional. Está, pero podría no estar.
Quiere decirse, pues, que la legislación de partidos tiene que ser analizada, ante todo, desde la perspectiva del artículo 22; es decir, desde la perspectiva del derecho fundamental de asociación tal como está constitucionalmente reconocido. Éste es el canon de constitucionalidad con base en el cual hay que enjuiciar cualquier ley de partidos.
Y en el artículo 22 se reconoce el derecho de asociación con un solo límite: el Código Penal. Se reconoce el derecho de asociación, dice el apartado 1, para añadir el 2: Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. En el apartado 5 se prohíben expresamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La persecución de fines o la utilización de medios tipificados como delito es el único límite que el constituyente ha establecido para el ejercicio del derecho de asociación. También en su vertiente política, ya que un partido político es una forma particular de asociación y el citado artículo 22 no excluye las asociaciones que tengan una finalidad política, ni hay base alguna en él para deducir tal exclusión (STC 3/1981, FJ 1º).
Corolario de este límite es que un partido político sólo puede ser declarado ilegal por el juez penal y en un proceso con todas las garantías constitucionales del proceso penal, entre las que figura el derecho a guardar silencio, no declarar contra uno mismo y no confesarse culpable. En el proceso penal, el que calla nunca otorga, sino que simplemente no dice nada. O el que habla ambiguamente.
¿Puede introducir el legislador un límite adicional distinto al expresamente querido por el constituyente como único? ¿Puede un partido ser declarado ilegal por un motivo distinto de la tipificación de su actividad como delictiva? ¿En dónde está la habilitación constitucional para que el legislador pueda proceder de esta manera?
Es cierto que, aunque el artículo 6 no forme parte del contenido obligatorio, sino del contenido opcional de la Constitución, forma parte de la misma, y es, por tanto, norma constitucional. En consecuencia, si en el artículo 6 se pudiera encontrar una habilitación constitucional para la LO 6/2002, de Partidos Políticos, sería suficiente.
Lo que ocurre es que en dicho artículo no hay tampoco habilitación constitucional para que el legislador haya dictado la norma que ha dictado. Y no la hay porque el artículo 6 contempla exclusivamente la organización y funcionamiento internos del partido y no su actividad exterior. El constituyente, en el artículo 6, se limita a exigir que el resultado del ejercicio del derecho de asociación en su vertiente política sea una organización internamente democrática. Nada más. No hay nada en la redacción del artículo 6 que permita al legislador regular las actividades de los partidos políticos e imponerles unos límites distintos de los que estén tipificados como delitos.
La decisión del constituyente respecto del control de constitucionalidad / legalidad de los partidos políticos es clara. El control de la organización y funcionamientos internos del partido es un control de constitucionalidad. El control de la actividad del partido hacia el exterior es un control de legalidad penal. EL LÍMITE DE LA ACTIVIDAD DE UN PARTIDO POLÍTICO NO ES LA CONSTITUCIÓN, SINO EL CÓDIGO PENAL.
Es lógico que así sea. Partidos que persiguen objetivos incompatibles con la Constitución los ha habido, los hay y los habrá siempre. Un partido político que considere que el Estado de las Autonomías es un disparate y que sería mejor una organización unitaria y centralista del Estado estaría proponiendo algo anticonstitucional, pero no podría ser declarado ilegal por eso. De la misma manera que tampoco podría serlo un partido que considerara que se debe restablecer la pena de muerte o imponer el cumplimiento íntegro de las penas. Esto no cabe en la Constitución, pero no convierte a un partido en ilegal. Utilizar la Constitución como canon de legalidad o ilegalidad de un partido político es peligrosísimo. El canon es y debe ser el Código Penal. El constituyente tenía y sigue teniendo razón al redactar los artículos 22 y 6 de la Constitución en los términos en que lo hizo.
El que no la tiene es el legislador que ha aprobado la LO 6/2002. No hay cobertura constitucional para el Capítulo II, que reza así: De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos. En el artículo 9 incluido en dicho Capítulo, el legislador regula las conductas de los partidos que pueden acabar conduciendo a su declaración de ilegalidad. Ninguna ley de desarrollo del artículo 22 de la CE puede hacer esto. Y la LO 6/2002 es ley orgánica porque es una ley de desarrollo del artículo 22 de la CE, no porque lo sea del artículo 6 CE. En lo que a la actividad del partido se refiere, tiene que limitarse a la remisión a la legislación penal, pues ninguna ley puede regular la declaración de ilegalidad de un partido cuando su actividad no es constitutiva de delito. En consecuencia, o se tipifican como delitos las actividades descritas en el artículo 9 de la Ley de Partidos y se las incorpora al Código Penal (algo que es técnicamente muy difícil, por no decir imposible) o se revisa la Constitución y se incorpora a la misma un límite en el ejercicio del derecho de asociación que en su redacción actual no contiene (algo que espero que nadie esté tan falto de juicio como para que se le ocurra proponerlo).
En la primera aplicación de la LO 6/2002 se está poniendo de manifiesto la equivocación que ha supuesto salirse del marco establecido por el constituyente e intentar establecer una vía distinta de la penal para declarar ilegal a un partido político. Calificar la no condena o el silencio como conducta que puede conducir a la declaración de ilegalidad de un partido político no solamente vulnera frontalmente el artículo de la 22 CE, del que la LO 6/2002, no se olvide, es una norma de desarrollo, sino que vulnera además el artículo 16 de la Constitución. La libertad ideológica en su vertiente positiva en conexión con la libertad de expresión es un derecho extraordinariamente fuerte, como recordaba hace unos días Marc Carrillo con mención expresa de la STC 20/1990 (La no condena del terrorismo y el Derecho, El País, 13 de agosto de 2002). Pero en su vertiente negativa lo es todavía más. El derecho a que nadie te pregunte sobre lo que piensas acerca de una determinada cuestión o a que te hagan un juicio de intenciones con consecuencias jurídicas sobre lo que has querido decir al pronunciarte sobre un determinado acontecimiento es casi el único derecho fundamental que no tiene límites. La no condena o el silencio de Batasuna ante el atentado de Santa Pola, por repugnante que resulte, queda amparado por ese derecho fundamental. Es absolutamente impenetrable desde el exterior. Y no se puede extraer ninguna consecuencia jurídica del mismo.
Coincido desde una perspectiva política con el análisis que hace Antonio Elorza de la posición de Batasuna (Más allá del silencio, El País, 16 de agosto de 2002). No tengo la menor duda de que Batasuna ha pretendido justificar el atentado de ETA en Santa Pola. Pero ese análisis es jurídicamente irrelevante. Un juicio de intenciones no tiene cabida en un proceso de ilegalización de un partido político.
Me imagino que la decisión política ya está tomada y que es irreversible. Ya veremos qué ocurre cuando tenga que ser revisada jurídicamente.
Nota.- Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
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