ampliar Aguilas Negras (Paramilitares)

Bibiana Ortega espera justicia durmiendo en el suelo. A sus veintipocos está viuda y con dos hijos. Lo poco que le queda de su marido, Miguel Ángel González, es una cartera quemada y una foto de perfil en la que ni siquiera está solo.

"Me lo mató el Ejército, oiga, diciendo que era guerrillero. Y nada de eso, mi marido era un campesino, un trabajador. Se lo llevaron junto a su padre, que formaba parte de una asociación de defensa de los campesinos. Al padre lo dejaron preso, a él lo soltaron y luego lo mataron. Dijeron que había sido en un combate, pero mire, mi marido no iba armado. Vamos, ni siquiera llevaba el machete que suelen cargar los campesinos para trabajar. Tardaron cuatro días en devolvernos el cadáver. Para entonces el cuerpo estaba muy deteriorado porque lo habían enterrado como NN (sin identificar). Me encontré sus documentos y su cartera quemados al lado de donde lo mataron", cuenta.

Al lado de Bibiana, sobre el suelo pelado de un edificio de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja, descansan dos mujeres con historias parecidas. A una de ellas le mataron a su yerno. A la otra a un hermano que bajaba madera por un río. Navegaba con su almadía cuando les sorprendió el Ejército. "Lo sacaron de allí y lo mataron bosque adentro. Otro muchacho que iba con él consiguió 'volarse' mientras mataban a mi hermano", relata.

Las tres vienen de zonas rurales del Magdalena Medio, una región que parece una maqueta de la guerra colombiana: hay Ejército, guerrilla y grupos paramilitares que no quieren saber nada de la desmovilización promovida por el Gobierno de Uribe. "Aquello es un todos contra todos", cuenta uno de los campesinos que acompañan a las tres mujeres. Ni ellas ni sus hijos, que corretean descalzos por todas partes, piensa irse de este edificio que la USO les ha prestado como "campamento humanitario" hasta que alguien del Gobierno les oiga. Hasta que se haga justicia.

"Pero que esta vez vaya en serio, porque hace unos meses vinimos a este mismo sitio y acampamos denunciando otras ejecuciones por parte del Ejército, hasta que el presidente Uribe vino aquí a vernos a Barrancabermeja. Nos prometieron que se verían los casos, que actuaría la Fiscalía. Hubo una serie de compromisos. Y hasta la fecha nada. Es más, desde entonces han matado a más campesinos. La ofensiva del Ejército en la zona se ha recrudecido y hay un montón de violaciones de los derechos humanos", cuenta Carlos Jordano uno de los líderes campesinos.

"Falsos positivos"

En Colombia, lo que Bibiana y sus dos compañeras denuncian, se conoce como "falso positivo". Soldados que matan civiles y los hacen pasar por guerrilleros para aumentar los recuentos de bajas y cobrar los beneficios que se otorgan a los militares que muestran buenos resultados en su lucha contra la guerrilla.

"Algunas veces les plantan una pistola después de muertos o les colocan el uniforme de algún guerrillero abatido. Hemos visto casos de cadáveres en los que los orificios de bala del cuerpo de la víctima y los del uniforme que le habían puesto ni siquiera coincidían. Ni se molestan en hacerlo bien", me contaba hace unos días un activista de derechos humanos. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se han registrado "más de mil 'falsos positivos'".

En diciembre del año pasado, el sargento del Ejército Alexander Rodríguez denunció ante la Justicia que fue testigo de cómo su unidad había asesinado a varios civiles y los había hecho pasar por guerrilleros. "Nos daban cinco días de vacaciones por muerto", contó. Su denuncia, que involucraba a un coronel, fue investigada por una junta militar que dirigía el Comandante del Ejército, el general Mario Montoya. ¿El resultado? Según la revista Semana, la más influyente de Colombia, el denunciante fue expulsado del servicio activo y el coronel promovido a ayudante del propio Montoya.

Mientras su caso salía a la luz, el Ministerio de Defensa presentaba un programa de respeto a los derechos humanos en el combate que recibió los parabienes de la comunidad internacional. "No es que sea perfecta, pero al menos es algo, porque en este país los militares han tendido a ver el respeto a los derechos humanos como un obstáculo para ganar la guerra contra un adversario que no necesariamente los respeta y han tendido a ver a las comunidades campesinas que viven en zonas de influencia de las FARC como guerrilleros disfrazados de civiles", me contó hace unos días un observador internacional que siguió la creación del manual.

Pero, como en todo en esta guerra y en la realidad colombiana, una cosa es lo que se piensa, se decide y se prescribe en los despachos de Bogotá, y otra muy distinta lo que pasa selva adentro. A estas tres mujeres ese programa de derechos humanos o ha llegado tarde o no les ha servido de nada. Una de ellas, con la resignación de quien ha convivido con la tragedia toda su vida, me cuenta: "Cuando fui a preguntar qué había pasado con mi yerno, los militares me dijeron: 'Mire, qué pena con usted, pero a su muchacho lo hemos matado. Ya está muerto, así que no hay nada que hacer. Y no vaya a poner una denuncia... señora'".

La última víctima

Pocas horas después de que fuera redactado este artículo, las organizaciones sociales de Barrancabermeja denunciaron otro caso de "falso positivo".

Hacia las nueve de la mañana, en un conjunto de casas conocido como Campo Bijao, monte adentro, se oyeron unos disparos. Los campesinos del lugar dieron por desaparecido a un miembro de su comunidad, un hombre conocido como Horacio Ladino. Fueron a preguntar al batallón del Ejército. El comandante informó de que habían "dado de baja a un terrorista de las FARC que estaba colocando una mina quiebrapata".

"Eso es mentira. Horacio era un hombre trabajador, que había vendido sus tierras para comprar madera y comerciar con ella. Un hombre que formaba parte de Cahupocana, nuestra asociación campesina", dice su líder Carlos Giordano.