La Compañía de María, titulares del colegio “La Enseñanza”, consigue un gran pelotazo urbanístico en el centro de Santander
Hace poco más de un año saltó a la luz pública la intención de la Compañía de María, congregación religiosa titular del colegio concertado La Enseñanza de Santander, de cesar en su actividad educativa. Este colegio se localiza en el puro centro de la ciudad, entre las calles Via Cornelia, Cervantes y La Enseñanza, a escasos 200 metros del ayuntamiento y del núcleo administrativo y comercial de la ciudad, por lo que las viviendas de lujo que van a construir en su lugar serán muy codiciadas por la burguesía santanderina.
Más de 450 alumnos/as de Infantil, Primaria y ESO del centro de Santander se quedaban sin colegio. Cuarenta trabajadores/as entre profesorado y personal no docente se iban al paro. El colegio no estaba en crisis (no tenía pérdida de alumnado), tenía una larguísima tradición docente en la capital (más de cien años funcionando) y no parecía tener problemas de futuro. Sin embargo los religiosos dueños, también inversores en su momento de la famosa Gestcartera, decidieron cerrarlo. Ya en aquellos momentos, hubo voces, entre ellas la del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), que advirtieron que podía haber un interés especulativo con los terrenos sobre los que estaba ubicado el centro. El tiempo ha dado la razón a esas voces.
Se ha hecho público durante las últimas semanas en los medios de comunicación el escándalo urbanístico que supone el acuerdo firmado entre las monjitas y el ayuntamiento de Santander: se recalifican los terrenos del colegio como suelo urbano permitiendo una edificabilidad de más de 14.000 metros cuadrados en el centro mismo de la capital que se destinarán a viviendas y plazas de garaje. ¡Un auténtico pelotazo inmobiliario! Además, el ayuntamiento les cede 9.000 metros en San Román, pueblo de las afueras del municipio, donde se construirá un nuevo colegio. A cambio la corporación obtendrá 100 plazas de parking (se piensan crear más de 300) un espacio público verde y el edificio histórico del colegio para uso cultural.
La táctica desarrollada por las religiosas, con el apoyo tácito del ayuntamiento, ha sido la habitual y efectiva en estos casos. Han sabido convertir en rehenes a los 460 alumnos/as del centro, utilizar a las familias y presionar con los trabajadores/as que se iban al paro; para conseguir que la posición del alcalde de favorecer los intereses especulativos se presente a la opinión pública como un apoyo a esas familias y trabajadores. También ha quedado en evidencia la naturaleza de negocio privado que tienen los colegios concertados. Ni son ni prestan un servicio público, entre otras razones, porque anteponen sus intereses particulares a las necesidades educativas. La vocación prioritaria, en este caso de la Compañía de María, no ha sido el servicio educativo sino sacar la máxima rentabilidad económica de sus terrenos.
El precedente que se sienta es muy grave ya que cuando el titular de un centro amenaza con dejar de prestar un servicio, no sólo sale inmune de toda responsabilidad, sino que es “premiado” por las administraciones públicas: les recalifican el solar del colegio y les ceden nuevos terrenos en otra localidad del municipio… ¿y la Consejería de Educación les asegura el concierto en la nueva localidad? Esta es la segunda parte del problema.
¿QUÉ VA A HACER LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN?
La Consejería de Educación fijó su postura oficial a través de un comunicado publicado en la página de EDUCANTABRIA. En dicho comunicado, aunque parece querer desmarcarse de todo este escándalo, no aclara el tema fundamental, es decir, si la Administración educativa regional va a seguir sosteniendo económicamente este centro privado mediante conciertos educativos una vez que se produzca su traslado a la localidad de San Román. Este comunicado entra en flagrante contradicción con lo que dos días antes publicaba un medio de comunicación regional, donde se decía expresamente que la Consejería había adquirido ya un compromiso por escrito con la Compañía de María. En dicho escrito se asegura que el centro va a seguir disfrutando del régimen de concierto educativo, pero es más - siempre según este medio de comunicación – el concierto continuará en los términos que existe actualmente en el caso de que el centro sea trasladado a otra zona del municipio.
Si todo esto es cierto, es que la Consejería de Educación ha participado de lleno en las negociaciones y en el pacto final alcanzado entre el Ayuntamiento de Santander y la Compañía de María y, ahora, ante el escándalo urbanístico que se ha organizado, está intentando eludir sus responsabilidades mediante comunicados ambiguos y no diciendo toda la verdad. Si no es así, la Consejería de Educación, al más alto nivel, debería desmentir rotundamente estas informaciones que le comprometen como una parte más del acuerdo.
¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁ PARA SAN ROMÁN?
¿Es necesario sostener económicamente un nuevo centro educativo en San Román? La zona ya cuenta con un colegio público, el Manuel Cacicedo, que se está ampliando para absorber el crecimiento demográfico y un centro privado concertado, el Verdemar (la mayor parte de su alumnado no es de San Román y se transporta desde otras zonas). Pero este centro concertado no es religioso e incluso es considerado algo “progre” para el conservadurismo dominante en Santander. Tanto en San Román como en otros pueblos y barrios próximos (Monte, La Albericia, Alisal, Cazoña) no existen centros religiosos. San Román en concreto es una zona que aún no ha perdido del todo su mentalidad rural y conservadora y que, al mismo tiempo, está creciendo mucho en población por la construcción de urbanizaciones y chalets para clases medias y medio-altas. En definitiva, que los potenciales interesados en un colegio privado que segregue al alumnado de clase más baja y ofrezca una educación religiosa y conservadora es abundante en la zona y el nuevo centro ofertará Infantil, Primaria y ESO, lo cual supone una dificultad añadida para el colegio público pues muchas familias prefieren que sus hijos estén en el centro hasta culminar la ESO. Y lógicamente hay que recordar las consecuencias para el alumnado actual y futuro del centro de la ciudad, que es donde se necesitan plazas educativas (y no en San Román) y ver desaparecer casi 500 plazas escolares.
Este caso de especulación es otro escándalo más producido por la política de concertar centros educativos y desde el PCPE seguiremos defendiendo a los servicios públicos como los únicos con verdadera vocación de servicio social, gratuito, igualitarios y democráticos. Apoyaremos todas las movilizaciones o actos que se realicen tanto para denunciar el pelotazo del colegio La Enseñanza como para oponerse a la concertación de un nuevo centro en San Román.
Nota: artículo realizado a partir de un texto del sindicato STEC.
