En aquellos tiempos, ya lejanos, en que la economía iba bien y en que parecía que la sociedad al completo nadaba en la abundancia, hubo quien se atrevió a cantar algunas de las bondades de la llegada de inmigrantes a nuestro país. Voces cualificadas y serias afirmaron que la incorporación de personas extranjeras al mercado laboral español era necesaria para mantener nuestro sistema de seguridad social basado en las cotizaciones. Analistas diversos constataron que importar fuerza de trabajo era una solución para sectores clave en los que faltaba mano de obra autóctona, como la construcción, la agricultura o el cuidado de personas enfermas y dependientes. Así pues, no había ningún problema en que vinieran personas de fuera, siempre y cuando llegaran de forma controlada y con el buen propósito de contribuir a la sociedad que "generosamente" los acogía.
Ahora que a las vacas gordas les llega una época de estricta dieta, muchos trabajadores y trabajadoras inmigrantes han perdido el primer calificativo y han pasado a ser simplemente inmigrantes. Las personas recién llegadas se han convertido en las auténticas víctimas de la crisis. A mediados del año 2009 un 30% de las personas extranjeras residentes en Cataluña no tenían trabajo, frente a un 13% de las personas autóctonas. Con este panorama, no son pocos los que, después de pasar años trabajando en los sectores más duros y en condiciones nada envidiables, están perdiendo sus ahorros y su salud intentando resituarse en una sociedad que cree que ya no los necesita .
Disputas públicas como la provocada por el Ayuntamiento de Vic sólo dan pie a la difusión de ideas estereotipadas y no hacen ningún favor a la convivencia. Sostiene el Excelentísimo Señor Alcalde de Vic que si una persona inmigrante no está autorizada a residir ya trabajar en un país no tiene sentido que pueda formar parte del padrón, ya que la inscripción en este registro le posibilita el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, los servicios sociales y la educación de sus hijos e hijas. Esta discusión no es sólo un debate técnico sobre las incoherencias no resueltas entre la Ley de Extranjería y la Ley de Bases de Régimen Local. Vivimos un proceso de culpabilización de las personas extranjeras por el deterioro de los servicios públicos, por un supuesto incremento de la delincuencia e incluso por del paro.
Hay que recordar al alcalde y a los concejales de Vic que el Padrón Municipal de Habitantes es una herramienta que posibilita a las autoridades municipales conocer las necesidades de su población y diseñar políticas públicas. Impedir que una parte de los habitantes de la ciudad se inscriban en el Padrón no es expulsarlos sino invisibilizarlos y cerrar los ojos ante problemáticas que probablemente se agravarán. Hasta ahora, el endurecimiento en la concesión de los permisos de residencia o de trabajo no ha expulsado ni ha impedido trabajar a millares de personas inmigrantes en nuestro país. Lo único que ha conseguido negando los papeles a todas estas personas trabajadoras ha sido ponerlas en una situación de vulnerabilidad de la que se ha aprovechado buena parte de la población autóctona. Personas "sin papeles" han pasado a formar parte de un ejército de mano de obra barata y sin ninguna posibilidad de exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Su desprotección y explotación es un factor de precarización del mercado laboral que nos afecta a todos y a todas.
Nuestra sociedad ha optado por la universalidad de la atención sanitaria y de la educación. Y esta opción constituye nuestra mejor política de lucha contra la exclusión social. Negar los derechos sociales a través de la modificación de las condiciones de registro en el padrón es excluir a una parte de la población por razones xenófobas y sin un análisis honesto, profundo y científico de la realidad social. Los flujos migratorios no mantienen ninguna relación con la generosidad de los servicios sociales o del estado del bienestar. Lo que motiva la aventura de abandonar el propio país no es buscar la caridad de la sociedad de acogida ni convertirse en la especie de parásito social que nos intenta dibujar la derecha racista. La recesión económica ha frenado la llegada de personas inmigrantes de manera mucho más contundente que cualquier ley de extranjería.
El número de personas extranjeras sin papeles seguirá creciendo. Pero no porque lleguen de fuera del país. El paro sobrevenido dificulta la renovación del permiso de residencia. No podemos esperar que estas personas se resignen a abandonar su proyecto migratorio y regresen a su país con el rabo entre las piernas. ¿Cuál es la propuesta de los fans del alcalde de Vic? ¿Dejar sin atención sanitaria a las personas que se queden sin trabajo? ¿Expulsar a los niños de las escuelas si a sus padres se les caduca el permiso de residencia?
Para saber más sobre los procesos de exclusión social y su relación con las políticas de inmigración puedes consultar el informe
Itinerarios y factores de exclusión social , de Sebastià Sarasa y Albert Sales,
aquíhttp://albertsales.wordpress.com/2010/01/24/persones-retornables
Albert Sales i Campos es profesor de Sociología en la Universidad Pompeu Fabra
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