EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES POLITICAS
Las últimas detenciones de dirigentes de la izquierda abertzale en la sede de LAB, el pasado 13 de octubre, suponen la culminación de una escalada represiva ante la que ninguna persona u organización que defienda la democracia puede permanecer indiferente.
El Ministerio de Interior y la Audiencia Nacional, herederos directos de los GAL y del Tribunal de Orden Público franquista, e instrumentos, por tanto, de un terrorismo de Estado que tras la supuesta transición se limitó a ocultarse en las cloacas del poder, siguen utilizando el pretexto de la lucha contra ETA para intentar acabar a cualquier precio con toda forma de disidencia real, y en especial con cualquier proyecto genuinamente anticapitalista.
El reciente secuestro, tortura y asesinato de Jon Anza, vilmente silenciado por los grandes medios; la brutal represión de los grupos antifascistas, mientras los neonazis exhiben impunemente sus símbolos y desfilan por las calles gritando sus consignas racistas y xenófobas; las agresiones a los trabajadores del metal en Galicia y a los sindicalistas del SAT en Andalucía, del TMB en Barcelona o del CSI en Asturias; la ilegalización de manifestaciones pacíficas y la prohibición de homenajes a las víctimas de la dictadura; la campaña de injurias y calumnias contra los miembros de Iniciativa Internacionalista, la represion al movimiento estudiantil , por una vivienda digna, las redadas racistas, ... Ante estas y otras muestras inequívocas de avance del fascismo más explícito, es imprescindible articular una respuesta contundente y organizada de todos los sectores democráticos, que debemos unirnos para exigir:
-La libertad inmediata de las y los detenidos el pasado 13 de octubre, así como la amnistía para todos los presos políticos. -La derogación de la Ley de Partidos, que además de constituir una aberración jurídica reiteradamente impugnada por instituciones y juristas poco sospechosos de extremismo, ha demostrado ser uno de los principales instrumentos represivos de un poder dispuesto a criminalizar toda forma de disidencia o protesta.
-Una solución dialogada del denominado “conflicto vasco”, que pasa necesariamente por el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos. Porque mientras no se solucione dicho conflicto de la única forma posible, es decir, mediante la negociación política, difícilmente habra en el Estado español una paz justa y duradera. -El pleno reconocimiento y el respeto efectivo de los derechos sociales. Si la lucha contra el terrorismo ha servido de pretexto para endurecer las medidas represivas y justificar reiteradas violaciones de los derechos humanos, la crisis económica cumple ahora la misma función en el terreno laboral y en lo relativo a las prestaciones sociales.
-Libertad de expresión. La reciente campaña de criminalización orquestada contra Alfonso Sastre ha puesto de manifiesto con especial crudeza que la libertad de expresión es, como la igualdad de la mujer, un mero enunciado que poco tiene que ver con la realidad. Que destacados periodistas y dirigentes políticos puedan injuriar e incluso calumniar impunemente a una persona de la talla intelectual y moral de Sastre, no solo constituye el más bochornoso de los espectáculos, sino también, y sobre todo, un alarmante síntoma de nuestra pésima salud mediático-cultural, que exige una reacción contundente por parte de quienes defendemos la libertad de las ideas y el valor de las palabras.
Acude a la concentración del próximo día 6
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