Iñigo Urkullu es consciente de que José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE y el PSE no van a poner, ni mucho menos, las cosas fáciles al PNV. Más bien al contrario, está convencido de que pretenden dejar en barbecho el tema vasco hasta las próximas elecciones autonómicas, con la esperanza de que la formación jeltzale «se cueza en su propia salsa» -desgastada por sus «supuestas» tensiones internas- y acabe por «hincar la rodilla» para así hacerse con la Lehendakaritza. En sus propias palabras, Urkullu cree que el jefe del Ejecutivo central y los socialistas vascos han pactado una estrategia de «dilación y dilución» para colocar al PNV frente al espejo de sus propias contradicciones y sentarse después a esperar sus frutos.

A pesar de ser consciente del negro panorama que se cierne en torno al acuerdo político sobre el estatus vasco que pretende cerrar con el presidente del Gobierno, el líder del EBB insiste en que aún no se ha rebasado la primera fase de la 'hoja de ruta' de Ibarretxe y que todavía «hay tiempo» para el pacto bilateral, aunque admite que la posibilidad de convocar una consulta popular no sólo está negro sobre blanco en el proyecto del lehendakari sino también en la ponencia política que el PNV aprobó el verano pasado, fruto del laborioso consenso interno en el que se forjó su liderazgo. De hecho, en un desayuno informativo con periodistas, sin cámaras, micrófonos ni grabadoras, el presidente peneuvista sugirió incluso la posibilidad de que en el Parlamento vasco pueda tramitarse una «ley de consulta» para ofrecer cobertura jurídica al plebiscito anunciado para el 25 de octubre.

Urkullu no dio más detalles de una posibilidad que ya planteó en idénticos términos en una entrevista televisiva a finales de enero. No obstante, lo cierto es que, según todas las fuentes consultadas en el entorno del lehendakari y en el tripartito, ni el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a ningún proyecto de ley para tratar de blindar jurídicamente la consulta ni mucho menos, por lo tanto, se ha remitido texto alguno a la Cámara vasca. La única iniciativa que ha pasado ya por el Parlamento vinculada con el 25-O parte de la plataforma por el diálogo y el acuerdo, Lokarri.

Según explicaron a este periódico fuentes de ese colectivo, registraron en noviembre en la Cámara más de 18.000 firmas en favor de la consulta amparándose en el derecho de petición, pero no con fines legales, sino con el objetivo de que el Legislativo inste al Ejecutivo vasco a convocar efectivamente el plebiscito. Por el momento, aún no han comparecido en sede parlamentaria.

Medios oficiales peneuvistas confirmaron más tarde que Urkullu se refería efectivamente a los movimientos de Lokarri con su críptica alusión al blindaje legal de la consulta, aunque la oposición no descarta que las fuerzas que apoyan a Ibarretxe puedan hacer una intentona para articular un paraguas legal que, advierten, sería inmediatamente recurrido ante el Constitucional. Fuentes del tripartito creen, por el contrario, muy poco probable que el lehendakari impulse contrarreloj una ley que supondría admitir que carece de legitimidad para convocar la consulta y que no cuenta además con garantías de ser aprobada.

Sea como sea, el líder jeltzale no quiso descartar ayer de plano que esa cita llegue a celebrarse ni tampoco confirmarlo y precisó que en los próximos meses «aún pueden pasar muchas cosas», aunque reconoció que su partido ni se ha planteado la redacción de la pregunta. Ante la sempiterna cuestión de si el PNV está dispuesto a aceptar los votos de EHAK -decisivos para que el Parlamento autorice a Ibarretxe a seguir adelante en el Pleno que en teoría se convocará el último viernes de junio-, no eludió esta vez pronunciarse y se limitó a recordar que socialistas y populares han coincidido en ocasiones con el grupo de la izquierda abertzale.

Dosis de autocrítica

En el tono autocrítico en el que se ha prodigado desde el batacazo del 9-M, Urkullu admitió que tal vez los peneuvistas no han sabido «gestionar bien» la explicación de la 'hoja de ruta' y confió en saber transmitir mejor la «falta de compromiso» de los socialistas, a quienes acusó de condicionar la normalización a la actividad de ETA. «Nos han llegado a decir a la cara que no es posible hablar de política con el PNV si no está Batasuna de por medio», subrayó, antes de preguntar a Zapatero qué «certidumbre» ofrecían, por ejemplo, sus conversaciones con la banda y con la izquierda radical durante el fallido proceso de paz y remontarse, una y otra vez, al incumplimiento estatutario como auténtico 'pecado original' del PSOE. Según dijo, las apelaciones del presidente a la Constitución no deberían ser obstáculo para llegar a un acuerdo sobre la base de la actualización de los derechos históricos prevista en la Carta Magna.

El líder del EBB, que dijo «dormir muy bien por las noches» pese a la encrucijada en que se halla su partido, reconoció que habrá «factores externos» que «no dependen» del PNV y que pueden influir en el calendario previsto, como el proceso judicial que deberá afrontar el lehendakari. No sólo se mostró convencido de que la fotografía del banquillo llegará, sino que vaticinó que hará daño a la «convivencia» en Euskadi y advirtió de que los peneuvistas «no se quedarán quietos» si Ibarretxe es juzgado por hablar con Batasuna. La posible ilegalización efectiva de las fuerzas de la izquierda abertzale -ahora en fase de suspensión de actividades- también pesará, dijo, en el desarrollo de los acontecimientos.

Urkullu recalcó que el PNV no ha puesto aún en marcha su maquinaria electoral, eludió pronunciarse sobre la posibilidad de que Ibarretxe repita o no como candidato y apostó abiertamente por agotar la legislatura completa. En el tripartito se baraja, no obstante, la posibilidad de que, si la 'hoja de ruta' sigue su curso y se topa con los tribunales, Ibarretxe decida disolver la Cámara a finales de agosto -las elecciones serían en octubre- o bien en Navidad, lo que fijaría la cita electoral para febrero, más ajustado a los deseos del EBB.

En todo caso, y aunque Ibarretxe siempre ha vinculado su futuro político al del tripartito, Urkullu supeditó la validez de la fórmula a los resultados electorales, aludió a la delicada situación interna de EB y criticó además duramente las «deslealtades» de los socios, sobre todo de EA. En contra de lo que el presidente vasco suele decir, Urkullu reivindicó «sólo» para su partido el famoso «cauce central» de la sociedad vasca.