Manifiesto. Abril de 2008
Llega el 14 de abril y con el una nueva convocatoria por la III República. Cada año en todo el Estado y con una participación cada vez más numerosa y más decidida, las calles se inundan con el clamor de muchos miles de personas que denunciamos la absoluta incapacidad del marco constitucional surgido de la Transición para dar respuesta a las necesidades de la inmensa mayoría. Reclamamos la participación soberana del pueblo en las decisiones políticas, el reconocimiento del ejercicio del Derecho de Autodeterminación y reivindicamos la III República.
Concluida una nueva convocatoria de elecciones generales en la que, una vez más, todo el aparato de propaganda se ha aunado para hacer creer a los pueblos que realmente pueden decidir algo con su voto en el marco de esta monarquía heredera del franquismo. Los graves problemas que agobian a la clase trabajadora no sólo permanecen intactos, sino que han sido clamorosamente silenciados durante la campaña. La gran orquesta mediática no permite voces disonantes. Sólo acepta a quienes interpretan, con diferentes voces, la misma partitura.
Durante demasiado tiempo se ha pontificado sobre el valor de la Constitución como marco de convivencia y acuerdo político. Ahora, cuando empiezan a percibirse los primeros síntomas de una gran crisis económica, de proporciones desconocidas para las generaciones actuales, es preciso arrancar las máscaras encubridoras y enfrentar la realidad.
Estos últimos años, en plena euforia económica, la banca y las grandes empresas anunciaban sin pudor incrementos en los beneficios del 35 y del 40%. Mientras tanto – sobre todo desde la entrada del euro – los salarios han ido perdiendo capacidad adquisitiva ante la subida de los precios, sobre todo los de la vivienda. Los sueldos de miseria, la extensión de la precariedad y los accidentes laborales afectan sobre todo a inmigrantes, jóvenes y mujeres.
¿Y qué dice la Constitución de todo ello? Que todos tenemos derecho reconocido al sistema público de Seguridad Social, a la vivienda, al trabajo, a la salud laboral, a la educación y a la sanidad públicas, a la cultura, al medio ambiente, a pensiones adecuadas, al deporte...etc. Pero con una trampa curiosa.
Los artículos que consagran los pilares del capitalismo: la propiedad privada, la herencia, la libre empresa y la defensa de la productividad, son derechos de hierro, garantizados por el Estado y exigibles ante los tribunales.
Los otros artículos, los que aluden a necesidades básicas para la supervivencia y el desarrollo de las personas, los llamados derechos colectivos, son meras declaraciones de intenciones, no tienen la menor eficacia práctica, como es bien evidente.
Todo ello constitucionaliza la mayor aberración que se manifiesta en momentos de crisis. Mientras los jugosos beneficios de las épocas de crecimiento, que han salido solo y exclusivamente del trabajo, van a parar a los bolsillos privados de los capitalistas y los salarios aumentan muy por debajo de la inflación real, cuando llegan las pérdidas, el cierre y la deslocalización de empresas se traducen en el drama humano del despido.
Medio millón de parados nuevos saldrán sólo del sector de la construcción, al que se unirán otros como comercio, servicios, el textil, el automóvil, etc. Con el agravante de que ahora los trabajadores y trabajadoras, sobre todo sin papeles y precarios, se encontrarán sin colchón social de protección, al haberse ido endureciendo las condiciones de acceso al desempleo, reduciéndose las indemnizaciones por despido, etc.
Si a ello añadimos el precio abusivo de los alquileres, el aumento descomunal de las cantidades que se pagan por los créditos hipotecarios y el imparable aumento de los precios de alimentos y productos de primera necesidad, podemos afirmar que nos encontramos en la antesala de una situación social muy grave, para la que el sistema no tiene otra respuesta que incrementar la explotación y la extracción de beneficios de las capas populares.
El reciente informe de los Inspectores de Hacienda denunciando que no se persigue el gran fraude fiscal por falta de medios, la larga carrera de regalos fiscales a las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas emprendida por las CC.AA y todos los Gobiernos del Estado, mientras los asalariados pagamos cada mes y por adelantado el IRPF y somos asfixiados por el IVA y demás impuestos indirectos, es otro escándalo ante el que callan o pasan de puntillas fuerzas políticas institucionales y las cúpulas de las grandes centrales sindicales.
En estos últimos meses la ciudadanía está saliendo indignada a la calle ante el gigantesco proceso de privatización de la sanidad que están llevando a cabo los gobiernos regionales de un “color” y otro. La entrada masiva de empresas privadas en la gestión de hospitales públicos, sobre todo las grandes constructoras que huyen de la crisis inmobiliaria, asegura el negocio de la única forma posible, la que utiliza la sanidad privada: disminución de la calidad, empleo precario y selección de pacientes, es decir, evitar personas mayores y enfermos crónicos. La Constitución no impide semejante atropello, como hemos visto, pero es que la Ley de Nuevas Formas de Gestión – 15/1997 - que permite la gestión privada de la sanidad pública, fue apoyada en el Parlamento por PP y PSOE.
Los duros improperios cruzados entre el Gobierno PSOE, el PP y la jerarquía episcopal, en torno al aborto o acerca de la defensa de la “familia”, ocultan que con los votos de unos y otros el aborto sigue en el Código Penal. Mujeres y profesionales siguen al albur de lo que decida el juez de turno, que cada vez es más reaccionario. Pero sobre todo, permanece intacto el Concordato con la Santa Sede que mantiene para la Iglesia católica los privilegios que le concedió la Dictadura y una jugosa financiación pública de los colegios concertados, que a su vez le garantiza una potente influencia ideológica
La farsa electoral ha ocultado todo esto bajo la pesada alfombra de la política antiterrorista. El aparato judicial, nunca depurado de la herencia de la Dictadura, muestra a la luz del día su connivencia con organizaciones fascistas en las que militan gentes como el asesino de nuestro compañero Carlos Palomino. Manifiesta todo su ensañamiento en la ilegalización de los partidos ANV y PCTV, en el encarcelamiento de cientos de militantes de organizaciones políticas y sociales vascas – auténticos presos políticos - en multar a independentistas por quemar la imagen del rey, en llevar a prisión a jóvenes y sindicalistas y en desatar auténticas cacerías contra trabajadores inmigrantes, mientras deja impunes los grandes delitos económicos, como se ha mostrado recientemente en el caso de “los Albertos”.
La imagen de los partidos mayoritarios pugnando por demostrar quién mete más ciudadanos y ciudadanas vascos en la cárcel, quién arrasa con más rotundidad derechos civiles y políticos, ha tenido su alter ego en los pequeños partidos institucionales que callaron n, miraron para otro lado y siguieron desarrollando la campaña, ignorando el estado de excepción impuesto al pueblo vasco y el endurecimiento de la represión en el conjunto del estado contra personas y organizaciones de la izquierda.
Efectivamente, “lo llaman democracia y no lo es”. Es imprescindible un marco político radicalmente nuevo que ineludiblemente debe garantizar, con todas las consecuencias, el ejercicio del Derecho de Autodeterminación.
El deterioro creciente de la imagen de la familia real, la percepción de su vagancia y de sus lujos insultantes a costa de todos nosotros, se ha agudizado mostrando su anacronismo, su incompatibilidad con la libertad de expresión y sobre todo su ilegitimidad de origen, como heredera de Franco. Todo anuncia que se prepara la sucesión del Borbón viejo por el Borbón joven, alimentando la ignorancia de la gente e intentando ocultar que tanto el padre como el hijo son lo que son por designación directa de Franco. Nuestros pueblos, y sobre todo los y las más jóvenes no están dispuestos a olvidarlo; ni quienes nos manifestaremos el 14 de abril a permitirlo.
Juntos y cada vez más, nos comprometemos a luchar porque acabe cuanto antes la ignominia que mantiene un sistema que garantiza privilegios a oligarcas, familias reales, iglesia, banqueros y capitalistas, mientras niega derechos políticos, económicos y sociales a las trabajadoras y trabajadores y a los pueblos del Estado español.
El pueblo del Madrid del 14 de abril, el del “No Pasarán”, el de la resistencia antifascista y nuestra propia dignidad nos lo están exigiendo.
¡CONTRA LA PRECARIEDAD, EL PARO Y LA CARESTÍA DE LA VIDA!
¡CONTRA LA SUBORDINACIÓN DE LAS MUJERES!
¡POR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN, NO MÁS REPRESIÓN!
¡POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES!
¡POR LA III REPÚBLICA!
Abril de 2008
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