LOS SERVICIOS PÚBLICOS AMENAZADOS
En los últimos 20 años estamos asistiendo en nuestro país a un ataque sistemático y muy bien organizado contra los Servicios Públicos (SS.PP.) ( Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Correos y Comunicaciones…), que son un derecho ciudadano conquistado tras largos años de lucha y un pilar primordial del Estado de Bienestar, como factor de igualdad, de cohesión social y de solidaridad.
Este ataque frontal contra los SS.PP. no es algo presente únicamente en nuestro país; la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.), creada en 1995 y a la que pertenecen prácticamente todos los países del mundo, se ha marcado como objetivo fundamental, apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, conseguir la entrada del capital privado, de las grandes corporaciones empresariales, en el jugoso “negocio” de los SS.PP., que mueven, solo entre la Sanidad y la Educación, más de 5 billones de euros al año, impulsando la total mercantilización y privatización de los mismos, mediante diferentes acuerdos de obligado cumplimiento para todos los países, como el Acuerdo General para el Comercio de los Servicios (A.G.C.S.), que persigue la eliminación paulatina e irreversible de todas las prerrogativas del Estado para mantener y potenciar los SS.PP., para que las grandes corporaciones empresariales no encuentren ningún impedimento ni restricción para su implantación en esos terrenos tan sensibles y, además, puedan obtener las subvenciones públicas necesarias para que el negocio sea absolutamente redondo.
En Europa esta tendencia destructora de lo público se ha abrazado con un gran entusiasmo por parte de la mayor parte de los países miembros, incluida España, y se ha creado la Directiva del Mercado Interno de los Servicios (Directiva Bolkestein, (por el comisario europeo bajo el cual fue presentada originariamente), que pretende organizar todo el desmontaje de los SS.PP. ofreciéndoselos en óptimas condiciones a las grandes empresas transnacionales de servicios, subvencionando generosamente su implantación y asegurándoles la disponibilidad de trabajadores baratos y sin ninguna protección social o sindical (los “falsos autónomos”). Por el momento y tras una gran ofensiva popular a nivel europeo, se ha logrado que la Sanidad salga de esta Directiva; pero como la presión de las grandes corporaciones es muy fuerte ante la Comisión Europea, se está preparando una nueva Directiva sobre la Sanidad, en la que nos tememos que se perseguirán los mismos objetivos privatizadores.
Como consecuencia de todo lo anterior, en España nos encontramos con el mismo panorama: para eliminar los Servicios Públicos las mejores armas son, primero, potenciar el descrédito de los mismos (“lo privado funciona, lo público, no”, “el mantenimiento de los SS.PP. por parte del Estado llevará a un colapso económico en breve”, etc.) y, segundo, ir disminuyendo paulatinamente su financiación para que no sean capaces de cumplir sus objetivos de calidad. Por ello, estamos viendo como en la Comunidad de Madrid casi la mitad del presupuesto de Educación se está desviando hacia lo privado (centros concertados, prebendas a colegios religiosos, etc.) en detrimento de la Enseñanza Pública: menos inversiones, menos personal, menos medios…. En la Sanidad ocurre lo mismo: potenciación de la sanidad privada (más conciertos con centros privados, 8 nuevos hospitales construidos, gestionados y propiedad de empresas privadas, teniendo que pagar la Comunidad de Madrid para que la población sea atendida en ellos –ante la falta de camas públicas-); esto detrae fondos de los presupuestos que deberían servir para mejorar las infraestructuras existentes y poder aumentar las necesarias camas hospitalarias públicas, personal sanitario, medios diagnósticos y de tratamiento…
Ante todos estos hechos no podemos permanecer inactivos, porque nos estamos jugando cosas de suma importancia: nuestra salud, la educación de nuestros hijos, la disponibilidad de servicios esenciales para nuestro bienestar, como el agua y el transporte. En manos de empresas privadas, que solo persiguen el beneficio económico, van a ir cada vez peor. Tenemos que organizarnos, unir nuestras fuerzas y movilizarnos para exigir nuestros derechos: que los SS.PP. salgan fuera de las leyes del comercio y del mercado, puesto que no son mercancías sino elementos totalmente necesarios para la igualdad, la cohesión social y la solidaridad, es decir, para el bienestar de los pueblos. Que sean financiados por los impuestos (fundamentalmente los directos), gestionados públicamente y controlados democráticamente de forma eficaz y transparente. Son de todos y para todos.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MADRID
