por Kalvellido
La salida del ex-miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos a principios de Agosto, al cabo de 21 años de encarcelamiento, fue antecedida y sucedida por una campaña político-mediática sin precedentes desde los tiempos más agudos de «tratamiento de choque» impuesto al problema nacional vasco por el ex-presidente Aznar y su partido, el derechista Partido Popular.
El actual presidente, el socialista José Luís Rodriguez Zapatero, no dudó en comentar para las televisiones la liberación de un preso que acababa de cumplir el tiempo límite de prisión a que los tribunales especiales españoles, denominados «antiterroristas», lo habían condenado. Y no se le ocurrió mejor manera que (en una declaración que llegó a la televisiones portuguesas) decir que, como ciudadano y como presidente, la salida de Inãki de Juana le causaba «desprecio», aunque el Gobierno tuviera que «cumplir la ley».
«No nos gusta que De Juana esté en la calle, nos repugna. Pero somos mejores porque acatamos escrupulosamente la ley y no toleraremos la más pequeña señal de menospreciao a la víctimas», dijo, por su lado, la número dos del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que añadió: «hacemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para que [los ex-presos vascos] estén cada vez más sólos y sean cada vez más rechazados».
De las medidas de seguridad… Iñaki de Juana Chaos fue capturado en 1987, acusado de integrar el Comando Madrid de ETA en la primera mitad de los años 80, y de la participación, entre otras acciones de la organización armada, en un atentado contra un vehículo militar en el que perdieron la vida 13 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado español.
Su recorrido por las prisiones estuvo marcado por el castigo y por la punición adicionales a la pena nominal de tres mil años de cadena. Como símbolo de la expedición punitiva que el Gobierno español emprendió, bajo la designación de imperio «de la ley», contra el independentismo vasco, Iñaki de Juana fue re-condenado a una nueva pena de prisión cuando llegaba al límite de su condena inicial. El motivo encontrado fue un conjunto de artículos que, desde la prisión, escribió para el periódico independentista vasco Gara. En los textos, el preso defendía que en ausencia de una solución política para el conflicto, sistemáticamente impedida por el Estado español, la vía armada continuaba vigente. La tesis fue considerada «apología y llamamiento al terrorismo» y su autor, por delito de opinión, vio extendida varios años más su pena.
En todo caso, las leyes que "permitían" la salida de los presos de la generación de Iñaki de Juana Chaos ya fueron alteradas. La actual «legislación anti-terrorista» prevé penas de 40 años de prisión efectiva e integral, es decir, sin derecho a la libertad condicional, o la salida a cabo de 4/5 de la pena. La ley fue propuesta en tiempos de Aznar, en 2002, y aprobada con los votos del Partido Socialista. En la práctica se trata de la aplicación de medidas de seguridad que bajo la etiqueta de «terrorismo» e independientemente de las prácticas del preso, impiden su liberación antes de las cuatro décadas.
Angel Acebes, el ministro del Interior del PP (el que vendría a atribuir a ETA los atentados islamitas en Madrid en 2003), explicó muy bien el propósito de esa pena: «Estamos prendiéndolos alrededor de los 23, 24 años. Así, calculamos que saliendo después de 40 años, tendrán 63, 64, es decir, ya no tendrán posibilidades de enrolarse de nuevo en ETA».
… una vida como penaAhora, toca a los socialistas hacer la segunda parte. Garantizar que, antes o tras haberse hecho sexagenarios, los militantes independentistas, armados o no, vean sus condenas prolongadas hasta al fin de sus vidas.
La campaña mediática contra Iñaki de Juana tenía como base el hecho de que el ex-militante de ETA va a vivir en un apartamento del barrio de Amara en su San Sebastian natal, comprado por su mujer. En el barrio «habitan familiares de víctimas de ETA y personas amenazadas» por la organización armada. Por lo que, según la campaña de odio desencadenada, las víctimas se verían ante el ultraje adicional de tener que «convivir con su verdugo», esos fueron los términos en los que la campaña incidía, en un país repleto de víctimas de uno y de otro lado.
Impulsada a partir del periódico derechista El Mundo, la campaña fue retomada por los comentaristas y creadores de opinión. Pasando por los editoriales, los políticos, los miembros del Gobierno y los jueces. Uno de ellos, el conocido Baltazar Garzón, diría que con la legislación vigente, es preciso aceptar la salida de la prisión del terrorista “aunque no nos guste”. La posible modificación de la ley “para evitar que se repitan situaciones similares”, será, según el juez, “una obligación y una misión del Parlamento español”.
Magistratura, partidos, parlamento, Ministerio Público, pseudo-asociaciones de víctimas industrializadas y financiadas gubernamentalmente, periódicos, comentadores, toda la maquinaria espectacular al unísono se encargaba de crear el plano de fondo para que la secretaria-general del PP, María Dolores de Cospedal, revelara las conversaciones en curso con el PSOE para aprobar modificaciones legislativas en el sentido de que los ex-presos independentistas vascos «no puedan vivir próximos a víctimas de ETA», así como para que se persigan sus patrimonios y los de sus familias. Ante la liberación de un “criminal, chantagista y asesino” como De Juana Chaos, “cambiar leyes” es obligatorio, concluyó.
Democracia y cinismo Se darán, así, investigaciones patrimoniales contra familiares de presos, así como se impondrá a los liberados un lugar de residencia. Degradación y ostracismo se añadirán al ya vasto arsenal punitivo de la España «democrática». En 2006, el entonces ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar enunciaba el problema en sus propios términos: Lo que se plantea, en el fondo, es una cuestión que tiene que ver con los principios del Estado de Derecho ¿deben la sociedad, en general, y las autoridades del Estado, en particular, conformarse con que el delincuente cumpla la condena que le ha sido impuesta, con todas las salvedades jurídicas que procedan, o hay casos en los que es necesario forzar la mano y recurrir a lo que sea para prolongar su castigo, aunque eso obligue a
«construir imputaciones»?
Democráticamente, la democracia española, a través de la campaña contra De Juana, dio una respuesta elocuente. En Portugal, la dictadura les llamaba medidas de seguridad. Ahora, las democracias, sin nunca decirlo, establecen formas de prisión casi-perpetua intra-muros y, las prolongan bajo formas de degradación extra-muros.
Como explicaba con inigualable cinismo el ministro español del Interior, Rubalcaba, «la mejor forma de pasar una larga temporada en la cárcel es ingresar en ETA». Lo confirma Joxe Mari Sagardui, que acaba de cumplir 28 años de prisión, batiendo en la democrática España , el triste record carcelario bajo el apartheid sudafricano, de otro ex-terrorista: Nelson Mandela.
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