SGAE : el negocio de cobrar por todo
Sara López, Madrid
Con una imagen pública deteriorada, entre acusaciones de irregularidades y críticas internas, la Sociedad General de Autores y Editores aumenta sus ingresos y se lanza a aventuras empresariales.
Miguel González se quedó atónito cuando un representante de la SGAE entró en su bar de Badajoz y le dijo que a partir de ese momento tendría que pagar a la entidad 13,52 euros al mes por tener un televisor. “No es lógico que nos quieran cobrar, porque yo estoy en el bar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y tengo derecho a informarme de lo que pasa”, señalaba González, quien añadía : “Se están pasando un poco, a este paso nos van a cobrar por todo”. Estas declaraciones del hostelero extremeño en 2006 parecen una premonición, corroborada por la explicación de ese caso por parte del delegado de la SGAE en Extremadura : “Si todavía hay negocios que no han sido visitados es porque no hemos tenido tiempo de ir a todos”.
De momento, siguen sin conseguir llegar a todos, pero cada vez son más los que sufren el afán recaudatorio de la SGAE : desde bodas y bares hasta compañías de autobuses y hoteles, pasando por festivales solidarios y radios comunitarias. Como es lógico, esta intensa labor da sus frutos : la entidad alcanzó en 2007 unos ingresos de 377,2 millones de euros, un 10,1% más que en 2006. Y eso que en 2007 el nuevo canon por copia privada a los soportes digitales aún no se aplicaba. Esta medida supondrá 40 millones más al año, según estimaciones de Teddy Bautista, presidente de su consejo de dirección. Se supone que este dinero va a sus afiliados. Sin embargo, según ha revelado Público, la SGAE acumula 179,7 millones procedentes de recaudaciones de ejercicios anteriores, porque parte de sus beneficiarios últimos están “en proceso de identificación”.
Si éstos no aparecen en cinco años, el dinero pasa a la caja de la entidad, según sus estatutos. La normativa interna también especifica que son los autores quienes deben reclamar la cantidad, pues la SGAE nunca reparte por voluntad propia.
La vida sonríe a la SGAE, pero ésta no se conforma con ser una sociedad de gestión y busca, al estilo de las empresas capitalistas, la expansión. En los últimos años, ésta ha venido de la mano de la compra de cines y teatros, tanto en el Estado español (por ejemplo, el Teatro Fleta de Zaragoza, del que es copropietaria junto al Gobierno de Aragón) como en el extranjero (cines Astro, en Buenos Aires, o el Teatro Lírico de México DF).
Socios disidentes
No obstante, no todo es idílico en la SGAE. La Agencia Tributaria tiene abiertos expedientes e inspecciones fiscales que abarcan sus últimos cuatro ejercicios, de 2004 a 2007, por haber detectado indicios de fraude fiscal. Las críticas a la gestión no sólo le vienen desde fuera. Los músicos Luis Cobo “Manglis”, José Antonio Prieto y Antoliano Toldos, todos ellos socios de la SGAE que tienen varias denuncias interpuestas contra la entidad, convocaron una rueda de prensa el pasado 7 de mayo con el fin de denunciar la situación en que se hallan los socios, así como las deficiencias del funcionamiento interno y gestión de la SGAE. Los músicos criticaron que el 90% de los socios no tienen ni voz ni voto en la gestión de la entidad y que sólo una tercera parte de los asociados perciben ingresos. Según ellos, la SGAE abre expedientes disciplinarios y sanciones económicas a los socios que mantienen discrepancias con la dirección.
Además, denunciaron la desaparición de más de 60 millones de euros procedentes de los fondos de pensiones del Montepío de Autores de la Fundación de la SGAE. Curiosa fue también su narración de las irregularidades en la ‘toma del poder’ de la actual dirección de la entidad en 1977. Fue en 1988 cuando ésta misma incluyó a los editores en la SGAE. Son éstos quienes manejan la sociedad gestora en detrimento de los autores, indicaron los socios disidentes.
Otro de los indicios preocupantes para la entidad son los reveses judiciales que ha recibido últimamente en cuanto a recaudación. Un caso conocido es el hotel burgalés al que la SGAE reclamaba 2.157 euros por no pagar los derechos de autor por la música que ofrecía a través de su hilo musical, y que fue absuelto porque pudo obtener dicha música mediante un sistema de licencias libres. Otro que también se libró fue el propietario de una sala de Tomelloso. El juez pidió a la SGAE que probara la posesión de los derechos de los grupos que sonaban en el bar, y la SGAE rehusó hacerlo. Más curioso fue el caso de la comisión de festejos de un barrio ourensano, a quien la entidad pedía 3.400 euros, pero la demanda no prosperó al carecer la comisión de personalidad jurídica. Se trata de pequeños casos que, si se extendieran, podrían hacer cumplir el viejo refrán : “La avaricia rompe el saco”
Esta polémica es gratuita. El canon está firmado y fijado. No tiene freno, no hay marcha atrás, se llegó a un consenso mayoritario, y eso tiene que ir a misa. Sólo queda que el Gobierno firme la orden ministerial donde se dice cuánto se debe pagar por cada aparato. Y se habrá acabado la polémica”. Así de categórico se mostró Eduardo Teddy Bautista, el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en el mes de diciembre en El País, ante la polémica enmienda aprobada por el Senado que insta a suprimir el canon digital en el plazo de un año.
Un día después el Gobierno hizo público el reglamento que le reclamaban desde la SGAE. Seis meses después, la polémica sobre el canon digital continúa con mayor crudeza si cabe, el consenso se ha perdido porque PP, ICV, o UPyD, incluso el Parlamento Vasco, cuestionan en sede parlamentaria el canon digital. También los sindicatos CC OO y CNTAIT, incluso a la hora de escribir este artículo la Audiencia provincial de Barcelona ha paralizado las vistas de al menos seis casos de tiendas de informática, denunciadas por las entidades de gestión de derechos de autor por no facturar el canon digital. Según la Audiencia, “al habérsele planteado dudas sobre la ‘equidad’ del mismo, suspende todos los procedimientos hasta tener la opinión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Además, el reglamento está denunciado por la Plataforma Todos contra el Canon en la Comisión Europea y en el Defensor del Pueblo, por considerar que es arbitrario, indiscriminado e injusto. Nada de lo que anunció el señor Bautista se ha cumplido.
Así las cosas me piden en DIAGONAL que dé alternativas al canon digital, más concretamente a que explique cómo compensar a los autores por sus legítimos derechos, cuestión ésta que reconocemos como necesaria. Pero no cómo está planteado el impuesto de parte, en estos momentos. Primero es necesario que el Gobierno dé marcha atrás con el reglamento y al menos espere a ver qué indicaciones de Europa. Después podemos hablar de las múltiples alternativas propuestas para que los autores tengan compensación y de las que sociedades de gestión y Ministerio de Cultura han hecho caso omiso. Una de las alternativas que gozan de mayor consenso es la de poner canon en los originales y no en los soportes, pero desde luego todas ellas pasan por aprovechar las ventajas que internet ofrece para que los autores sean compensados directamente por sus clientes.
Aquí topamos con la Iglesia, perdón, con las sociedades de gestión, que ven que con la utilización de internet su papel intermediario pierde todo su significado y por ende sus desmedidos afanes recaudatorios quedan en agua de borrajas.
Por eso no es extraño que muchos internautas razonen que el canon digital no es el salario de los autores, tal y como mantienen las sociedades de gestión, sino que es el salario de los que gestionan los derechos de los autores. Cosa muy distinta, y que sólo el ministro de Cultura y las sociedades de gestión no quieren aceptar.
Guía para disfrutar la cultura libre y defenderse del abuso
Qué tienen en común una poetisa que edita su primer libro, el propietario de una tienda de informática, una sala de conciertos, la Asociación de Madres y Padres que monta un número de magia en el colegio y la señora que pone la radio en su mercería ? Según la EXGAE, todos ellos son víctimas de “los abusos de la SGAE y otras entidades de gestión”.
El 17 de mayo se inauguró en Barcelona esta asesoría “casi gratuita” que nace para “defender a la ciudadanía” que produce, difunde y disfruta de un bien público como es la cultura frente a entidades privadas que pretenden cobrarles por ello. La EXGAE echa a andar respaldada por “8.000 personas y 24 entidades”, aunque, según explica Ana María, miembro de la Asociación de Pymes de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), sus miembros son “incontables. En Apemit somos 1.800 tiendas ; en Vache (Asociación de Hosteleros Víctimas del Canon) son 800, pero los sectores afectados son muy diversos. Todos hemos tenido conflictos con entidades gestoras de derechos, no sólo la SGAE”.
También forman parte de la EXGAE la Asociación de Artistas Escénicos, el Taller de Músics de Barcelona y la compañía de teatro e intervención Conservas, cuya sede alberga la asesoría jurídica de la EXGAE. Cada martes de 19 a 20h, profesionales de la abogacía atienden consultas sobre derechos de autoría, licencias, canon, copia privada, P2P, entidades de gestión, derechos de emisión... por sólo 10 euros. La web de la EXGAE (www.exgae.net) responde a las preguntas más habituales sobre derechos de autoría, licencias y canon y entidades de gestión. También hay herramientas de autodefensa para autores y autoras, salas y establecimientos, como formularios para darse de baja en la SGAE y un repertorio de grupos y producciones no sujetos a recaudación que invitan a actualizar.
Un mito clave es la confusión entre los derechos morales de la autoría y los económicos o de explotación. Según Ana María, “la propiedad intelectual es una cosa y la distribución, promoción, intercambio y flujo de la cultura permiten todas las licencias, de la más a la menos restrictiva”. “A los autores, incluso a los que están en la SGAE, ya que muchos no conocen ni sus propias condiciones” explica “hay que decirles que no protege su autoría. En el registro de la propiedad intelectual cuesta 11 euros registrar un disco y nadie te la va a arrebatar jamás”.
Ana María advierte que “ninguna entidad promociona grupos que no vaya a rentabilizar. La SGAE tiene 90.000 socios y sólo un 4% recibe dinero de lo recaudado en copia privada, los que alcanzan cierto número de ventas”. Éstos “se quedan el 6% de la copia privada y el resto va a la infraestructura de la entidad de gestión”. Ana María defiende la posibilidad de “promocionarse como queramos, distribuir y difundir : en una sala, la SGAE se queda el 10% de la taquilla. Si el grupo es libre te lo ahorras”. En cuanto a la hostelería, explica que las entidades de gestión quieren que “un bar les pague entre 70 y 200 euros mensuales. Si suscribes el contrato, la cifra cada vez es mayor, pinches música libre o no”.
Pagar hasta por el hilo musical
Esto ocurre en todo tipo de establecimientos : los comerciantes de la calle Verdi del barcelonés barrio de Gracia contactaron con la EXGAE “porque querían cobrarles seis euros por la música de fondo en bisuterías, zapaterías, tiendas de caramelos...”. Ana María anima a “ver al editor como un puro comercial que viene a ofrecerte un producto” y saber que “no estás irregular por no firmar”. Hasta en los espectáculos sin ánimo de lucro que difunden imágenes y música, “la SGAE se queda el 7% del dinero invertido : consideran que es su repertorio gestionado y protegido”.
Para evitarlo, “los grupos que actúen deben firmar una hoja diciendo que no son de la SGAE”. En cuanto a las tiendas de informática y electrónica, explica que “miles de comerciantes tienen demandas porque les piden canon por copia privada en CD, DVD y todo el material comercializado desde el año 2000”. Explica que “cuando las entidades ejercen su capacidad de recaudación y mandan a un auditor a cualquier comercio entran cual elefante en cacharrería, diciéndote que estás irregular”. Sin embargo, “buscan una cifra de deuda, una prueba económica para demandarte”. Así, “aunque te requieran los datos judicialmente es mejor porque te aseguras de que no te pidan más”.
Ana María recuerda que “el Consejo de Consumidores dijo que el canon es abusivo. Habló de falta de transparencia en las entidades de gestión y de que no todo el material audiovisual está registrado. Hay licencias libres”. También “mencionó la posibilidad de que las entidades de gestión fueran públicas. Todos sus privilegios desaparecerían”. A su juicio “quien quiera que otros gestionen sus derechos debe poder hacerlo. Pero no pueden imponer su visión”. Entre otras cosas, porque “con internet, el modelo de distribución ha cambiado radicalmente, de vertical a horizontal. Los poderes se mosquean porque esto no les genera beneficios”.
#1
30-05-2008 11:33
Malditos extorsionadores...
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#2.- Expulsado de la UJCE
Xisco|30-05-2008 13:52
Puta SGAE mercaderes de la informacion ! a Ramoncin solo le deseo la muerte a ese indeseable que se esta forrando con la musica verguenza le tendria que dar ojala me le encontrase algun dia.
Si se mercadea la musica como la información solo hara que se limite la adquisicion de ella en funcion del poder de adquisicion.
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