A estas alturas, y sobre todo después de las elecciones, nadie niega —ni tan solo el PSOE— que uno de los principales problemas que tendrá que afrontar el Gobierno durante la próxima legislatura será la creciente crisis económica. Zapatero evita en todo momento hablar de crisis o recesión, pero ya no puede negar la desaceleración de la economía. El propio Gobierno espera que ésta sea “limitada en el tiempo y en sus efectos”. Pero tanto la situación a nivel internacional como la del propio Estado español confirman que será todo lo contrario.
A nivel internacional, el mes pasado colapsó, como consecuencia de la crisis crediticia, el quinto banco en inversiones del mundo, Bear Stearns. Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de EEUU— el máximo órgano regulador de la economía —, ha afirmado que esta crisis es de las peores que ha afrontado el sistema desde la Segunda Guerra Mundial. Para intentar parar la crisis económica, la Reserva Federal ha rebajado de manera urgente la tasa de intereses que se cobra a los bancos que necesitan dinero, algo que no se hacía desde la recesión de los años 30.
En el Estado español las cifras económicas indican que la crisis hace tiempo que llama a la puerta con intenciones de entrar de lleno. La última predicción de la OCDE sitúa el crecimiento del PIB entorno al 2,5%, seis décimas por debajo de lo que había estimado el Gobierno. El aumento de los precios en el Estado español es cada día más elevado. En febrero, el IPC subió otra vez dos décimas, que lo sitúan en un 4’4%. Sólo el cartón de leche ha subido en un año un 27’7%.
Además, la economía del Estado español, como la norteamericana, depende en gran parte del mercado inmobiliario y de la construcción, y se ha basado durante todos este años en el aumento de los precios de las viviendas y en una gran dependencia del crédito exterior. La economía española ha estado —según datos de la Eurostat, la oficina de estadística de la UE — la que ha acusado más la caída de este sector, que ha bajado en un 8% con respecto al enero de 2007. La pérdida de puestos de trabajo en la construcción es una realidad creciente.
No ver la relación entre estas cifras con la crisis crediticia a nivel internacional y que más pronto que tarde acabará golpeando el Estado español es negar la realidad. El compromiso con el neoliberalismo del gobierno del PSOE durante los últimos cuatro años y su apuesta por el sector financiero y el sector de la construcción hace que las consecuencias de una fuerte recesión a nivel mundial tengan un gran impacto sobre la economía del Estado español. De hecho, según un estudio, el 90% de las empresas con sede en Estado español deberán afrontar este año problemas de liquidez.
El PSOE y los economistas neoliberales se apresuran a repetir una y otra vez que la crisis no afectará al Estado español porque la economía continúa creciendo, pero pensar que la crisis financiera no nos afectará al Estado español en un sistema global es como ver arder la casa de tu vecino y quedarte sentado pensando que el fuego pasará de largo.
Frente a esta situación, Zapatero ya está dejando ver sus cartas. Los resultados electorales han reforzado al PSOE en el gobierno, pero al mismo tiempo le permite buscar aliados como CiU y el PNV, que sin duda harán radicalizar sus políticas, sobre todo la económica, hacia la derecha. Zapatero ya ha dejado ver claramente que el ministro de economía, Pedro Solbes, tendrá un mayor poder de actuación. La patronal, al igual que Solbes, no quiere ni hablar de que la inflación se vea reflejada en un aumento de los salarios y ya se ha apresurado a preparar un “Plan de Acción” para entregar al nuevo gobierno, donde pone sobre papel sus exigencias. Todo esto supondrá medidas neoliberales mucho más profundas que hasta ahora. Los resultados serán la protección de los beneficios de los ricos y las consecuencias, unas condiciones de trabajo más precarias y una mayor política de contención salarial.
Nos encontramos en una situación creada por las propias clases dirigentes, que actúan buscando más y más beneficios y que sin duda acabaremos pagando entre todos y todas. A pesar de estas medidas, no podrán parar una crisis que va mucho más allá y que es intrínseca a la dinámica del propio sistema capitalista. Con la amenaza de un fuerte aumento del paro, Gobierno y patronal, presionarán para reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a través, por ejemplo, de la reducción de las pensiones y la firma de unos convenios colectivos a la baja. Una crisis de estas consecuencias y las medidas adoptadas por el PSOE inevitablemente harán crecer la tensión entre los trabajadores y la clase dirigente. Será entonces cuando será más necesaria que nunca una izquierda combativa y arraigada a las luchas de base para poder ofrecer una alternativa real, no sólo a las medidas neoliberales, sino al propio sistema.
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